La seguridad y el cohetero; hoy, guerra entre cárteles

Ala estrategia gubernamental de seguridad le está ocurriendo lo que al cohetero: si no truenan, le chiflan; y si truenan, igual le chiflan. Pero el asunto es más delicado y serio: la tensión entre el avance histórico del crimen organizado y la capacidad de respuesta del Estado estarían creando las condiciones para una guerra de violencia peor de la ocurrida durante el Gobierno de Calderón.

En uno de los últimos videos del Cártel Jalisco se deja muy claro la argumentación de que esa organización criminal no está combatiendo contra la Guardia Nacional, sino que se encuentra en una etapa de lucha contra cárteles locales por el control territorial de las plazas.

Una ofensiva general y totalizadora del Estado contra el crimen organizado metería al país en una guerra violenta en las calles como la que ocurrió en Colombia durante el periodo de los extraditables. La fuerza del Estado no está capacitada -ni debería estarlo- para operaciones de gradualismo, sino para recuperar la hegemonía del territorio nacional.

Cuando el Estado lanzó la furia del poder para descabezar al crimen organizado, el saldo en violación de derechos humanos y daños colaterales en la ciudadanía fue cuestionado con severidad; y ahora que el Estado ha tomado la decisión de no confrontar a los cárteles en las calles para no provocar una guerra sin reglas, el cuestionamiento sigue siendo el mismo.

El punto de partida no es el mejor: las estructuras de violencia del crimen organizado cuentan con la complicidad de partes sustanciales de la sociedad, han sido producto de errores del Estado en contrabando de armas y sigue sin atenderse el tema central de la vinculación entre los organismos delictivos y las estructuras públicas de Gobierno.

La estrategia de construcción de la paz necesita alrededor de diez años para tener efectos y exige que las estructuras sociales rompan sus complicidades con los delincuentes.

ZONA ZERO

Los dos principales cárteles del narcotráfico mexicano están entrando en una zona de turbulencia interna que tendrá repercusión en mayor inestabilidad social. Los directivos de estas organizaciones son delincuentes que no han sabido administrar su poder político y económico y su visibilidad ha comenzado una fase de disputa por el poder criminal hacia el interior de cada grupo y en confrontación con sus adversarios.