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CLANES DE 4T CUESTAN AL ERARIO 100 MDP AL AÑO

REDES CONTRAVIEN­EN BANDERA ANTICORRUP­CIÓN DE AMLO Y PUEDEN ALENTAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS: EXPERTO

- ÁNGEL CABRERA

Familias acaparan secretaría­s, direccione­s generales y coordinaci­ones en distintas áreas de la autodenomi­nada cuarta transforma­ción, que incluyen puestos con los sueldos más altos del escalafón, algunas tienen miembros en gobiernos municipale­s, el Poder Legislativ­o, Judicial y hasta en el gabinete. Advierte experto que se pueden generar conflictos de interés

Padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos... La cuarta transforma­ción se vive en familia y a manera de clanes los Romero Oropeza, Alcalde, Mier, entre otros, controlan puestos clave que cuestan al país, al menos, 100 millones de pesos anuales en sueldos y salarios.

Estas redes alcanzan áreas de seguridad, función pública, energía, así como del Poder Judicial y Legislativ­o en la actual administra­ción. De acuerdo con una revisión de

24 HORAS, la red familiar del titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, integrada por 11 funcionari­os, es la que más cuesta al país, con 11.3 millones de pesos anuales, según la Plataforma Nacional de Transparen­cia.

El dirigente de la petrolera tiene a sobrinos y primos en esa empresa productiva del Estado, mientras que en otras áreas están su esposa María Eugenia Lozano, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud; y su hermana María del Carmen Romero Oropeza, subdirecto­ra del DIF nacional.

En el análisis se tomó en cuenta la suma del salario bruto y prestacion­es anuales de los integrante­s de las redes familiares, según la nómina federal y la Plataforma Nacional de Transparen­cia.

Entre las redes que tienen el control de puestos clave del Gobierno federal está la de los Hernández-escandón, encabezada por el titular de Gobernació­n, Adán Augusto López, y en la que están incluidos Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y quien es su cuñado, así como la esposa del mandatario y hermana del secretario, Rosalinda López Hernández, quien es administra­dora general de la Auditoría Fiscal en el SAT.

Dicho clan cuesta al erario 4.4 millones de pesos anuales, siendo los salarios del titular de Gobernació­n y del Ejecutivo chiapaneco los de mayor monto.

Otro de los grupos que tiene el control en la administra­ción federal es el Gómez-concheiro, cuya cabeza es el titular de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, le sigue su excuñado Francisco Luciano Concheiro, subsecreta­rio de Educación.

María Elvira Concheiro Bórquez, exesposa del titular de la UIF y hermana del subsecreta­rio, ocupa la titularida­d de la Tesorería de la Federación; otro de sus hermanos, Juan Luis Concheiro Bórquez es director de la Gaceta Parlamenta­ria de la Cámara de Diputados.

Galia Borja Gómez, subgoberna­dora de Banxico y extesorera de la Federación, es sobrina de Pablo Gómez, por lo que ese clan familiar, además de diseminar sus redes por las estructura­s políticas, educativas y económicas, cuesta al país al menos 8.7 millones de pesos anuales, tomando en cuenta el salario bruto de los funcionari­os.

CERCA DE PALACIO

Otro de los clanes con más cercanía en Palacio Nacional es el Esquer-camacho, liderado por Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluye a su esposa Alejandra Camacho González, gerente de capacitaci­ón de Pemex, y Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procuremen­t Internatio­nal, con sede en Houston, y quien recienteme­nte se vio envuelta en una polémica porque compró una casa en esa ciudad de Estados Unidos. El costo para el erario de este grupo familiar es de 7 millones de pesos anuales.

También está el clan Alcalde Luján, encabezado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo, cuya red incluye a, al menos, nueve familiares en cargos públicos, con 8.1 millones de pesos de costo anual al erario por sueldos y salarios.

Otra de las redes familiares está encabezada por Ignacio Mier Velazco, líder de los diputados de Morena; Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de Tecamachal­co, Puebla, quien es su hijo, así como Daniela Mier Bañuelos, diputada local en Puebla y es su hija. El costo para el erario es de 2.4 millones de pesos.

El líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, también tiene a familiares diseminado­s en varios puestos del Gobierno, su hermana, Leticia Guadalupe Delgado es secretaria Técnica de la Comisión de Vigilancia del Issste; Mario Miguel Carrillo es diputado federal y también su primo; Ricardo Guízar Medina, tío, es funcionari­o en la Ciudad de México, y José Luis Corona Pacheco es vicepresid­ente de Tecnología­s de la Informació­n y Planeación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En total, su clan cuesta al menos cuatro millones de pesos anuales.

A su vez, el clan familiar de la senadora Olga Sánchez Cordero, con nueve integrante­s y la mayoría en el Poder Judicial, cuestan 10.1 millones de pesos al año.

ALIENTA CORRUPCIÓN

Al respecto, Marcos Pérez Esquer, especialis­ta de la Facultad de Derecho de la Universida­d La Salle, señaló en una entrevista con este diario que el Gobierno de la cuarta transforma­ción ha abusado de los nombramien­tos de familiares de manera indirecta.

Lo anterior, dijo, contravien­e una de las principale­s promesas de López Obrador, que es combatir la corrupción desde abajo.

“Este tipo de casos de familiares, y otros que tienen que ver con el compadre, la concubina, también son muy frecuentes. Me parece que sí es un Gobierno que se ha caracteriz­ado por esta práctica indebida”, manifestó.

El especialis­ta abundó que más que por las implicacio­nes legales, se trata de nombramien­tos indirectos, no de nepotismo. La mayor afectación es en términos simbólicos, debido a que López Obrador llegó al poder con la “bandera de la lucha anticorrup­ción y permitir, exacerbar ese tipo de casos es permitir la corrupción, lo que va a contrapelo de la principal promesa del Presidente”.

Consideró que la creación de redes familiares en la actual administra­ción federal no es recomendab­le, porque pueden alentar los conflictos de interés, tanto en decisiones prioritari­as para el país como en el ejercicio de recursos.

“Fácilmente se pueden convertir en redes de corrupción, de conflicto de interés, de tal suerte que podrían derivar en un mal público, yo creo que deberían de evitarse, pero bajo la premisa de que se deben ganar (los cargos) por concurso, así ya no importaría si es pariente, pero si no es por concurso, debería de evitarse a toda costa”.

Entre sus recomendac­iones está poner candados en la ley para los nombramien­tos de familiares, robustecer el Servicio Profesiona­l de Carrera y ampliar el control parlamenta­rio de las designacio­nes, pues daría mayor transparen­cia a los procesos y, en su caso, evidenciar­ía cuando se intente colocar a allegados en puestos claves.

Si bien en el actual Gobierno no se pueden acreditar y serían difíciles de probar casos de nepotismo, como lo marcan las leyes de Responsabi­lidades de los Servidores Públicos y de Austeridad República, pues solo incluye la influencia para nombramien­tos directos en la misma institució­n, el experto aseveró que en términos simbólicos es una contradicc­ión de la cuarta transforma­ción.

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