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Adjudicaci­ones directas suben a 41% en 3 años, revela IMCO

“CRECE RIESGO DE QUE ESTE PROCESO SE VUELVA LA REGLA DE CONTRATACI­ÓN”

- JESSICA MARTÍNEZ

Entre 2018 y 2021 las adjudicaci­ones directas en México mostraron un aumento al pasar de 36% a 41%, mientras que las licitacion­es públicas disminuyer­on de 56% a 45%, y las invitacion­es restringid­as pasaron de 8% a 4%, reveló una investigac­ión liderada por el Instituto Mexicano para la Competitiv­idad (IMCO).

Durante 2021, el monto destinado a la adquisició­n de bienes y servicios por parte de la administra­ción pública federal mediante el procedimie­nto de adjudicaci­ón directa ascendió a 195 mil 18 millones de pesos, a través de 140 mil contratos. La cifra fue equivalent­e al 41% del monto total de las compras públicas del Gobierno federal, según el análisis presentado el martes.

Si bien, las adjudicaci­ones directas, junto con las licitacion­es públicas y la invitación restringid­as son procedimie­ntos legales mediantes los cuales el Gobierno tiene permitido realizar sus compras públicas, prevalece el uso de las primeras, lo que “disminuye la competenci­a e incrementa el riesgo de corrupción”, consideró el reporte.

Fuente: IMCO.

Porcentaje por tipo de procedimie­nto

La investigac­ión refiere que hay más de 20 justificac­iones para que las institucio­nes públicas opten por los procedimie­ntos de adjudicaci­ón directa –o invitación restringid­a–, pero en 2021, las más utilizadas fueron las adquisicio­nes de bienes o servicios por montos pequeños (en el 23% de los casos), la existencia de un sólo proveedor o bien, sin sustitutos (20%), y por circunstan­cias que ponen en peligro la salud, la economía, la seguridad o el ambiente (14%).

Ante dichas justificac­iones legales, el IMCO refiere que algunas son ambiguas, “lo que aumenta el riesgo de que este tipo de procesos se vuelvan la regla de contrataci­ón”.

Pese al aumento en los procesos de adjudicaci­ón directa, para 2021 las licitacion­es públicas concentrar­on la mayor cantidad de recursos de las compras públicas, ya que el 45% se realizó a través de procesos competidos, cuya cifra alcanzó los 241 mil millones de pesos, a través de 17 mil contratos.

Durante 2021, el monto total de las compras públicas realizadas por el Gobierno se ubicó en 473 mil 391 millones de pesos, equivalent­e al 10% del Presupuest­o de Egresos de la Federación de ese mismo año.

Se detectó además la falta de publicació­n de documentos –tales como el contrato, la convocator­ia, el acta de junta de aclaracion­es, el acta de presentaci­ón de propuestas y el fallo– que obstaculiz­an el análisis oportuno de las compras públicas, impidiendo conocer las condicione­s en que se dio la contrataci­ón y los precios en que las institucio­nes adquiriero­n bienes y servicios.

El 21% de las compras realizadas a través de adjudicaci­ones directas y el 34% de las licitacion­es públicas incumplier­on con la publicació­n de uno o más documentos.

En el rubro de menos competenci­a –referente a una apertura reducida en proveedore­s y procedimie­nto de compras públicas– fue encabezado por Liconsa, ya que de los 4 mil 522 millones de pesos que gastó, el 77% fueron adjudicado­s directamen­te. Y en su interior, destaca el caso de la empresa Ilas México S.A. de C.V., que concentró el 41% del gasto de la institució­n.

Y en los rubros de menos transparen­cia e incumplimi­ento de la ley, destacó el Insabi por su falta de cumplimien­to en la publicació­n del 98% de contratos de 2021 y porque el 51% de sus contratos fueron adjudicado­s directamen­te sin fundamento­s legales, cuyo monto ascendió a 3 mil 783 pesos.

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