● A los inversionistas no les preocupa la elección tanto como lo que venga después de ella.
El resultado de los comicios del 1 de julio ya no es un factor de preocupación para inversionistas, aunque el camino no está del todo despejado. Por Enrique Quintana
En contra de lo que se pensó por mucho tiempo, un eventual triunfo de Andrés
Manual López Obrador en las elecciones presidenciales del 1 de julio probablemente no produzca una depreciación del peso frente al dólar.
Es más, lo más viable es que detone, de darse el caso, un fortalecimiento de nuestra moneda frente a esa divisa. ¿Cómo es posible que esto suceda? Las razones por las que en algún tiempo se pensó que el primer efecto de un eventual triunfo de AMLO en las elecciones del 1 de julio sería una depreciación del peso eran básicamente dos.
La primera es porque se anticipaba una competencia cerrada y, por lo tanto, habría un elemento de sorpresa si ganaba.
De hecho, una parte sustancial del sistema electoral mexicano está diseñado para resolver los problemas que trae consigo una elección cerrada entre dos candidatos.
Por ejemplo, el conteo rápido que empleará el Instituto Nacional Electoral (INE) el 1 de julio permitirá tener un estimado muy preciso del resultado de la contienda a las 11 de la noche del domingo de la elección.
Si todo sale bien y se levantan los datos de las casillas requeridas, el margen de error podría ser del orden de 0.16 por ciento.
Esto quiere decir que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de al menos 0.32 por ciento el conteo podría definir una tendencia clara en el resultado.
¿Qué sentido tiene este ejercicio en una elección en la cual las encuestas electorales marcan en promedio una diferencia cercana a los 20 puntos entre el primero y segundo lugar? Ninguno.
Pero se presumía que en México tendríamos elecciones como las de 2006, que habrían resultados muy estrechos.
Si las encuestas no fallan, un eventual triunfo de AMLO en las elecciones podría darse con el margen más amplio para unos comicios en México desde 1982.
Por esa razón es que, ante la falta de una sorpresa, el efecto sobre las variables financieras será menor.
La afectación sobre el tipo de cambio de un eventual triunfo de AMLO ya habrá sucedido y no se dará con la elección.
La segunda razón por la que se pensaba se daría una depreciación tras el 1 de julio es que habría preocupación por la política macroeconómica. Sin embargo, los analistas que han escuchado a los asesores de AMLO no piensan que vaya a darse de golpe un giro importante.
No creen que en 2019 se vaya a presupuestar un déficit público fuera de trayectoria ni que vaya a haber un gasto descontrolado. El primer año de cada gobierno en México en singular. El Paquete Económico que debe aprobar el Poder Legislativo, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debe ser elaborado por el gobierno saliente, en apoyo del Presidente Electo y su equipo, incluyendo sus recomendaciones.
El Paquete para el año fiscal de 2019 deberá presentarse el 15 de noviembre de este año, es decir, 15 días antes de que concluya el gobierno actual.
Y la aprobación deberá darse el 20 de diciembre.
Es decir, en cierta medida, el Paquete Económico del primer año es un presupuesto de transición, lo que limita los márgenes de maniobra de la nueva administración.
Ese factor también ha incidido en la percepción de que un eventual gobierno de López Obrador tendrá espacios limitados en el primer año de gobierno.
En la medida que se conocen y comprenden estas restricciones, la probabilidad de que los mercados financieros se agiten como producto de un posible cambio se ve más limitada. ¿Qué puede alterar este escenario?
Lo que ocurra con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), luego de las elecciones presidenciales.
Hoy, todo indica que no existe una coyuntura que permita obtener un acuerdo, ya sea la modernización integral del TLCAN o un esquema de ‘Skinny Nafta', con solo algunas enmiendas, y que no pase por el Congreso para su aprobación.
Aunque el actual gobierno tiene un mandato que concluye hasta el 30 de noviembre de este año, a partir del 1 de julio es costumbre en el sistema político mexicano que muchas decisiones ya traten de tomarse en consenso con el presidente electo y su equipo.
Tan es así, que la ley establece que se asigne una partida presupuestaria para financiar a un grupo de personas definidas por el presidente entrante, que formarán su equipo de transición en esos meses.
A partir de julio, el clima político en México cambiará y una parte de las decisiones deberán tomarse en conjunto con quien gane la elección del 1 de julio.
Hubo un caso traumático en la historia reciente de México en la que el equipo del nuevo gobierno entró en corto circuito con el del gobierno saliente. Ocurrió en 1994 y trajo consigo el “error de diciembre”.
El equipo del entonces presidente electo, Ernesto Zedillo, era partidario de devaluar el peso antes de que terminara la administración de Carlos Salinas, ante la salida de capitales que ya se presentaba.
En ese momento no teníamos un sistema de libre flotación ni se conocía públicamente el monto de las reservas internacionales de manera regular.
Los testimonios de quienes fueron protagonistas de esos hechos señalan que el diferendo de las dos administraciones condujo a que la decisión de devaluar la moneda en diciembre de ese año se tomara tarde y mal, y se desencadenara una crisis financiera de proporciones mayúsculas que fue conocida internacionalmente como el “efecto Tequila”.
La sociedad mexicana parece haber aprendido y desde esa ocasión siempre ha existido una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno que llegará, a pasar de que, en dos ocasiones, desde ese momento, se han producido alternancias, es decir, en dos ocasiones los gobiernos que llegaban eran de partidos diferentes a los gobiernos que salían.
Las expresiones que he escuchado por parte de los integrantes del gobierno actual y del equipo de AMLO (como puntero en las encuestas y como el candidato más disruptivo) refieren que hay disposición para conversar y respetar los compromisos de mantener el superávit primario de las finanzas públicas.
Quizás el factor más complejo en el proceso de transición pueda derivar de lo que el gobierno de Trump decida respecto al TLCAN en los próximos meses.
Si la negociación se deja suspendida, pero no se rompe, y si se mantiene en vigencia el tratado actual, no pareciera haber ningún obstáculo para que representantes del equipo de transición trabajen con el grupo negociador.
Pero si resulta que Trump decide invocar el artículo 2205 del tratado y anuncia su separación en seis meses, el proceso de transición podría ser traumático por el efecto de incertidumbre e inestabilidad financiera que propiciaría la terminación del TLCAN.
En ese caso, el tipo de cambio bien podría dispararse por razones completamente diferentes a las del resultado electoral y su evolución dependería de la forma en que se acomodaran las cosas en la segunda parte del año.
Esa circunstancia quizás requiera que la transición entre las dos administraciones tomara otro cariz y que hubiera acuerdos que hoy ni siquiera están en la agenda, porque podríamos tener condiciones mucho más difíciles de las que imaginamos ahora.
Veremos. <BW>