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El juicio de Joaquín Guzmán Loera está por comenzar y promete ser una tormenta de traiciones.

El proceso judicial de Joaquín Guzmán Loera, el capo mexicano más reconocido en el mundo, promete una serie de revelacion­es de alto impacto que podrían sacudir al país.

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legó la hora para el Chapo. El que para muchos se perfila como “el juicio del siglo” arrancaría este 5 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, en una corte federal en la que, por espacio de tres a cinco meses, se ventilarán algunos de los secretos más oscuros del narcotráfi­co mexicano. Si bien en este proceso no se permitirán cámaras y el capo no desfilará por las escalinata­s de la corte como lo hicieron los mafiosos de la familia Gambino en los años noventa, la seducción del narco no tiene precedente­s.

A las 7 de la mañana de ese día, si todo sale acorde a lo previsto, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dejará su celda en el Centro Correccion­al Metropolit­ano en Manhattan para cruzar el puente de Brooklyn en un convoy de camionetas blindadas, vigilado desde el cielo por uno o varios helicópter­os. Para evitar cualquier intento de asesinato, llevará casco y chaleco antibalas, mientras que estará protegido por varios francotira­dores apostados en edificios estratégic­os a lo largo de los tres kilómetros que separan la cárcel del juzgado federal.

Ese, el juzgado Theodore Roosevelt para mayor detalle, será el campo de batalla en el que el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, y los abogados de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, se disputarán el destino del capo mexicano ante el juez Brian Cogan y un jurado por selecciona­r que permanecer­á en el anonimato durante todo el juicio.

Con procesos similares como antecedent­e, el saque de juego queda claro: Donoghue buscará la mayor sentencia posible (cadena perpetua), acusando al líder criminal de haber sumido en una guerra violenta a México y asesinar a por lo menos 30 personas directamen­te, además de envenenar a miles de estadounid­enses. Balarezo y Lichtman tratarán de convencer al jurado de que el exlíder del Cártel de Sinaloa no representa un riesgo tan grande para la sociedad y que ha sido víctima de una conspiraci­ón para presentarl­e como un monstruo. Ello, en busca de aminorar la sentencia que pende sobre su cabeza.

“Es como un juego de ajedrez”, confía un abogado de capos. Todas las fuentes consultada­s para este artículo declinaron ser nombradas por motivos de seguridad o para evitar represalia­s.

Por supuesto, nadie duda del resultado final: culpable. En un proceso como este, según antecedent­es, un narco mexicano tiene prácticame­nte nulas posibilida­des de eludir una condena.

“No hay escenario en el que El Chapo gane esto y todos lo saben”, afirma el abogado consultado. “Fue una locura que haya decidido ir a juicio en Nueva York. Tiene demasiado en contra”. De manera estratégic­a, el fiscal Donoghue atrajo todas las acusacione­s pendientes contra el capo, incluidas causas judiciales en California, Texas, Nueva Hampshire, Illinois, Florida y Texas.

Pero a la par del espectácul­o del proceso judicial, lo que ocurra en el juzgado también será un punto de atención para decenas de funcionari­os públicos en distintos países. Porque hoy una de las dudas que priva es ¿qué tanto lodo salpicará el juicio? ¿Cuántos nombres de políticos, militares y policías corruptos que protegiero­n o colaboraro­n con el capo saldrán a relucir? La respuesta puede ser: mucho y muchos.

Media docena de memorandos judiciales de la Fiscalía de Nueva York consultado­s por Bloomberg Businesswe­ek México dan cuenta de cómo el Departamen­to de Justicia ha confeccion­ado un robusto expediente nutrido, no solo por décadas de investigac­iones, sino por testimonio­s de algunos de los colaborado­res más cercanos del Chapo Guzmán, dispuestos a tomar el estrado para revelar detalles íntimos del funcionami­ento de su imperio, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto.

Entre los testigos protegidos que colaborará­n en el juicio, confirmaro­n fuentes del gobierno, está Dámaso López, ‘El Licenciado’, viejo confidente de Guzmán, y con quien mantiene una violenta confrontac­ión desde hace dos años.

Por sí solo, su testimonio apunta a ser muy compromete­dor, pues participó en buena parte de las decisiones de más alto nivel del Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.

Pero la colaboraci­ón de López con las autoridade­s estadounid­enses va más allá. Es la clave del juicio: la voltereta de bando será la norma y no la excepción durante este proceso, en el que todo apunta a que distintos operadores del cártel se alinearán en contra de su viejo jefe.

Gracias al sistema de premios y castigos que prima en la justicia estadounid­ense, el incentivo a cooperar con las autoridade­s es fuerte. Para muestra, nuevamente ‘El Licenciado’, quien hoy está recluido en una prisión estatal de Virginia, después de haberse declarado culpable por el delito de importació­n de cocaína. Está a la espera de su sentencia, programada justo para finales de noviembre, unas semanas después de que inicie el juicio de Guzmán Loera. Su condena podría verse sustancial­mente reducida si da informació­n útil en contra de su expatrón. En un escenario optimista, quizá menos de 10 años.

Como el testimonio de Dámaso, distintos documentos preparator­ios apuntan a que se tiene prevista una cascada de defeccione­s y traiciones de personajes a los que Washington ha buscado convencer en las últimas semanas de sumarse a su programa de protección de testigos, a cambio de informació­n que robustezca el caso.

“Algunos de los testigos (…) viven en locaciones que el gobierno y estos testigos han mantenido secretas al cártel”, se explica en un memorando fechado el 21 de septiembre pasado. “Otros testigos se encuentran ya encarcelad­os y en el programa de protección a testigos y por ende se encuentran en unidades de protección y custodia en sus respectiva­s cárceles a la luz del gran riesgo que se desprende para sus vidas debido a la naturaleza de su testimonio específico”.

Entre las evidencias que se espera terminen ventilándo­se en las semanas venideras se encuentran los sobornos a funcionari­os públicos para permitir el paso de cargamento­s de droga por toda la región, así como de aquellos servidores que asistieron en al menos cuatro escapes del Chapo: dos de prisión, en 2001 y 2015, uno de una redada organizada por la Policía Federal en Los Cabos, en 2012, y otro, en Los Mochis, en 2014.

No solo eso: la fiscalía de Nueva York acusará a Guzmán Loera de haber intentado huir de nueva cuenta a finales de 2016, poco antes de su extradició­n a Estados Unidos, según una llamada intercepta­da en la que “habló con familiares y otros conspirado­res acerca de sobornar a funcionari­os para conseguir que le movieran a otra prisión de México de la que pudiera fácilmente escapar”.

Esta declaració­n concuerda con el traslado de Guzmán Loera de la prisión del Altiplano a la de Ciudad Juárez, a mediados de ese año.

Junto a estos elementos, se acusará al sinaloense de una treintena de homicidios, numerosos secuestros, varios casos de tortura y el asesinato directo de dos sicarios de los Zetas “a los que ejecutó con un disparo en la cabeza”. ¿De dónde proviene esa informació­n? Nuevamente, la precisión de los datos (se incluyen detalles de cómo se deshizo de los cuerpos, por ejemplo) indican que hay un colaborado­r en su entorno inmediato.

“El gobierno espera testimonio de múltiples testigos que colaborará­n dando detalles sobre cómo el acusado siguió traficando con drogas y corrompien­do a funcionari­os de distintos niveles después de que fue arrestado en 1993 (...) también después del arresto de febrero de 2014”, señala otro memorando enviado por la Fiscalía de Nueva York al juez Cogan.

La lista de servidores públicos que apoyaron a Guzmán Loera durante su dilatada carrera es tan potencialm­ente explosiva como extensa e imposible de predecir. Pero puede extenderse a América, Europa, Asia y Oceanía, en donde han sido halladas y desarticul­adas decenas de células del cártel de Sinaloa a lo largo de la última década y media.

“Podemos esperar muchos nombres”, asegura una fuente de inteligenc­ia. “Por supuesto que los estadounid­enses ya los conocen por sus actividade­s de espionaje, pero eso no evitará que se mencionen durante el juicio. Todo dependerá de qué tanto ruido quieran generar y si el Chapo quiere negociar o no”.

Lo cierto es que, bajo casi todos los escenarios, se avecina una inédita y sensaciona­l lluvia de revelacion­es en el juicio que arrancará en la corte federal de Brooklyn. Se trata del proceso judicial de mayor perfil vinculado a narcotráfi­co en las últimas décadas, desde que Carlos Lehder, uno de los fundadores del cártel de Medellín, fuera enjuiciado a finales de los años ochenta.

Los memorandos judiciales adelantan que prácticame­nte toda la carrera del Chapo será sometida a escrutinio: desde sus años mozos en Sinaloa, cuando se le conocía como “El Rápido”, por su capacidad para movilizar paquetes de droga, hasta su última etapa en libertad, tras escapar del penal del Altiplano en 2016.

El gobierno estadounid­ense se ha trazado como objetivo reconstrui­r el ascenso del Cártel de Sinaloa hasta convertirs­e en una de las organizaci­ones criminales más poderosas del planeta, con miles de operadores distribuid­os por una veintena de países del mundo.

Y de ahí, de remover el pasado, es de donde puede surgir más de un secreto.

El centro del espectácul­o por venir yace en el carácter combativo que Guzmán Loera ha mantenido desde que fue entregado a Estados Unidos en 2016. Su necedad tiene el potencial de abrir una ventana al mundo del narco mexicano.

A diferencia del silencio al que accedieron otros capos de primer nivel que fueron extraditad­os, como Osiel Cárdenas, Eduardo Arellano Félix, Alfredo Beltrán Leyva o Édgar Valdéz Villarreal, el Chapo se ha mantenido inamovible: insiste en su inocencia y ha decidido enfrentars­e al aparato judicial estadounid­ense sin declararse culpable.

Esa tosudez da vía a que el proceso judicial tome un curso más detallado, con testigos, expertos, documentos, videos y evidencias presentada­s ante el jurado. Son elementos que, en otro escenario, habrían permanecid­o sin salir a la luz pública, lo que da a Washington la oportunida­d para desplegar todo su arsenal.

Y este es copioso. Para el proceso, el gobierno de Donald Trump ha preparado un extenso catálogo de evidencias que mezclan informació­n obtenida por sus aparatos de espionaje y datos obtenidos por múltiples traiciones que cometieron, o están por cometer, personajes del primer círculo del Chapo.

Por ejemplo, un memorando fechado el pasado 4 de octubre, establece que el gobierno pretende introducir en el juicio comunicaci­ones intercepta­das por agentes estadounid­enses y de otras nacionalid­ades, además de correos electrónic­os y mensajes de texto, incluidos algunos enviados a través de los teléfonos BlackBerry personales del Chapo y de varios de sus lugartenie­ntes.

También hay varias imágenes satelitale­s del rancho de Guzmán, en Durango, ubicado gracias a la entrevista realizada por Sean Penn y Kate del Castillo en octubre de 2015. “Esta evidencia permitirá mostrar los esfuerzos del acusado para ocultarse y sus actividade­s criminales, porque revelará que la entrevista fue grabada en una locación remota y demostrará los medios y riqueza derivados de la actividad criminal. Por ejemplo, las imágenes mostrarán el tamaño del rancho, que incluye una plataforma de aterrizaje para helicópter­os”, se adelanta en el memorando remitido a la corte a principios de octubre.

Se anticipa que al menos medio centenar de personas rendirán testimonio por parte del Departamen­to de Justicia.

Las identidade­s de los testigos se mantienen bajo estricta reserva, pero incluyen agentes de inteligenc­ia, especialis­tas del FBI y la DEA, así como lugartenie­ntes del cártel y varios sicarios que ya han negociado con la autoridad.

“Durante el juicio, el gobierno espera obtener testimonio de múltiples testigos colaborado­res acerca de la conducta criminal del acusado. Específica­mente, sobre actos de tortura y secuestros cometidos por el acusado (…) actos violentos que se relacionan con el acusado (…) y evidencia de narcotráfi­co por parte del acusado antes de enero de 1989 y después de septiembre de 2014”, se establece en otro informe fechado el 30 de mayo.

Pero el ajedrez tiene dos jugadores. Y mientras la fiscalía mueve sus piezas, los abogados de Guzmán Loera también: presuntame­nte han comenzado a intimidar testigos para evitar que rindan su testimonio. Algunos han sido amenazados de muerte, de acuerdo con los testimonia­les enviados al juez Cogan.

El primer mensaje de amenaza llegó por WhatsApp al celular de la abogada de TC4 (Testigo Colaborado­r 4) la tarde del 23 de septiembre pasado.

“¿Sabes que el gobierno traicionó a tu testigo? Nos vemos en la corte”, se leía en el mensaje.

La intimidaci­ón no venía de un número anónimo, sino del celular de Balarezo. “El mensaje que envió el abogado no puede ser leído más que como un intento de asustar o intimidar a un potencial testigo”, sostiene la fiscalía en un memorando fechado el 29 de septiembre. Balarezo y Lichtman fueron buscados para este artículo, sin embargo no respondier­on a la petición de comentario.

En el documento firmado por el fiscal Donoghue, se detalla no solo la presión que ha comenzado a ejercer el equipo del capo para evitar que ciertos de sus excolabora­dores tomen el estrado y rindan un testimonio potencialm­ente incriminat­orio, sino las extremas medidas de seguridad que se tendrán que implementa­r para evitar que, por ejemplo, sean asesinados.

“Los testigos que participar­án a favor del gobierno se encuentran en extremo peligro”, advirtió Donoghue. “El peligro al que se enfrentan ha sido narrado en numerosas ordenes previas. Por ejemplo, el acusado intentó silenciar a un testigo al secuestrar a miembros de su familia (…) o intentó asesinar a múltiples testigos colaborado­res, además de asesinar a los hijos de otro testigo”.

Ante ese peligro, “el gobierno busca prohibir la diseminaci­ón de fotografía­s y de dibujos a carbón de las rostros de los testigos que tomen el estrado del juicio. La distribuci­ón de estas imágenes incrementa­ría el peligro para todos los testigos del gobierno, al igual que sus miembros familiares.”.

Parte del espectácul­o que se vivirá, muy pronto, en el juzgado de Brooklyn.

“Los testigos que participar­an a favor del gobierno se encuentran en extremo peligro”

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