OPINIÓN
● El gobierno federal ha cometido una serie de errores en su lucha contra la pandemia de Covid-19, que podrían salirle muy caros en materia de salud y en la economía.
Una combinación de errores del gobierno mexicano, que viene desde antes de que el país fuera golpeado por la pandemia de coronavirus, podría dar lugar a que la economía nacional fuera una de las más vapuleadas por esta crisis.
De acuerdo con algunos pronósticos, como los de BBVA, en el peor de los escenarios, el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país podría caer más de 12 por ciento en 2020.
Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que la caída en América Latina sería de 5.2 por ciento y el descenso de la economía norteamericana de 5.9 por ciento. En caso de cumplirse la expectativa pesimista referida, el descenso en México sería más del doble que en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
Lo que explica la fuerza de la caída económica en el país es una colección de errores en materia de política sanitaria y económica. Hay que recordar que antes de esta crisis, en el cuarto trimestre de 2019, el PIB retrocedió en -0.4 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas. En el primer trimestre de 2020, antes de que se hicieran efectivos los peores impactos de la pandemia, ya hubo un retroceso de -2.4 por ciento.
En ese contexto, las medidas sanitarias adoptadas fueron parciales y tardías, lo que puede dar lugar a un impacto mayor en la actividad económica el resto del año.
Adicionalmente, el gobierno mexicano ha sido reacio a establecer políticas económicas activas para impedir que el efecto del confinamiento tenga un impacto mayor en la actividad productiva.
Y, finalmente, contribuye a los malos resultados el hecho de que el gobierno mexicano haya rechazado de entrada las propuestas del sector privado y haya profundizado decisiones que erosionan la confianza.
Esto puede crear un ambiente negativo para la inversión por un periodo prolongado.
Veamos estos temas con mayor detalle.
① La estrategia sanitaria.
Durante varias semanas, cuando ya era visible que teníamos la amenaza de la pandemia, ante el crecimiento de los contagios en Estados Unidos y otros países del continente, el gobierno insistió en que no era aún el momento de imponer restricciones para conseguir el distanciamiento físico ni tampoco estableció un esquema de restricciones para viajeros.
Todavía el 21 de marzo, en una gira por Oaxaca y un par de días antes de que comenzara el confinamiento, el presidente López Obrador exhortó a la gente a no dejar de acudir a las fondas y restaurantes con sus familias. “Eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada”, afirmó.
Esto ocurría, además, 24 días después de haberse registrado el primer contagio confirmado en México.
De acuerdo con diversos expertos, para entonces ya existía en el país un contagio local intenso que no se detectaba debido a la reticencia del gobierno mexicano a la realización de pruebas para detectar el Covid-19.
Por otro lado, aunque en el discurso se señaló insistentemente que el gobierno tenía a un sector salud ya preparado para hacerle frente a la alta demanda de servicios que se iba a producir con la pandemia, poco a poco se hizo evidente la carencia de insumos básicos como, por ejemplo, los de protección para el personal médico o de equipos indispensables para atender a la población infectada, como los respiradores.
Una crisis sanitaria más profunda, como la que tiene lugar, va a generar inevitablemente una crisis económica más intensa.
② La ausencia de una política fiscal para hacer frente al freno económico.
El gobierno de López Obrador ha rechazado sistemáticamente la adopción de políticas fiscales expansivas que han sido recomendadas de manera generalizada, como una de las vías para amortiguar la caída de la actividad productiva.
Cuando grupos empresariales le plantearon al presidente que, ante la inminencia de una caída en la recaudación tributaria, era necesario expandir el déficit con objeto de financiar gasto público indispensable y diseñar un programa de estímulos a la actividad económica y de apoyos a los sectores más desprotegidos, de inmediato se encontraron con el rechazo.
La respuesta presidencial fue que, simplemente con una mejoría de la administración tributaria sería suficiente para impedir la caída de los ingresos públicos y que una reestructuración del gasto, así como el manejo austero y honesto de los recursos, permitiría contar con fondos para apoyar a los sectores vulnerables y mantener en marcha los proyectos estratégicos de su administración.
El presidente insistió en que ya no habría esquemas de rescate como en el pasado, que implicaban grandes cantidades de recursos públicos que beneficiaban a muy escasos sectores de la población.
Los cálculos hechos por el (FMI) indican que el programa de apoyo fiscal aplicado en México a través de transferencias directas a la población de menos recursos, o bien mediante créditos a microempresas, apenas llegará al 1.5 por ciento del PIB. En América Latina, este monto relativo solo estaría por arriba del ofrecido en Bahamas. En contraste, otras naciones como Perú, comprometieron niveles de más del
12 por ciento del PIB para este esfuerzo.
El análisis hecho por diversos expertos indica que, ante esta ausencia de estímulos fiscales, es probable que tengamos una caída de dos dígitos en la economía en 2020.
Aunque el Banco de
México (Banxico) lanzó un importante programa de estímulos monetarios, existe el consenso de que no será suficiente por sí solo para impedir el golpe económico, pues requeriría en paralelo de una política fiscal expansiva.
③ La desconfianza del sector empresarial.
Por si todo esto no fuera poco, a lo largo de los últimos meses se han tomado decisiones de política pública que han acentuado la desconfianza del sector empresarial con el gobierno mexicano. Una muestra de ello es que, de acuerdo con la encuesta entre especialistas del sector privado realizada por el Banxico, en abril, ninguno de los expertos consultados consideró que estuviéramos en una coyuntura favorable para la realización de inversiones.
Además, el índice de confianza empresarial que calcula el Inegi reportó para ese mismo mes una caída de 15 puntos respecto al mismo nivel del año previo.
La razón de lo anterior es que, por citar uno de los ejemplos más visibles, en plena emergencia sanitaria el gobierno federal avaló la realización de una supuesta consulta popular para determinar si se permitía la continuación en la construcción de una planta cervecera del grupo Constellations Brands en Mexicali, Baja California.
El resultado, como se esperaba, fue negativo y de manera inmediata el gobierno revocó la autorización para el uso del agua, lo que condujo a la cancelación del proyecto. Aunque el grupo norteamericano accedió a negociar una relocalización de la planta, para el conjunto del empresariado esto significó una señal adicional de desconfianza.
Posteriormente, el centro de despacho eléctrico (CENACE) dependiente de la secretaría de Energía, que determina el orden en que se despacha la energía eléctrica que se emplea en el país, estableció una criterio para excluir a la energía generada por fuentes limpias como la solar y la eólica. El argumento es que en la fase actual de la pandemia no se podía asegurar la estabilidad de la provisión de estas fuentes, que son esencialmente privadas. Ese cambio de criterio permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) poner en marcha las plantas más antiguas e ineficientes que utilizan combustóleo, un subproducto de la refinación que ya no tenía mercado para Pemex.
Esto implica un cambio en las reglas a la mitad del camino y que afecta inversiones por más de 6 mil millones de dólares, lo que genera enorme desconfianza.
Si las señales negativas continúan, la caída de la inversión privada no será temporal, sino que podría haber una retracción de largo plazo, conduciendo a un estancamiento prolongado o incluso un retroceso largo de la economía mexicana.
En medio de este panorama tan complicado, quizás el único elemento positivo que se vislumbra en el horizonte es la entrada en vigor del nuevo tratado comercial de Norteamérica, el 1 de julio.
Este nuevo instrumento jurídico da certidumbre de mediano plazo al país, lo cual, combinado con el creciente choque entre Estados Unidos y China, podría conducir a que inversiones que actualmente están en aquel país asiático buscaran una relocalización en México para convertirse en parte de la cadena de valor en la región.
Las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo no parecen coyunturales sino que llegaron para quedarse por un tiempo largo, ante el creciente peso específico de la economía china en el mundo entero.
Pese a la oportunidad que ese cambio de paradigma internacional le ofrece a México, frente a la colección de errores de gestión sanitaria y económica, este potencial, que podría significar un nuevo empuje para la economía nacional, quizás no logre concretarse finalmente y se convierta en una nueva oportunidad perdida.