Biden apuesta por el Internet público, pero no a todos les gusta la idea
● La industria privada siempre se ha opuesto a la banda ancha municipal, pero la idea ha ganado fuerza este año gracias a Washington.
“Podríamos sentarnos y esperar a que el sector privado lo haga, pero sin saber realmente cuándo lo haría”
Después de años de depender de Comcast Corp. y otros proveedores, la ciudad de Pleasant Grove, en Utah, ha recurrido a una nueva opción de banda ancha: una empresa de propiedad municipal llamada Utopia Fiber. La decisión se tomó tras un año de pandemia que reveló la enorme necesidad que tienen los hogares de conexiones a Internet rápidas y confiables para trabajar, estudiar y recibir atención médica.
Para llegar a los hogares que carecen de un buen servicio, o que no tienen ninguno, el presidente Joe Biden propuso financiar redes como Utopia Fiber, que son administradas por ciudades y organizaciones no lucrativas. Un plan que no sienta bien a Comcast, AT&T, Verizon Communications y otros operadores dominantes, a los que no les gusta la perspectiva de enfrentarse a competidores subsidiados con recursos públicos.
Pleasant Grove demuestra por qué los proveedores establecidos pueden ser vulnerables. Con 38 mil residentes, la ciudad está ubicada entre la cordillera Wasatch y la gran cuenca Great Salt Lake Basin, al sur de Salt Lake City. Cuando el ayuntamiento encuestó a los residentes sobre su banda ancha, casi dos tercios de los encuestados dijeron que no recomendarían su servicio de cable.
“Podríamos sentarnos y esperar a que el sector privado lo haga, pero sin saber realmente cuándo lo haría”, dice el administrador de la ciudad, Scott Darrington. Los residentes se han quejado de la lentitud de la banda ancha, y la red de fibra óptica de Utopia promete velocidades rápidas que no se hagan más lentas a medida que más hogares se conecten, apunta Darrington. También llegará a áreas no atendidas por los proveedores actuales.
Utopia, propiedad de 11 ciudades de Utah, construye la red y cobra a los consumidores 30 dólares al mes. Para completar el paquete, eligen entre una docena de otras compañías que ofrecen servicios de Internet y video y cobran alrededor de 35 dólares mensuales. El precio final es muy parecido a los 70 dólares que cobra Comcast. Por su parte, Comcast “ha invertido para mantener conectadas a comunidades como Pleasant Grove City, de manera confiable y con las velocidades de banda ancha más rápidas disponibles”, afirma la portavoz Sena Fitzmaurice. Ella asegura que la compañía ofrece un servicio rápido en toda la ciudad.
Con todo, cuando en abril el cabildo aprobó unánimemente la construcción de la red de Utopia por 18 millones de dólares, el estado de ánimo era una mezcla de emoción y venganza. “Seré el primer cliente que se registre y se despida de Comcast”,
dijo un miembro del cabildo momentos antes de que el organismo votara.
“Seré el segundo”, agregó otro.
Lo sucedido en Pleasant Grove encaja con la retórica de la Casa Blanca. Biden dice que quiere reducir los precios y asegurarse de que todos los hogares en el país tengan banda ancha, incluido el 35% de la población rural que, según la administración, no tiene acceso a un servicio rápido. Para conectarlos a ellos y a otros que padecen un servicio lento en zonas más urbanas, el presidente quiere dar prioridad al financiamiento de redes de gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro y cooperativas.
Los proveedores establecidos están rechazando la propuesta. Durante mucho tiempo han criticado la banda ancha municipal como un desperdicio de dinero de los contribuyentes, al tiempo que respaldan las restricciones que aplican los estados a este tipo de servicios. Casi 20 estados de la Unión Americana tienen leyes que restringen la banda ancha comunitaria, según un recuento del grupo de investigación BroadbandNow. Los proveedores privados sostienen que la administración y sus aliados demócratas exigen velocidades vertiginosas que tienen poco uso práctico para los consumidores, que ya disfrutan de descargas rápidas para videos y otros usos comunes de la web.
Según la NCTA-The Internet & Television Association, que representa a los principales proveedores de cable y banda ancha del país, las afirmaciones de que los estadounidenses pagan demasiado se basan en comparaciones erróneas. Las redes de propiedad gubernamental “pueden ser parte de la solución en ciertas comunidades, pero ha habido más fracasos que éxitos”, señala Brian Dietz, una vocera de la NCTA.
Los defensores de las redes municipales sostienen que eso es falso. “Estos modelos son la mejor opción para terminar el trabajo de conectar a Estados Unidos”, señala Christopher Mitchell, director del programa Community Broadband Networks en el Institute for Local Self-Reliance. Los gobiernos locales ofrecen alrededor de 600 redes que sirven a cerca de tres millones de personas, añade.
Hay “definitivamente un aumento en el interés” de las ciudades para hacer sus propias inversiones en banda ancha, dice Angelina Panettieri, directora legislativa de la National League of Cities o Liga Nacional de Ciudades.
Las reglas emitidas el pasado 10 de mayo por el Departamento del Tesoro parecen canalizar a las áreas rurales el dinero destinado a la banda ancha en el paquete de ayuda por la pandemia de 350 mil millones de dólares que recibirán los gobiernos subnacionales. Eso es “un poco desalentador” porque pone en peligro el financiamiento federal para nuevas redes en ciudades y suburbios, advierte Kim McKinley, directora de marketing de Utopia. El gobierno de Biden quiere ayudar a las áreas que están sufriendo la mayor carencia
ahora, independientemente de la ubicación, replica un funcionario del Tesoro que no estaba autorizado para hablar públicamente de la administración de esos recursos.
Los republicanos quieren prohibir el gasto en redes municipales y han criticado el plan de banda ancha de Biden por ser demasiado caro. En respuesta, la administración redujo su plan de 100 mil millones a 65 mil millones de dólares.
Mientras tanto, algunas ciudades que habían estado discutiendo proyectos de banda ancha, de repente, recularon, dice McKinley. En su opinión, las reglas del Tesoro reflejan que la administración federal está evitando desafiar a las grandes compañías de banda ancha: “¿Pero cuándo la competencia fue algo malo?”