Laura Murphy y su impulso por auditar la equidad racial.
○ La defensora de los derechos civiles es pionera en esta nueva herramienta para el cambio, ¿estarán listas las compañías?
Cuando Laura Murphy dirigía la oficina de Washington de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles o American Civil Liberties Union (ACLU), mantenía relaciones con personas de todos los bandos en los temas más polarizantes. “En todas esas diferentes oficinas Laura era recibida como una amiga, una colega y una socia, ya fuera por Maxine Waters, Rand Paul o Mitch McConnell”, dice Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU. “Ese es su poder secreto”. Murphy pasó la mayor parte de su carrera navegando por la política y las políticas, pero ahora ha llevado su talento al mundo empresarial, moderando conflictos entre empresas y grupos activistas que critican su impacto en la justicia social y racial. Ha destacado como pionera de la auditoría de derechos civiles corporativos, una nueva herramienta para hacer que las empresas enfrenten su responsabilidad en la perpetuación de las disparidades raciales.
La idea detrás de las auditorías es simple: una empresa le pide a un experto que investigue el impacto de sus productos, prácticas de contratación o políticas en poblaciones vulnerables, luego publica los resultados. “Este es un momento para un compromiso serio con los problemas más importantes”, dice Murphy en una entrevista en su oficina en el National Council of Negro Women. “Una vez que acuerdas abordar las preocupaciones de las partes interesadas y los auditores las prioricen para ti, no hay mucho margen de maniobra. Tienes que hacerlo”.
El cliente de más alto perfil de Murphy hasta la fecha, Facebook Inc., está probando esa tesis. Ella pasó dos años auditando a Facebook, y tanto la compañía como sus críticos más duros elogiaron su trabajo. Pero en junio, casi un año después de su informe, el grupo de derechos civiles Color of Change lanzó una petición digital señalando que Facebook “aún se niega a adoptar la gran mayoría de recomendaciones destinadas a frenar el racismo y el abuso en la plataforma” y reclama que las cumpla.
Si bien algunos pueden concluir que las auditorías raciales no tienen sentido por cuanto no son vinculantes, los activistas buscan expandirlas. Durante los últimos tres meses, tanto Google como Amazon han enfrentado presiones para realizar auditorías de equidad racial. En ese mismo tenor, la organización sindical Service Employees International Union y el grupo de inversión SOC Investment Group, que trabaja con fondos de pensiones patrocinados por sindicatos en reformas favorables a los trabajadores, han respaldado propuestas de accionistas para auditar a al menos ocho instituciones financieras. Murphy, entretanto, está trabajando en un libro blanco para la Fundación Ford sobre cómo realizar auditorías de derechos civiles, que espera publicar a finales de este año.
Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. (a quien SOC ha solicitado analizar el impacto del banco en las comunidades de color), dijo durante una audiencia legislativa en mayo que las auditorías equivalían a “burocracia y tonterías”. Otros bancos manifestaron que las auditorías eran innecesarias, dado que ya donan dinero a organizaciones enfocadas en comunidades vulnerables y hacen públicas sus políticas antidiscriminación, refiere Tejal Patel, directora de gobernanza corporativa de SOC.
Una clave del trabajo de Murphy es la credibilidad que proviene de toda una vida de trabajo por los derechos civiles. Originaria de Baltimore, nació en una familia de activistas. Su padre, William, era un juez que fundó un bufete de abogados que trabajaba en casos de equidad racial de alto perfil, y su madre, Madeline, era una destacada activista de la ciudad y candidata política. Murphy siguió esa tradición familiar, comenzó su carrera trabajando para los exrepresentantes demócratas Parren Mitchell y Shirley Chisholm, la primera mujer negra elegida al Congreso, antes de integrarse a la ACLU.
El trabajo de Murphy en auditorías corporativas comenzó en 2016. Vanita Gupta, una amiga que ahora es fiscal general adjunta, le comentó que la plataforma de alquiler Airbnb Inc. estaba buscando un consultor sobre cuestiones de equidad racial luego de que un estudio elaborado por Harvard revelara que los anfitriones estaban menos dispuestos a aceptar huéspedes con nombres que sonaran negros. Ella accedió a trabajar con la empresa.
Los activistas querían que Airbnb dejara de mostrar fotos de las personas que solicitaban alojamiento, eliminando una oportunidad de discriminación. En su informe, Murphy expuso esa postura sin respaldarla del todo, pues reconocía la utilidad de las fotos como elemento de seguridad y para crear lazos entre anfitriones y huéspedes. Airbnb se negó a eliminar las fotos de los huéspedes al principio, pero finalmente lo hizo. “No creo que los grupos de derechos civiles obtuvieran todo lo que pedían inicialmente, pero creo que consiguieron mucho con el tiempo”, dice Murphy.
Dos años más tarde, Facebook contrató a Murphy para que se centrara en cuestiones relacionadas con la moderación de su contenido. Desde el principio, hubo signos de resistencia. En un primer momento, Murphy trabajó con la oficina de Facebook en Washington en lugar de hacerlo con los directivos de mayor nivel, un mensaje que dejaba saber a otras oficinas que no tenían que priorizar su trabajo. Facebook tampoco se comprometió de inmediato a hacer públicos los resultados, lo que frustraba todo el propósito de la auditoría.
“No creo que los grupos de derechos civiles obtuvieran todo lo que pedían inicialmente, pero creo que consiguieron mucho con el tiempo”
La compañía finalmente puso a cargo a su directora de operaciones, Sheryl Sandberg, lo que mejoró el acceso de Murphy. También prometió dar a conocer públicamente los resultados de la auditoría, una decisión que Facebook no anunció hasta que se supo que había contratado a una empresa de relaciones públicas que instaba a los periodistas a analizar las conexiones entre Color of Change y el multimillonario George Soros.
Durante el proceso de auditoría, Murphy moderó el conflicto entre Facebook y sus críticos. A finales de 2019, a medida que crecía la preocupación por la desinformación relacionada con el censo del año siguiente, el CEO de la red social Mark Zuckerberg pronunció un discurso donde remarcó la importancia de la libertad de expresión, un énfasis que conllevaba un rechazo implícito a priorizar la lucha contra la desinformación. Antes del discurso se supo que Zuckerberg había conversado con prominentes conservadores sobre el tema en privado, lo que enfureció
a los grupos de derechos civiles que no tuvieron oportunidad de sentarse en esa mesa.
Murphy convenció a los ejecutivos de Facebook para que se sentaran con dichos grupos. El 4 de noviembre de 2019, Zuckerberg recibió a algunos líderes en la oficina principal de Facebook y luego cenó con un grupo más amplio en su casa en Palo Alto. De antemano, Murphy asesoró a cada lado sobre cómo aprovechar al máximo el encuentro: por un lado, advirtió a la gente de Zuckerberg que tomaran en serio a los líderes de derechos civiles, recordándoles que representaban a millones de usuarios de Facebook; y por el otro, sugirió a los invitados a la cena identificar objetivos específicos en lugar de convertir la velada en un rosario de quejas poco estratégico.
En las oficinas de Facebook, los activistas presionaron a la red social por la circulación de publicaciones que sugerían que el censo compartiría los datos de los encuestados con las autoridades de inmigración. Según dos personas con conocimiento del asunto, Zuckerberg replicó planteando el escenario hipotético de una inmigrante que expresaba sus temores de exponer su estatus de ciudadanía al participar en el censo, ¿debería ser silenciada esa persona? Los defensores calificaron el argumento como una maniobra de distracción. El mes siguiente, Facebook atendió sus preocupaciones al prohibir las publicaciones que afirmaban que la participación en el censo podría tener consecuencias para quienes no tenían un estatus legal en el país.
Los defensores de los derechos elogiaron a la compañía, y a Murphy, por el cambio. Pero los críticos tuvieron menos éxito en cambiar la postura de no intervención de Facebook en cuanto al contenido engañoso publicado por funcionarios públicos. A lo largo de 2020, el presidente Donald Trump usó las redes sociales para cuestionar la legitimidad de la votación por correo, sentando las bases para rechazar los resultados electorales. Los críticos argumentaron que el inquilino de la Casa Blanca estaba violando la política de Facebook contra las tergiversaciones sobre los “métodos para votar o el registro de votantes”. Facebook no estuvo de acuerdo.
Murphy publicó su auditoría el 8 de julio de 2020, reprobando a la compañía por permitir el comportamiento de Trump. En enero de 2021 Facebook suspendió la cuenta de Trump en la plataforma después de los disturbios en el Capitolio. También contrató a Roy Austin, antiguo funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, para formar un equipo que supervisara su política de derechos civiles. Ahora tiene ocho miembros.
El trabajo de Murphy marcó una gran diferencia, afirma Sandberg. “Había muchas cosas que Laura realmente creía que podíamos hacer y hacer deprisa”, dice. “Hubo algunas cosas que pudimos hacer más lentamente. Hubo algunas cosas que no funcionaron, pero aceptábamos su opinión honesta”.
Algunos grupos de derechos civiles sostienen que el castigo a Trump es insuficiente, argumentando que la red social debería vetarlo permanentemente y la acusan de adoptar un enfoque peligrosamente limitado respecto al contenido racista y nacionalista blanco. Si bien es cierto que una auditoría no puede forzar sus recomendaciones, puede hacer que el cambio sea más factible con el tiempo, opina Jessica González, codirectora ejecutiva de la organización activista enfocada en los medios Free Press. “El valor de la auditoría es recordar cuáles eran los desafíos en ese momento”, dice. “Eso es útil a la hora de plantearnos ¿cuáles son los tipos de cosas sobre las que queremos presionar a Facebook?, ¿cuáles son los tipos de cosas que queremos remediar a través de la legislación?”