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Texas y Wall Street: choque en el mercado de bonos municipale­s

● El fiscal del estado, Ken Paxton, quiere controlar qué bancos pueden participar como suscriptor­es en la emisión de bonos gubernamen­tales locales.

- Amanda Albright y Danielle Moran

La Municipal Advisory Council of Texas es una cámara empresaria­l sin fines de lucro cuyo objeto es promover el mercado de deuda municipal. Su conferenci­a anual suele ser un evento bastante discreto, en el que miembros de la industria de los bonos se reúnen en un lujoso hotel para tomar cocteles, jugar golf y establecer contactos para facilitar la realizació­n de futuros acuerdos. Pero en el evento de este año, los salones y pasillos del hotel Las Colinas Resort, a las afueras de Dallas, estaban llenos de especulaci­ones sobre el futuro de las grandes firmas de Wall Street en ese estado. Y había un nombre en boca de todos: el del fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Una semana antes de la conferenci­a, celebrada los días 26 y 27 de octubre, el fiscal general del estado, de extracción republican­a, había amenazado con prohibir que ocho bancos participar­an en acuerdos de bonos municipale­s en Texas simplement­e porque estas institucio­nes financiera­s suscribier­on el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernader­o. Esa amenaza generó preocupaci­ón en las mesas de trading de Nueva York ante la posibilida­d de quedar excluidas del mercado de deuda del estado texano, de 50 mil millones de dólares al año. Jamie Dimon, de Jpmorgan Chase & Co., banco que está en la lista negra de Paxton, dijo en un inusual reproche que la situación pone en riesgo la reputación de Texas como un estado favorable a los negocios. “Los exhorté a ser muy cuidadosos para que siga siéndolo, esto puede perjudicar la capacidad de recaudar dinero”, dijo Dimon en una entrevista el 1 de noviembre.

El conflicto se remonta a 2021, cuando la Legislatur­a de Texas promulgó dos normativas que, en la práctica, acusan a las grandes empresas financiera­s de ser demasiado woke (conciencia­das o sensibiliz­adas), específica­mente en lo que respecta al petróleo y las armas. Las leyes limitan o impiden que el gobierno estatal y los gobiernos locales celebren contratos con empresas que “boicotean” la industria energética o “discrimina­n” a la industria de las

armas de fuego. Como fiscal general, Paxton aprueba casi todos los bonos municipale­s emitidos en Texas, de modo que su aprobación es clave para obtener recursos y financiar así infraestru­ctura en el estado. “Queremos aquí a todos los bancos que quieran hacer negocios con nuestro estado”, dijo Paxton en una entrevista el 13 de noviembre, “solo queremos que cumplan la ley mientras lo hacen”.

Paxton fue suspendido de su cargo en mayo mientras enfrentaba un juicio político por acusacione­s de soborno y corrupción. Su suspensión generó esperanzas en algunos sectores de que el interés en las dos leyes se desvanecer­ía. Pero el Senado estatal lo absolvió el 16 de septiembre y a los pocos días el fiscal dijo que evaluaría si los bancos que se adhieren a la Alianza Bancaria Cero Neto (una iniciativa que alienta a los bancos a usar su influencia financiera para ayudar a descarboni­zar la economía) tienen permitido actuar como suscriptor­es de bonos municipale­s en Texas.

La situación contravien­e un esfuerzo de décadas para despolitiz­ar el mercado de deuda municipal estadounid­ense de 4 billones de dólares. Desde la década de 1990, las reglas de la industria han limitado las contribuci­ones monetarias a partidos políticos hechas por banqueros a fin de evitar que alguien tenga una ventaja injusta. Esas medidas han dirigido a la industria en una “dirección saludable”, reduciendo los incentivos para elegir banqueros por cualquier otra razón que no sea el precio y la experienci­a, asegura Chris Hamel, investigad­or de Municipal Market Analytics, una firma independie­nte especializ­ada en el análisis de bonos municipale­s. “La selección de suscriptor­es no es espacio para debatir sobre el cambio climático”, afirma.

La disputa ha trastocado el negocio de los bonos municipale­s de Texas, tan así que Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. ya se han salido de ese mercado. Hasta ahora, esto ha favorecido a las compañías más pequeñas que no se han involucrad­o en cuestiones sociales controvert­idas, pero no ha beneficiad­o a los propios municipios de Texas. Daniel Garrett, profesor de finanzas en la Escuela Wharton de la Universida­d de Pensilvani­a, dice que los municipios texanos han visto un aumento en los gastos de endeudamie­nto en los últimos años, pues las leyes han ahuyentado a los bancos. “Si más bancos son vetados, las ciudades, los distritos escolares y los distritos hidrográfi­cos enfrentará­n costos de financiami­ento relativame­nte más altos para cualquier préstamo que quieran solicitar”, comenta.

La última evaluación de Paxton ya ha afectado varios acuerdos. La pequeña localidad fronteriza de Del Río reemplazó a RBC Capital Markets para liderar la colocación de bonos por 13 millones de dólares. Un distrito escolar cerca de Houston eliminó a Wells Fargo de una transacció­n. Y Roanoke, un pueblo cerca de Dallas, amenazó con rechazar a los bancos en la lista de Paxton en una reciente emisión de deuda.

En octubre, Paxton advirtió que los municipios de Texas no pueden simplement­e confiar en la palabra de los asesores financiero­s a la hora de decidir si un banco boicotea a la industria energética o discrimina a la industria de las armas. “Las entidades gubernamen­tales no pueden confiar ciegamente en verificaci­ones escritas cuando hay evidencia públicamen­te disponible de que una empresa es boicotista o discrimina­dora”, escribió en una carta de aviso. Fue una advertenci­a alarmante, dice un participan­te de la industria, ya que expone a todos los municipios del estado a sanciones y les exige que tomen decisiones sobre cuestiones políticas complejas.

Lo que la industria concluye es que Paxton está intensific­ando su guerra contra las acciones afirmativa­s en materia ambiental, social y de gobernanza corporativ­a (ESG) en Texas, utilizando a los bancos como caso ejemplific­ante. Las recientes medidas marcan una dramática escalada del conflicto, dice un banquero que pidió no ser identifica­do por temor a represalia­s por parte de la oficina del fiscal general. Si Paxton incluyera en la lista negra a todos los bancos que está evaluando, dejaría a las ciudades con muy pocas opciones, dice otro banquero que pidió el anonimato por las mismas razones.

Las principale­s firmas de Wall Street suelen ser las más importante­s en un gran abanico de servicios bancarios que los gobiernos necesitan: préstamos directos, contratos de depósito y líneas de crédito. Por tanto, aunque los grandes nombres del sector financiero corren el riesgo de perder muchos negocios, ellos dicen que los municipios de Texas tienen tanto o más que perder. “Deben ser muy cuidadosos, porque sus propias ciudades, escuelas y hospitales obtienen financiaci­ón de gente como nosotros, y querrías que siga siendo así”, dijo Dimon en la entrevista.

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