CALDERÓN Y PEÑA ESPIARON A POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y PERIODISTAS
En la conferencia mañanera el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó todos los detalles sobre las triangulaciones para la adquisiòn de la tecnología Pegasus .
MÉXICO.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que alrededor de 10 empresas fachada estuvieron detrás de la venta de bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del Estado mexicano, entre ellas el software Pegasus que el gobierno de Enrique Peña Nieto usó para espiar a políticos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros.
Según informó en la conferencia mañanera, detrás de la empresa israelí NSO Group –la desarrolladora de Pegasus– operó una red de compañías cuyos domicilios fiscales, accionistas y representantes legales son incongruentes con el perfil de una empresa que reporta ganancias de más de mil millones de pesos.
Los accionistas, explicó, eran regularmente personas jóvenes con un perfil sociodemográfico que no cuadra con las ganancias multimillonarias que reportaron las empresas a sus nombres.
Tan sólo el software Pegasus, utilizado para espiar alrededor de 15 mil personas en México (según informó el gobierno mexicano en la conferencia) costó 32 millones de dólares en el sexenio de Peña Nieto, pero el conjunto de empresas fachada alrededor de esta adquisición reportaron depósitos por 5 mil 914 millones de pesos y 7 millones de dólares.
Además, el funcionario aseguró que encontraron incongruencias en los contratos que se otorgaron desde el gobierno federal y algunos estatales –entre ellos Veracruz, con Javier Duarte al frente–, por lo que se presume podría haber actos de corrupción por haber adquirido productos de seguridad a sobrecosto.
Por esto, la UIF a su cargo presentará la investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) que comanda Alejandro Gertz Manero y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Raquel Buenrostro por los temas de evasión fiscal y corrupción. Según informó, toda la documentación también se compartió con el gobierno de Estados Unidos.