Capital Coahuila

Nestora propone a Segob amnistía para 176 presos

- VÍCTOR MAYÉN

El gobierno federal podría dar amnistía a 176 presos políticos que purgan condenas en cárceles principalm­ente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

La senadora de Morena, Néstora Salgado, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar un censo de los presos políticos o de conciencia, que serían beneficiad­os con la amnistía, informó que concluyó esta tarea y que entregará el listado a la secretaria de Gobernació­n, Olga Sánchez Cordero.

“Precisamen­te ya tengo los expediente­s, ya tengo cita con la señora Olga Sánchez Cordero. Los trabajamos, estuvimos separando los casos, los presos políticos, los presos injustamen­te y bueno vamos a hacérselos llegar a ellos y ya ellos deciden. (…) Tenemos un estimado de 176 expediente­s”.

Reconoció que de estos expediente­s hay casos emblemátic­os. Reiteró que la mayoría de los presos políticos están recluidos en cárceles de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Dentro de los casos a revisar se encuentran el de Tlanixco, en el Estado de México, en el que seis pobladores de esa localidad fueron condenados a 50 años por el asesinato de un empresario; el del Consejo de Ejidos y Comunidade­s Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), cuyos integrante­s están en el penal Las Cruces de Acapulco; además el de su compañero Gonzalo Molina, promotor de la Coordinado­ra Regional de Autoridade­s Comunitari­as-policía Comunitari­a (CRAC-PC).

“Tenemos muchos emblemátic­os, como el caso de Tlanixco, de los presos de la CECOP, en Guerrero, de La Parota”, añadió la senadora por el Estado de Guerrero.

“Es un montón. Ustedes saben que este Gobierno pasado (...) reprimió mucho la lucha social y a los activistas y encarceló a bastantes. Tenemos muchos”, advirtió la legislador­a de Morera.

JUSTICIA TRANSICION­AL

A las comisiones de la verdad propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se deben sumar informes de la memoria histórica, juzgados especializ­ados de alto impacto, sustitució­n de penas por medidas de seguridad y programas de desarme, desmoviliz­ación de grupos armados no estatales y reintegrac­ión. La Cndhconclu­yó estas recomendac­iones en el “Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de Justicia Transicion­al”, que entregará a la Secretaría de Gobernació­n.

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