El bien y el mal, denuncia y corrupción
Por naturaleza existen dependencias públicas, cuyo trabajo es altamente riesgoso. Hablamos de áreas de investigación, prevención y combate a la delincuencia que por las circunstancias habituales dejan vulnerables a los empleados y sus familias, aquellos que tienen en sus manos importantes encomiendas relacionadas con el tema de seguridad.
Cuando la corrupción se encuentra en la cima, son los empleados quienes suelen verse afectados cuando son obligados a participar en actos irregulares que, de no aceptar, se convierten en víctimas de intimidación y amenazas, que terminan en el mejor de los casos, con un despido. Otros tienen que enfrentar campañas de desprestigio o incluso fabricación de delitos como parte de las represalias de sus titulares.
Recientemente vimos el caso en Castaños, en donde un oficial denunció al director de la Policía, Víctor Pinales, a quien acusa de mandarlo golpear porque no le pareció que le solicitara un cambio de turno. El elemento exige una indemnización de 100 mil pesos por los daños generados.
Desafortunadamente la tardía actuación de algunas autoridades, ya sea contralorías internas o instancias que investigan al servidor público, genera que el presunto responsable, ese que está en la cima de la corrupción, movilice todos sus recursos para acabar con quien en ese momento le representa una amenaza.
En diversas áreas de seguridad encontramos lobos con piel de oveja que navegan con bandera de honestos y cuando ven perdida su falsa reputación, recurren hasta a chamanes para combatir a sus enemigos con brujería y otras artimañas, y esto se convierte en una pelea entre el bien y el mal.
En el tintero obtuvimos información de que el director de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas, Apolonio Armenta Parga, recurre a la brujería para deshacerse de sus subalternos, de los que no aceptan participar en sus fechorías, aunque ahora utiliza una campaña de desprestigio contra la abogada Yasmín Delgado por abrir la cloaca y evidenciar lo que ocurre al interior de los penales de Saltillo y Torreón.
El secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, está al tanto de la denuncia y aunque ha sido cauteloso en sus respuestas a la prensa sabemos que su intención es depurar lo que no funciona y asegura que la Fiscalía resolverá con justicia este caso.
Hizo un llamado tanto a Yasmin como a la otra abogada Erika Castillo a tener confianza en las instituciones y no temer por su seguridad. Lo cierto, es que las afectadas ya dejaron constancia de que, si algo les sucede a ellas o sus familias, incluso a sus clientes, los primeros sospechosos del ataque serán los funcionarios denunciados. No está demás decir que quienes abrimos los espacios en medios de comunicación a estas voces de exigencia también hacemos responsables a esos servidores públicos, pues todos saben que son tipos de cuidado.