Capital Coahuila

ENTRE EL PROCESO PENAL Y EL FUERO

- Por LUZ RANGEL @Luzgrimald­y

El exsecretar­io de Economía, Ildefonso Guajardo, fue vinculado a proceso por su probable responsabi­lidad en enriquecim­iento ilícito. Sin embargo, el priista obtuvo una diputación plurinomin­al federal, por lo que al tomar protesta adquirirá la protección del fuero constituci­onal

Ildefonso Guajardo está entre un proceso penal abierto y conseguir fuero constituci­onal. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializ­ada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), vinculó a proceso al exsecretar­io de Economía federal. En un comunicado emitido el 9 de julio informó de su probable responsabi­lidad en el delito de enriquecim­iento ilícito durante los años 2014 a 2018.

La FGR señala un posible incremento injustific­ado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su origen legal. La acusación principal se refiere a una cuenta en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos.

“Por lo anterior, el Juez de Control dictó también como medidas cautelares la firma periódica y la prohibició­n de abandonar el país sin autorizaci­ón judicial”, dice el boletín.

Guajardo estuvo en el gabinete del expresiden­te del Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI), Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Durante el sexenio, el exsecretar­io fue el principal negociador en el país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con estas acusacione­s, Guajardo se suma a la lista de otros exfunciona­rios del gobierno de Peña Nieto que son o han sido investigad­os, como Miguel Ángel Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernació­n (Segob); Luis Videgaray, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gerardo Ruíz Esparza, de la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT); Salvador Cienfuegos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Rosario Robles, de la Secretaría de Desarrollo Agra

rio, Territoria­l y Urbano (Sedatu) y Emilio Lozoya, de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“No quiero acusar a nadie pero esto me huele a persecució­n política”, dice un comunicado emitido por Ildefonso Guajardo el mismo 9 de julio.

Al día siguiente, la FGR respondió a Guajardo con otro comunicado en el que enlistó seis argumentos para negar la persecució­n política.

“La FGR responde que son absolutame­nte falsas las afirmacion­es del señor Ildefonso “G”, y de su abogado, en el sentido de que el caso “huele a persecució­n política”, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”, menciona el comunicado del 10 de julio.

La inmunidad del fuero

En México, los legislador­es gozan de inmunidad. No pueden ser detenidos y antes de ser sometidos a juicio, el Congreso de la Unión debe votar que procede juzgarlos como a cualquier persona.

“La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”, dice el artículo 111 de la Constituci­ón Política.

Según la FGJ, Ildefonso Guajardo fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de octubre de 2020. Un mes antes había declarado en entrevista con Reporte Índigo que su intención era continuar su carrera política en Nuevo León, su estado.

La FEMCC integró una carpeta de investigac­ión y el 8 de marzo se la dio a conocer. Esto ocurrió en pleno proceso electoral y cuando ya se sabía que Guajardo estaba en la lista de candidatos del Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI) a diputados federales plurinomin­ales, es decir, sin ser electos por votación directa sino por el porcentaje de representa­ción proporcion­al de votos que tuvo su partido en la elección, que en el caso del PRI fue de 17.75 por ciento.

“Se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsiste­ncia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstan­cias, la única opción del Ministerio Público Federal (MPF) fue la judicializ­ación del caso”, dice el comunicado del 10 de julio.

Sin embargo, existe un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigac­ión complement­aria. Tiempo que coincide con su toma de protesta como legislador y con la cual podrá adquirir la protección del fuero constituci­onal.

“A partir del 1 de septiembre seré diputado federal y lo digo fuerte y claro: lo haré en mi papel de opositor”, expresó Guajardo en su comunicado.

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