El visitador abusivo
Al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los colaboradores íntimos y cercanos a Rosario Piedra Ibarra comenzaron a contribuir a exhibir más deficiencias que un trabajo decoroso. Uno de los casos más emblemáticos son los desastrosos manejos al interior de la Primera Visitaduría.
Desde hace más de un año comenzó su declive al desbaratar la oficina especial del caso Ayotzinapa y destinar el dinero a las actividades de la agenda personal del grupo Eureka incrustado en la CNDH.
Ahora, en las entrañas de la Primera Visitaduría hay un movimiento de trabajadores que comenzaron a ventilar la podredumbre vestida de ignorancia e incapacidad en la toma de decisiones por parte de Paolo Martínez Ruiz, el responsable de la visitaduría. Al grado que existe la tentación, de los trabajadores, de llevar a cabo un paro laboral para que la élite de la CNDH, encabezada por el secretario ejecutivo, Francisco Estrada, se de cuenta lo que ocurre en la Comisión.
Un escrito, enviado a distintos personajes políticos y defensores de derechos humanos, da cuenta de la serie de abusos y excesos de Paolo Martínez, tolerados desde la presidencia de la CNDH. Las omisiones son evidentes y la imagen negativa de la Comisión se acelera.
Si bien la Comisión comenzó con una política de reestructuración muy hermanada a la cuatroté, lo ocurrido, en la actualidad, es la versión 2.0 de los abusos del jefe sobre sus subalternos. Los trabajadores exhiben que la Primera Visitaduría General “carece de dirección profesional, especializada, congruente con los principios que rigen a la CNDH”.
Hasta donde se sabe, todas las anomalías y abusos son cubiertos por Francisco Estrada. Al grado que Paolo Martínez Ruiz, director general de la Visitaduría, se ha visto involucrado en diversas quejas ante el Órgano Interno de Control relacionadas con acoso sexual, actos de corrupción y acoso laboral. Incluso existe una queja por acoso sexual en agravio de una directora de la Primera Visitaduría sin que hasta el momento haya una determinación en la cual se sancione al violentador, contraviniendo cualquier medida de protección a la víctima y exponiéndola a una nueva agresión.
A Paolo Martínez Ruiz lo han acusado de venta de plazas, en complicidad con Angélica López Trejo, coordinadora administrativa, el modus operandi es quitándoles a los trabajadores el sueldo del primer mes completo y un porcentaje de forma mensual condicionando a la gente contratos de tres y seis meses. Así como su permanencia con nuevos contratos. Bajo esas mismas condiciones se sospecha que el dinero es para el secretario ejecutivo, Francisco Estrada Correa.
Lo que se vive al interior de la Primera Visitaduría es acoso laboral constante contra las personas recién contratadas, excediendo su jornada laboral en días y horas. Y es que Paolo Martínez y su incapacidad la demuestra al guardar silencio ante temas como niños con cáncer, desabasto de medicamentos, el seguimiento al caso Ayotzinapa y Covid-19. Tiene descontrol total en la Visitaduría, solicita informes sin razón, no firma conclusiones y retiene expedientes, para ello se apoya en Araceli Morales Cruz y María Elizabeth Nuñez Rangel, quienes revisan su trabajo y tienen funciones para las cuales no han tenido la experiencia necesaria.
Los trabajadores y trabajadoras ya pidieron su destitución y esperan atención a las quejas o comienza a correr la idea de estallar un paro de labores.
MIÉRCOLES