AVANZAAVA REFORMAREF INDÍGENA
Históricamente las comu n i dade s originarias, así como las afrodescendientes en México, han permanecido en el olvido.
Es por eso que la actual administración se encuentra trabajando para impulsar la ”Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”, la cual, tras un largo proceso de gestión que comenzó en 2019, se llevará al Congreso de la Unión este año como un documento que represente la voz y las demandas de estas poblaciones.
“Con el fin de que los pueblos indígenas puedan determinar sus derechos constitucionales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), presentará una reforma a fin de que sea una iniciativa que se consolide como ley”, dijo Adelfo Regino Montes, titular del INPI.
El contenido de la Iniciativa recoge los logros, las reivindicaciones y las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y afromexicano con el objetivo de adecuar y armonizar nuestra norma constitucional a los estándares internacionales en la materia y transformar las actuales estructuras normativas e institucionales del Estado mexicano para atender y resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminación que padecen dichos pueblos.
Es por eso, que desde el 19 y hasta el 25 de julio de este año, se convocó a una serie de reuniones entre las distintas comunidades indígenas para dar seguimiento a los acuerdos del proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
El objetivo principal de estos eventos son dos, el primero: presentar el texto de la “Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano” para su análisis y consolidación, la cual quedó lista en enero de este año.
Y dos, acordar Ia estrategia a seguir para Ia presentación e impulso de la propuesta de iniciativa ante el Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Honorable Congreso de Ia Unión para su aprobación, lo cual se prevé suceda en septiembre.
Adelfo Regino Montes informó, al presentar los foros, que hasta el momento se tienen contempladas las modificaciones de 15 artículos constitucionales y 6 transitorios que abordan temas como: pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, libre determinación, derechos de mujeres indígenas, derechos de niñez, juventudes indígenas y migrantes, entre otros.
“Estamos convencidos de que con esta reforma vamos a hacer un elemental acto de justicia social para nuestros pueblos. Por eso es muy importante, porque podremos alcanzar la reconciliación con nosotros, con los que son distintos a nosotros y, desde luego, la reconciliación con toda la sociedad mexicana y que sea éste el punto de partida para la regeneración y el renacimiento de nuestra patria”, aseguró el titular del INPI.
Por su parte, la diputada federal, Irma Juan Carlos, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión, celebra que hoy exista el interés del gobierno mexicano en saldar la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas y reconoce el trabajo realizado por el INPI.
“Estos espacios de diálogo e intercambio han sido y continuarán siendo fundamentales para recibir aportes, debatir ideas y dotar de legitimidad política el proceso de reforma constitucional”.
La propuesta de iniciativa que busca reformar la Constitución para tratar de saldar la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios y la comunidad afromexicana y revertir las carencias sociales que padecen, está a punto de ser entregada al presidente López Obrador, quien dará su visto bueno antes de iniciar su etapa en el Congreso de la Unión A paso rme
La presentación de la “Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano” ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión es el punto cumbre de un proceso que inició en 2019 y el cual culminará una vez que la Constitución haya sido modicada en benecio de estos grupos poblacionales tal y como lo prometió el Estado mexicano.
Hace tres años, durante los meses de junio y julio, participaron los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano a través de 54 Foros regionales y 3 mesas de trabajo en 27 entidades federativas, y 1 Foro con migrantes en los Estados Unidos, del 21 de junio al 4 de agosto de 2019, así como un Foro Nacional (6, 7 y 8 de agosto de 2019), para conjuntar los contenidos fundamentales de la Reforma.
Durante los eventos, se contó con la participación de más de 27 mil personas, entre ellas, 14 mil 349 autoridades indígenas, de las cuales 9 mil 618 personas fueron participantes mujeres, lo que equivale al 35.6 por ciento.
Una vez concluida esta primera etapa, se llevó a cabo la elaboración de la propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional por el Comité Técnico de Expertos, que está integrado por personas con conocimientos y experiencias en la materia a lo largo de siete sesiones realizadas entre junio de 2019 y enero de 2021, en las cuales se sistematizaron las opiniones, propuestas y planteamientos de cada uno de los 16 ejes temáticos de la reforma.
El día 15 del primer mes del año en curso, a través de un comunicado, el INPI informó que el Comité Técnico de Expertos de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, aprobó por unanimidad la Exposición de Motivos y el Texto Normativo de la propuesta de reforma, que recoge los planteamientos y aspiraciones de los pueblos indígenas del país.
Por ahora, el proceso que se encuentra en marcha es el de análisis de la iniciativa ya aprobada y la recolección de votos que demuestren que la mayoría de los integrantes que forman parte de estos grupos poblacionales están de acuerdo con los cambios a realizarse, un periodo que durará hasta agosto de 2021.
Se prevé que la iniciativa se entregue al titular del Ejecutivo federal en el octavo mes del año para que en septiembre se envíe al Congreso de la Unión y de ahí en adelante se dé seguimiento al proceso legislativo en ambas cámaras.