Ficha roja para Toledo
La Fiscalía de la Ciudad de México informó que, a través de la ficha roja, emitida por la Interpol, ya pueden proceder a la detención del diputado sin fuero, Mauricio Toledo, quien se encuentra en Chile
Doce días después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) estaba en proceso de solicitarle a la Interpol que emitiera una ficha roja para poder ejecutar la orden de aprehensión en contra de Mauricio Toledo, el diputado desaforado que viajó a Chile pese a los señalamientos que lo acusan de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía informó que tras la solicitud, realizada a través de Interpol México, la ficha roja fue autorizada y publicada por la Secretaría General de Interpol; sin embargo, la FGJCDMX “buscará su detención conforme a tratados internacionales”, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de dicha herramienta de búsqueda internacional debido al alcance que ésta tiene.
“Lo anterior, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, en el que se señala que las extradiciones que el Gobierno de México solicite de Estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones de extradición que se formulen”, indicó la institución.
Dichas peticiones ya se trabajan por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esta Fiscalía busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho, como para cualquier ciudadano. No es un perseguido político”, acaró el organismo encabezado por Ernestina Godoy Ramos.
Por su parte, Mauricio Toledo, a quien el Partido del Trabajo lo nombra “perseguido político” por parte del Gobierno de la Ciudad de México, informó que se presentó ante la Dirección de Asuntos Internos de la Corte Suprema de Chile “para ponerse a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento y para informar sobre su domicilio actual”.
En compañía de sus abogados, Toledo comunicó que confirmaba su absoluta confianza en la justicia chilena, “en su imparcialidad e independencia”.