Desalojan a vecinos Sin indemnización
En plena crisis por la pandemia de COVID -19, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, dejó sin casa a ocho familias por la ampliación de la Avenida José Vasconcelos; los predios fueron derrumbados antes de que los sampetrinos recibieran indemnización
En plena crisis por la pandemia de COVID-19, el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, dejó sin casa a ocho familias.
El 1 de septiembre, ocho predios fueron expropiados por la ampliación de la Avenida José Vasconcelos. Así, desde las 7:00 de la mañana policías, patrullas y la Unidad Móvil del C4, además de 200 trabajadores municipales y de empresas particulares desalojaron y, posteriormente, demolieron las viviendas.
“Esta mañana iniciamos con la recuperación del espacio público para construir la nueva
Vasconcelos”, informó en sus redes sociales el municipio.
Se trata de algunas edificaciones que tenían los números 513, 613, 108, 391, 359, 341, 369 y 305, la mayoría ubicadas en la Manzana 4. Eran ocho de las 58 existentes en esa zona.
“Este proyecto consiste en ampliar la sección vial de 12 metros actuales a 20 metros que corresponde a la sección vial que tiene la citada Avenida José Vasconcelos de la calle Juárez a la calle Corregidora”, dice el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García.
Desde la actualización de 2016, se contemplaba la afectación a los predios cercanos.
“Implica una afectación aproximada, según el proyecto, de 2 mil 732.28 metros cuadrados en los predios de la acera norte y de 63.93 metros cuadrados en los predios de la acera sur de dicha avenida”, dice el plan.
El mismo 1 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado fue publicado el acuerdo de expropiación.
“Que toda vez que la Avenida José Vasconcelos en su tramo comprendido de la calle La Corregidora a la calle Mariano Jiménez no cuenta con la anchura vial de 20 metros que tiene la avenida en el resto de sus tramos, al contar con sólo 12 metros, es necesario llevar a cabo la obra pública de ampliación”, dice el documento.
El acuerdo fue firmado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario de Gobierno, Enrique Torres Elizondo, el 30 de agosto de 2021. Por ello, surtió efecto el día de su publicación.
El documento descarta la existencia de vegetación nativa, sólo había algunos ejemplares de diferentes especies sobre la banqueta. Tampoco existe fauna silvestre.
El proyecto de ampliación vial arrancó en el gobierno
del exalcalde panista, Mauricio Fernández. Luego, en la administración de Miguel Treviño comenzó la negociación que ha llevado tres años.
El acuerdo era pagar una indemnización a la que los habitantes tienen derecho, que en este caso incluye el valor comercial total del inmueble, incluso en los casos de afectaciones parciales. La suma que el municipio busca pagar es de 2 millones de pesos, que todavía no liquida.
El desalojo con el acompañamiento de la fuerza pública fue la última opción. Sin embargo, antes el municipio debía hacer el depósito de la indemnización.
Juana Peña, quien fue desalojada, pedía que le respetaran continuar viviendo en su casa.
“Nos acaban de sacar de la casa a mi esposo y mi hijo menor de edad para ampliar la avenida. Se supone que llegaríamos a un acuerdo, pero quedó pendiente por parte del licenciado Dávalos”, dijo la afectada.
Expertos consultados por Reporte Índigo aseguran que los vecinos aún pueden recurrir a un amparo para recuperar su propiedad.