HISTORIA BAJO LLAVE
A través del recurso de reserva, gobiernos de todos los colores han guardado información de momentos clave en la historia de México argumentando temas como la seguridad nacional sin que, muchas veces, se cumpla con este requisito, situación que ha dificultado el avance en materia de transparencia
Silaapuestaalolvidopudiera medirse, el Índice de Expedientesreservados de los Sujetos Obligados del ámbito federal sería un indicador en México. Al corte del segundo semestre de 2022, las entidades obligadas a brindar transparencia ante los ciudadanos mantienen 128 mil 582 expedientes bajo la llave de la reserva.
Sin importar los colores o la ideología de las últimas administraciones federales, desde la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2003, todos los gobiernos se han valido de la reserva de información por distintas razones.
Desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hoy en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han reservado expedientes de acontecimientos como la extinción de Luz y Fuerza en 2009 o la fuga de Joaquín Guzmán Loera en 2015.
En las oficinas del Congreso, las dependencias, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, los partidos o los sindicatos, se acumulan documentos en los que está registrado cómo se tomaron decisiones cruciales para el país, por qué se asignaron ciertos contratos o la investigación de ilícitos por faltantes de dinero de los presupuestos.
Entre esa información vedada para el conocimiento de los ciudadanos, está la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ordenada por el entonces presidente Felipe Calderón hace más de 13 años.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado –organismo a cargo del proceso– le puso una reserva a este expediente mientras esté en curso la extinción de la empresa que, de 1903 a 2009, le brindó energía eléctrica a la región centro del país y cuya requisición dejó sin empleo a 44 mil electricistas.
Debido a una reserva “indefinida”, tampoco se tiene acceso al informe sobre la tragedia de la discoteca News Divine, donde fallecieron nueve adolescentes y tres policías durante un operativo a cargo de Joel Ortega Cuevas, entonces secretario de seguridad pública del Distrito Federal (hoy CDMX), la tarde del 20 de junio de 2008.
Si el despacho de la dirigencia nacional de Morena fue alquilado o comprado tampoco puede saberse, pues el partido guinda clasificó la información hasta 2024, el año en que concluirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El recurso de la reserva también alcanza Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que resultó de la fusión de Diconsa y Liconsa para atender la alimentación de las poblaciones más vulnerables.
Durante el ejercicio de 2021, hubo señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública por un faltante de nueve mil 500 millones de pesos del presupuesto que se le destinó para sus operaciones iniciales, así como por una cauda de contratos mediante adjudicación directa. No se trata de un desvío de recursos públicos hasta este momento, pero este monto no ha sido aclarado aún.
Segalmex guardó hasta ahora los procesos judiciales que debió iniciar por el dinero perdido. Pero el 14 de noviembre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que determinó ordenarle la revelación del número de denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos ilícitos que según la ASF se basan en incumplimiento por parte de empresas contratadas.
Las reservas por instancias
El Ejecutivo tiene 74 mil 776 expedientes clasificados, lo que lo ubica como el sector con el mayor nivel de reserva históricamente. Después están los tribunales administrativos con 28 mil 624 asuntos. Luego los organismos autónomos con 16 mil 745 carpetas.
En el Ejecutivo, la dependencia con más reservas es la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, con 16 mil 570 expedientes.
La Secretaría de la Función Pública, ocupa el segundo sitio con tres mil 392. Mientras que la Secretaría de Energía, está en el tercer lugar con seis mil 32 asuntos.
En conjunto, los partidos políticos tienen 112 expedientes reservados. Morena sobresale como el que más le ha puesto candados a su información con 46 asuntos. Después está el Partido Acción Nacional con 36, al que le sigue el Partido de la Revolución Democrática con 22 expedientes.
Es importante señalar que las reservas de información no corresponden únicamente a esta administración, sino que incluye expedientes de las últimas dos décadas.
Sindicatos: la desobediencia
Con una resistencia histórica a rendir cuentas, los sindicatos fueron añadidos como sujetos obligados a revelar ingresos y gastos, además de reportar los asuntos que guardaban bajo reserva, por la Ley General de Transparencia (LGT) que fue promulgada en 2015.
A pesar de su obligación legal, los sindicatos son las entidades que más muestran incumplimiento para informar sobre el número de sus asuntos reservados.
De una lista de 158 que reciben recursos públicos, 33 no han entregado ningún reporte de sus clasificaciones desde que fue promulgada la LGT; es decir, en siete años. El de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son algunos.
Aunque fortalecido, el marco legal de la transparencia no logró abrir los cerrojos de ciertos asuntos. No hubo gobierno desde el de Vicente Fox Quesada, hasta el de Andrés Manuel López Obrador, que no pusiera bajo reserva expedientes con el argumento de que su revelación pondría en riesgo al país.
“Fast track, así, rápido, que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, expresó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 8 de enero de 2021 al anunciar su intención de desaparecer al INAI.
El 15 de febrero de 2022, el primer mandatario reconoció que en su gobierno ya no habrá tiempo para impulsar la desaparición de ese órgano autónomo que en 2023 cumplirá veinte años como garante del derecho del acceso a la información.
Mientras, en el ámbito federal permanecen más de cien mil asuntos con acceso vedado para el conocimiento de los ciudadanos.