DESTACAN EN OPACIDAD
Una tercera parte de los diputados del Congreso de la Ciudad de México no han cumplido con publicar información obligatoria como su declaración de impuestos y de intereses
Másdel30porciento de los diputados locales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México no han dado a conocer sus declaraciones de impuestos ni de intereses como lo marca la ley. Esto, a pesar de que en septiembre pasado cumplieron un año en funciones.
De acuerdo con organizaciones civiles, la importancia de compartir estos datos es para evitar actos de corrupción.
En total, son 23 legisladores que no han cumplido con sus obligaciones de transparencia, lo que representa el 34 por ciento del total de diputados que integran la actual Legislatura, según datos consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Portal de Obligaciones de Transparencia del Poder Legislativo de la ciudad.
De ellos destacan cinco representantes populares por no cumplir con ninguna de las declaraciones que mandata el
marco legal: Elizabeth Mateos, América Rangel Lorenzana, Tania Nanette Larios Pérez, Alejandra Méndez Vicuña y Alicia Medina.
Mientras que los diputados que no han presentado su declaración de intereses son Aníbal Cañéz Morales, Raúl Torres Guerrero, María de Lourdes González, Carlos Cervantes Godoy e Indalí Pardillo Cadena.
Quienes no han informado sobre su situación fiscal son Víctor Hugo Lobo Román, Carlos Joaquín Fernández Tinoco (quien pidió licencia en mayo pasado),
Mónica Fernández César, Ernesto Alarcón Jiménez, Marcela Fuente Castillo, Christian Moctezuma González, Janecarlo Lozano, Gabriela Quiroga, Frida Jimena
Guillén Ortiz, Claudia Montes de Oca, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Gerardo Villanueva y Fausto Zamorano (presidente de la Mesa Directiva).
En lo único que todos los diputados cumplen, de acuerdo con los datos consultados, es haber dado a conocer a la Contraloría del Congreso su situación patrimonial.
La obligación legal
La Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son los marcos legales que estipulan la obligación de los funcionarios de realizar sus declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, así como de hacerlas públicas.
“Deberá presentarse en los siguientes plazos: I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la: a) Fecha de ingreso al servicio público por primera vez; b) Fecha de reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año”, menciona la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Además, señala que las declaraciones patrimoniales, de intereses, así como la constancia de declaración fiscal, serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución y los ordenamientos legales aplicables.
En tanto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ordena en su artículo XIII que la versión pública de las declaraciones debe ser publicada tanto en la PNT como en los portales institucionales.
La relevancia de las declaraciones
El Centro de Investigación y Análisis Fundar señala en su artículo “Declaraciones patrimoniales y de intereses para combatir corrupción: Fundar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” que dichos documentos son importantes para evitar anomalías en el servicio público.
Lo anterior, debido a que son la forma en que la ciudadanía puede revisar la evolución patrimonial de los servidores, pago de impuestos e intereses personales o financieros y, con ello, evitar que haya enriquecimientos ilícitos derivados de sus gestiones.
Sin embargo, la organización acusa que en México han sido inoperantes por la incapacidad institucional para investigar efectivamente el patrimonio de los funcionarios.
Además, destaca la organización, es importante que las declaraciones sean públicas y de fácil acceso.
“La habilitación de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, que las y los servidores públicos deben presentar de forma obligatoria, no implica vulnerar la seguridad de la y el funcionario pues, de esta manera, se concilian el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales, establecidos en la Constitución, con base en la idea de que ninguno es, por sí mismo, superior al otro, excepto cuando se estiman razones de interés público”, detalla el documento.
De acuerdo con información pública, el único mandato con el que todos los diputados han cumplido es presentar a la Contraloría del Congreso su situación patrimonial