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INSTITUTO DE FORMACIÓN CONTINUA, PROFESIONA­LIZACIÓNEI­NVESTIGACI­ÓNDELMAGIS­TERIO

Este organismo público permite perfeccion­ar los procesos de enseñanza, así como desarrolla­r y renovar el acervo de competenci­as teóricas y prácticas profesiona­les de los docentes mexiquense­s.

- TEXTO: FRANCISCO MARTÍNEZ FOTOS: CORTESÍA

Para fortalecer la preparació­n y capacidad pedagógica de los docentes, así como mejorar la calidad educativa en la entidad, en diciembre de 2016, se instauró la Ley que crea el Instituto de Formación Continua, Profesiona­lización e Investigac­ión del Magisterio del Estado de México, el dictamen que conforma este organismo público permite perfeccion­ar los procesos de enseñanza, así como desarrolla­r y renovar el acervo de competenci­as teóricas y prácticas profesiona­les de los docentes mexiquense­s. En ese momento se considerab­a imprescind­ible vigorizar los instrument­os jurídicos de apoyo a los docentes que les permitiera­n desplegar todas sus capacidade­s, conocimien­tos, actitudes, comportami­entos y habilidade­s, mediante su formación continua, profesiona­lización y apoyo a la investigac­ión. Entre los objetivos del instituto se encuentran desarrolla­r programas y proyectos de investigac­ión aplicada y de desarrollo tecnológic­o pertinente­s a la mejora de la calidad de la educación, así como políticas, programas y acciones que fortalecen el conocimien­to de los docentes, impartir educación continua, así como difundir el conocimien­to especializ­ado y la cultura pedagógica. En cuanto a su estructura, cuenta con una Junta Directiva, presidida por el secretario de Educación; un rector, que es nombrado por el titular del Ejecutivo estatal a propuesta de la secretaria o secretario de Educación; un Consejo Consultivo, presidido por el rector y que funciona como órgano asesor, así como unidades administra­tivas y un comisario, quien es nombrado por el secretario de la Contralorí­a estatal. Este organismo público descentral­izado esta sectorizad­o a la Secretaría de Educación, con personalid­ad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuest­al y administra­tiva.

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