Presentan queja en CNDH por violentar derechos de menores
ACTIVISTAS PIDEN que el órgano emita recomendaciones y solicitan disculpas públicas por parte del Presidente por difamaciones
Ante una violación al “interés superior de la niñez” de más de 320 mil menores de edad, activistas de diversas organizaciones civiles interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las nuevas disposiciones al Programa de Estancias Infantiles.
Las medidas no sólo atentan contra las garantías individuales de los menores de edad, sino que además lo hacen en perjuicio de 9 mil empleados resaltaron los activistas que integran colectivos como La Red por los Derechos de la Infancia en México, Save The Children, Grupo de Información en Reproducción Elegida, así como la exlegisladora Lía Limón.
Apenas el Gobierno federal eliminó las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar hacía los menores de edad y madres trabajadoras, e instauró uno nuevo a cargo de la Secretaría de Bienestar que sólo prevé entregar recursos directamente a padres de familia por mil 600 pesos para menores.
Quienes presentaron el reclamo ante la CNDH, argumentan que, si bien es cierto que se señaló como justificación la corrupción en el programa, su muestra sólo representa 1.8 por ciento.
“La ASF, al evaluar el desempeño del plan de 2017 y 2018, detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9,565 estancias e hizo observaciones al 1.8 por ciento del presupuesto del mismo”, afirmaron.
En el documento, señalan que dicho cambio en la política no es proporcional a la justificación para eliminar el programa y no toma en cuenta las evaluaciones e impacto, “estas medidas carecen de cualquier razón lógica-jurídica que la haga válida en un Estado constitucional de Derecho y, por ende, debe ser declarada como violatoria de los derechos humanos”.
Por estos motivos, las agrupaciones demandan a la CNDH que dicte medidas cautelares, que se “proceda a la investigación de los hechos y emita la recomendación, a fin de que sigan siendo vulnerados”.
Además, los activistas solicitan “una disculpa pública del Presidente y la subsecretaria Ariadna Montiel por haber difamado y acusado de corruptas a las responsables de las estancias infantiles”.