Ética en la impartición de justicia
Las instituciones políticas son, hoy, el nuevo problema público. Un problema no necesariamente se identifica con algo que funcional mal en alguna parte, sino principalmente con algo que es percibido por alguien como un mal funcionamiento. En ciencias sociales el paradigma de la Agenda setting ha enseñado que el proceso de definición de un problema público puede obedecer a intereses particulares porque dicho proceso es el que determina la oferta y los mecanismos de solución. Por ello construir problemas puede ser un arte y resolverlos, un ejercicio de racionalidad egoísta orientada a intereses particulares.
Ahora bien, desde finales de los años 90 del siglo pasado y como parte de una nueva cultura política global que ha terminado por enraizar en los espacios domésticos de cada uno de los países ha proliferado una serie de índices que miden la percepción del desempeño de las instituciones políticas. De ahí la emergencia de empresas que se especializan en la creación de índices y encuestas como Consulta Mitofsky, Parametría, Latinobarómetro o bien el lanzamiento público de un coctel de índices de lo más variado, como: el índice de percepción de corrupción, el índice de transparencia internacional, el proyecto Iberoamericano de Indicadores de Percepción Pública, el Índice Mexicano de Confianza Económica o la encuesta de Confianza del Consumidor, elaborada por el Inegi, por citar algunos ejemplos.
Se trata de instrumentos con impacto en el espacio público que han visibilizado, entre otras cosas, la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.
En lo que respecta a la materia de impartición de justicia existen varios instrumentos como el Informe sobre la Independencia del Sistema Judicial elaborado por la Comisión de Venecia o el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, cuyo menú de indicadores está compuesto por: los límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.
En resumen, en un contexto en que el desempeño institucional no puede excluirse de una nueva y renovada transición a la democracia las instituciones políticas en general y la rama institucional centrada en la impartición de justicia en particular tienen en el componente ético un nuevo derrotero del cambio político. La impartición de justicia debe garantizar —con rutinas y mecanismos institucionales comprobables y sujetos al escrutinio público— que sus integrantes y decisiones cumplen con estrictos mecanismos de ética, virtud y autogobierno público. Sólo en esa medida el componente ético podrá funcionar como una respuesta a la ingente evaluación ciudadana de las instituciones políticas en voga.
Flor de loto: “La incapacidad de admitir nuestros propios errores es un gran signo de debilidad”.
•Especialista en Derecho Constitucional y derechos humanos