SENADO BLINDA PROGRAMAS SOCIALES DE AMLO
La Cámara Alta mantuvo las medidas de sanidad durante la aprobación de la constitucionalidad de los programas sociales
EN PLENA FASE 2 DEL COVID-19, la Cámara de Senadores sesionó y aprobó la reforma al Artículo 4 Constitucional para que los programas sociales, impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador sean obligatorios.
del Covid-19, la Cámara de Senadores sesionó este martes y aprobó la reforma al artículo 4 constitucional para que los programas sociales sean obligatorios.
La Cámara Alta mantuvo medidas de sanidad, como la “sana distancia” entre legisladores, así como limpieza de los micrófonos del estrado, votación por bloque y senadores quienes siguieron la sesión desde sus oficinas.
Con el registro de 95 senadores, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, abrió la sesión comunicando al pleno las nuevas medidas que se habían adoptado por la emergencia sanitaria.
“Si así lo determinan por su situación de riesgo, podrán ubicarse en sus oficinas o donde ellos estimen pertinente”, aclaró la legisladora tabasqueña.
Después de más de tres horas de espera, pues estaba programada a las 11:00 horas, la sesión inició con el “¡Ánimo México! Esta pandemia no nos va a derrotar”, del senador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, quién tras fundamentar el dictamen respectivo, inició el proceso de discusión y votación que concluyó con la aprobación con 91 votos a favor, uno en contra y una abstención de la reforma al artículo 4° constitucional en materia de bienestar, misma que seguirá su curso legal en las cámaras legislativas estatales.
La reforma establece que se creará un
Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el fin de que haya extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de estos servicios.
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a quienes tengan discapacidad permanente, en los términos que fije la ley, con prioridad a menores de 18 años, así como indígenas en esta condición hasta la edad de 64 años, además de quienes estén en situación de pobreza.
De igual manera, se determina que las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años.
Durante el debate, la priista Claudia Ruiz alertó sobre ver la viabilidad presupuestal de estas prestaciones sociales.