#Fideicomisossos

México vive tiempos convulsos en lo político y social. La polarización marca nuestra agenda y afecta nuestro humor colectivo. Falta serenidad, razón, pensamiento, tolerancia y respeto mutuo que son el común denominador de una democracia. Uno de los temas de confrontación fue la extinción de 109 fideicomisos públicos. Con el hashtag: #Fideicomisossos, ciudadanía, academia, clase política y organizaciones sociales, entre otros sectores, vivieron un encontronazo de: quienes apoyan su desaparición y quienes la rechazan. Revisemos el tema con anteojos de derechos humanos. La propuesta, ahora ya aprobada por el Congreso de la Unión, tiene la finalidad de terminar con el uso indebido de los recursos que los fideicomisos administraban. En pocas palabras, los fideicomisos eran oscuros y permitían que se beneficiara a empresas, corporaciones y personas nacionales y extranjeras distintas a sus destinatarios, lo que representaba un desvío ilegal.

Si de las revisiones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, se obtuvo información objetiva del uso indebido del dinero que estaba incorporado en los fideicomisos, porque éstos beneficiaban a personas distintas de las y los destinatarios auténticos, nadie en nuestro país realmente comprometido con el Estado de Derecho puede estar en contra de que ese manejo termine de inmediato.

En México, ya no debemos tolerar malos manejos de los recursos públicos, mucho menos los que están destinados a programas, planes y políticas públicas para la cultura, la ciencia, la investigación, el arte, la atención a víctimas, periodistas y al medio ambiente, entre otros.

Dejar los fideicomisos con irregularidades en el manejo y destino de los recursos, no solamente sería ilegal, sino contrario a los derechos humanos que se han pretendido cuidar y proteger por su conducto.

Reconociendo lo anterior, también es contrario al principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1° constitucional, la decisión a raja tabla de eliminar por igual los 109 fideicomisos, porque la solución no ha sido tomada en clave de derechos.

Para no afectar los derechos humanos materializados mediante la aplicación de los fideicomisos, debió realizarse un estudio de cada uno en lo individual, detectar las deficiencias e implementar una política pública agresiva de vigilancia y supervisión para erradicar las irregularidades, así como presentar las acciones legales contra quienes sean responsables, para que estos mecanismos siguieran cumpliendo su función.

Si al final, la decisión fue eliminarlos sin la revisión a que me he referido, respecto de aquellos que impactan directamente el ejercicio de derechos humanos debieron dictarse regímenes transitorios, que aseguraran un esquema del destino de los recursos a la materialización de aquéllos, hasta tener un nuevo marco legal para su aplicación.

Al no hacerlo así, los derechos humanos que caminaban de la mano de los fideicomisos han quedado descobijados, pues no tenemos certeza de cuál será el destino del dinero, lo que se traduce en una regresividad.

Esta es la visión estrictamente constitucional.

•Doctor en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca, España y académico de la Universidad Anáhuac.