Viejas alianzas legislativas
Las alianzas legislativas no son ninguna novedad, siempre han existido de una u otra manera, con el concurso de la oposición. Necesarias para alcanzar las dos terceras partes de la votación de los asistentes a la sesión plenaria. Producto del cabildeo, de la negociación, del llamado consenso. Práctica de todas las legislaturas, cuando se ha requerido de la participación de la oposición. Concertación que se ha dado con partidos de distinto color en el poder o en la presidencia de la República. La mejor prueba es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha dejado de reformarse cuando la fuerza política mayoritaria, por sí sola, no cuenta con las dos terceras partes de los votos, exigidos por la ley.
Incluso, cuando el partido mayoritario ha llegado a tener la mayoría calificada sin la ayuda de ningún opositor, también han existido las alianzas, la pluralidad en la votación legislativa.
La pluralidad hace lucir la reforma constitucional, por eso se busca, para que no quede el testimonio de que solo un partido llevó a cabo los cambios en la ley suprema.
El Pacto por México que se formó en el arranque del anterior sexenio, con diferentes fuerzas políticas, se reflejó con modificaciones constitucionales, por “el bien de la nación”.
Ha sido argumento de diputados y senadores de oposición: “voté a favor porque la reforma beneficia a México”. Para corroborarlo es suficiente con revisar el Diario de los Debates o la Hemeroteca Nacional. Volver a leer la prensa escrita que ha consignado los acuerdos y las declaraciones de legisladores para justificar el sentido de su voto.
Cierto, hay casos en que la mayoría calificada se ha logrado en medio de escándalos, reproches para opositores que han cedido su voto bajo la sospecha de un beneficio a cambio, compensaciones económicas, sobre todo. Hasta ahora, ninguna probada.
También ha trascendido, en varias legislaturas, que diputados de la misma mayoría recibieron estímulos económicos por avalar alguna reforma que para el titular del poder Ejecutivo era trascendental. Tampoco se ha podido probar y mucho menos alguno de los legisladores ha confesado que lo premiaron de esa manera.
Rafael Aguilar Talamantes (QEPD), del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, fue un diputado polémico. Su partido acusado de servir al poder en turno. Llegó al extremo de tener que soportar que compañeros de la bancada opositora le aventara monedas cerca de su asiento.
Otra expresión utilizada para este tipo de casos, cuando más de un opositor se sumaba a la votación de la mayoría por una reforma controvertida: “ya los maicearon”.
Abundaban críticas para desacreditar a votantes, nada más. Después, el tiempo se encargaba de echar al olvido el asunto, hasta que se presentara nueva propuesta de reforma constitucional que requiriera el voto de las diferentes fuerzas políticas representadas en las cámaras. O también para nombramientos que exigieran votación calificada.
En la actual legislatura, episodio reciente fue la aprobación de dos consejeros y dos consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE). Hubo necesidad, por ley, del voto de las dos terceras partes de los diputados. Prevaleció el consenso, casi la unanimidad.
La historia demuestra que alcanzar la mayoría calificada es posible, aun cuando un solo partido no la tenga.