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COMIENZA TERROR EN EU

El presidente Trump ha ordenado a su Administra­ción aplicar de manera más agresiva las leyes de inmigració­n, desatando la fuerza del Gobierno Federal para encontrar, detener y deportar a los que viven en el País de manera ilegal.

- RON NIXON Y MICHAEL D. SHEAR The New York Times / Washington

El presidente Trump ha ordenado a su administra­ción que aplique de manera más agresiva las leyes de inmigració­n, desatando la fuerza del gobierno federal para encontrar, detener y deportar a los que viven en el País de manera ilegal, independie­ntemente de si han cometido crímenes graves o no.

El Departamen­to de Seguridad Nacional emitió ayer una serie de documentos que convierten en políticas las órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump sobre inmigració­n y seguridad fronteriza, lo que supone un cambio importante respecto de la forma en que se hacen cumplir las leyes de inmigració­n.

Estos documentos revelaron el amplio alcance de las ambiciones del Presidente: difundir los crímenes de inmigrante­s, encargar a los oficiales de policía locales del cumplimien­to de nuevas políticas, despojar a inmigrante­s de derechos de privacidad, construir nuevas instalacio­nes de detención, desalentar a solicitant­es de asilo y, en última instancia, acelerar deportacio­nes.

Las nuevas normas llevan a la práctica el discurso incendiari­o que utilizó Trump durante la campaña electoral, pues amplían la definición de “extranjero­s criminales” y advierte que tales inmigrante­s no autorizado­s “victimizan rutinariam­ente a los estadounid­enses”, desprecian el “estado de derecho y representa­n una amenaza” para Estados Unidos.

Bajo la administra­ción de Obama, los inmigrante­s indocument­ados condenados por crímenes serios eran la prioridad durante los procesos de deportació­n. Ahora, los agentes de inmigració­n, oficiales de aduanas y efectivos de la patrulla fronteriza han recibido la orden de detener a cualquier persona convicta por cualquier delito.

Eso incluye a personas condenadas por fraude en cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamen­tal y a quienes “han

PLAN MIGRATORIO DE TRUMP

“El Departamen­to de Seguridad Nacional no excluirá clases o categorías de extranjero­s en la implementa­ción de la ley. Todos aquellos que violen las leyes de inmigració­n podrán ser deportados”.

abusado de cualquier programa relacionad­o con la recepción de beneficios públicos”.

La política también implica una expansión de las deportacio­nes rápidas, lo que permite que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) deporten a más personas. Bajo la administra­ción de Obama, las deportacio­nes expeditas solo fueron utilizadas dentro de un límite de 160 kilómetros de la frontera para gente que había estado en el País por un periodo no mayor a los 14 días. Ahora incluirá a quienes han residido en el País hasta por dos años, y podrán ser detenidos en cualquier estado del País.

El cambio en las prioridade­s de aplicación exigirá un aumento considerab­le de recursos. Con un número estimado de 11 millones de indocument­ados, el gobierno ha tenido que ajustar sus prioridade­s debido a las limitacion­es en la dotación de personal y dinero. El presidente Trump todavía no ha explicado de dónde saldrán los recursos necesarios para implementa­r las nuevas políticas.

En los documentos de orientació­n emitidos el martes, se instruye el inicio del proceso de contrataci­ón de 10 mil nuevos agentes de inmigració­n y aduanas, la ampliación del número de centros de detención y la creación de una oficina dentro del Servicio de Inmigració­n y Aduanas que ayude a las familias de los asesinados por inmigrante­s indocument­ados. Trump hizo que algunos de esos familiares hablaran en sus mítines durante la campaña, y varios estuvieron presentes cuando firmó la orden ejecutiva sobre inmigració­n en el Departamen­to de Seguridad Nacional.

Las directivas también le ordenan al ICE, así como al servicio de aduanas y la Patrulla Fronteriza, volver a implementa­r un programa que recluta a oficiales y alguaciles de la policía local para ayudar con las deportacio­nes, convirtién­dolos en agentes de inmigració­n de facto. Esa política, conocida como el programa 287g, fue reducida durante el gobierno de Obama.

El programa no cuenta con el apoyo de muchos estados y decenas de las ciudades santuario, que se han negado a permitir que sus agentes de la ley ayuden a detener a los individuos indocument­ados.

Ayer, los funcionari­os del Departamen­to de Seguridad Nacional declararon que las nuevas directivas están destinadas a utilizar mejor las herramient­as que el Congreso de Estados Unidos le otorgó a ese departamen­to para acabar con la inmigració­n ilegal. Los oficiales, hablando bajo la condición de anonimato, subrayaron que algunas de las propuestas serán implementa­das lentamente mientras el departamen­to actualiza las reglas logísticas y legales para realizar acciones más agresivas.

En particular, los funcionari­os dijeron que la deportació­n de refugiados centroamer­icanos a México para esperar las audiencias, se realizará de forma limitada y solo después de conversar con el gobierno de México, que probableme­nte tendrá que aceptarlos como refugiados.

También aclararon que las directivas no cambian el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que proporcion­a permisos de trabajo y protección de deportació­n para los jóvenes conocidos como dreamers.

Los funcionari­os aseguraron que el departamen­to tiene la intención de cumplir la promesa de Trump de que las leyes de inmigració­n serán aplicadas al máximo, lo que marca una significat­iva diferencia con los procedimie­ntos establecid­os por el ex presidente Barack Obama.

Esa promesa ha generado temor y enojo en la comunidad de inmigrante­s, y sus defensores han advertido que el nuevo enfoque es una amenaza para muchos indocument­ados que hasta hace poco no corrían el riesgo de ser deportados.

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Fotos: The New York Times Mexicanos esperan. A ser atendidos en el Consulado en Nueva York, que está muy concurrido desde el inicio de la Administra­ción Trump.
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Una mujer camina con su hijo. Por las calles de San Pedro Sula, Honduras, tras haber sido deportada desde Estados Unidos.
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Un indocument­ado esposado. Espera su deportació­n en un centro de detención en Texas.

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