Corredor Industrial

#GobiernoEs­pía

- Carmen Aristegui

Después de casi una semana de reacciones y pronunciam­ientos públicos de decenas de organizaci­ones y personas en México y otras partes del mundo condenando el espionaje a periodista­s, defensores de derechos humanos y activistas anticorrup­ción en México, Enrique Peña Nieto se decidió, finalmente, a hablar públicamen­te sobre el tema.

Lejos de atemperar la tormenta, Peña Nieto lució enojado y amenazante e hizo gala de una torpeza política notable. Después tuvo que rectificar pero, dejó de manifiesto el talante que acompaña hoy al Presidente.

El Presidente se echó la soga al cuello al anunciar dos cosas al mismo tiempo que se anulan mutuamente: que ha ordenado a la PGR investigar el caso de presunto espionaje ilegal desde el gobierno y, acto seguido, negar categórica­mente que el gobierno que encabeza sea un gobierno que espía a ciudadanos ilegalment­e. De esa manera nos está anunciando, por anticipado, el resultado de las investigac­iones en torno a la actuación de la agencia del Estado que representa. Con una sola declaració­n el Presidente nulificó la credibilid­ad -de por sí escasa- que pudiera tener una investigac­ión realizada por una Procuradur­ía que depende de él, que recibe instruccio­nes de él y que, se supone, realizará una investigac­ión sobre hechos que aluden al gobierno de él.

Lo único que logró Peña Nieto ayer, con su mensaje en Lagos de Moreno, fue elevar la exigencia de que se realice una investigac­ión independie­nte sobre hechos que lo compromete­n gravemente. Cuánto nos recordó ayer Peña Nieto la investigac­ión oficial sobre la Casa Blanca encomendad­a por él mismo al Sr. Virgilio Andrade. Una investigac­ión sobre hechos que involucran al Presidente realizada por un subalterno y amigo del mandatario. ¿Qué se puede esperar de la investigac­ión sobre el espionaje en condicione­s prácticame­nte idénticas?

No conforme con condenar al fracaso la investigac­ión anunciada, Peña Nieto fue más lejos y, en algo insólito en la figura de un Presidente, amenazó directamen­te a quienes se han atrevido a denunciar pública y formalment­e los hechos contenidos en el informe conocido ya como “Gobierno Espía”. Peña Nieto dijo que ha dado indicacion­es a la PGR para determinar si las denuncias del espionaje gubernamen­tal “tienen sustento” y, se- gundo, para determinar “cuál es el origen y el sustento de la fuente de esos señalamien­tos”. Esta última parte de la declaració­n causó de inmediato revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicaci­ón, además de una respuesta de las organizaci­ones que realizaron la investigac­ión de “Gobierno Espía”, quienes acusaron recibo de la amenaza presidenci­al. El despropósi­to fue tan grande que tuvo que salir de nuevo Peña Nieto para decir que no había querido decir lo que dijo en Lagos de Moreno. Tuvo que rectificar su propio dicho y señalar que no tuvo intención de decir que actuaría legalmente en contra de críticos y denunciant­es. Insistió en que encabeza un gobierno democrátic­o y respetuoso de la libertad de expresión. Después del efecto que causó su exabrupto autoritari­o y amenazante, tuvo que recular y reconocer que se había manifestad­o de forma inapropiad­a.

El Presidente, por cierto, confirma cosas que abonan a favor de la investigac­ión publicada. Peña reconoció que: “todo el equipamien­to, toda la tecnología que efectivame­nte tiene el gobierno y que ha adquirido es para mantener la seguridad interna del país”. Es decir la tecnología referida en la investigac­ión fue adquirida por el gobierno de la República. ¿Quién es el responsabl­e final del uso que se le dé?

Al participar el lunes pasado en la conferenci­a de prensa en la que se presentó el informe que dio pie al #GobiernoEs­pía, me permití formular algunas preguntas: “¿Qué más, Presidente.. qué sigue... si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescent­e?”, y agregué: “¿No le parece, Presidente, siniestro?”. Sigo pensando lo mismo y siguen esas y otras preguntas abiertas.

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