Quedan en libertad
Empresarios y políticos vinculados con el detenido ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, están libres e incluso algunos han sido soltados por autoridades de Estados Unidos o México.
El empresario Fernando Cano, el principal operador de Yarrington, fue detenido el 9 de febrero de 2017 en Nuevo León y liberado horas después, a pesar de que es requerido por autoridades de Estados Unidos.
Antonio Peña Argüelles fue detenido en febrero de 2012 en San Antonio, acusado de lavado de dinero y ser el vínculo de Yarrington con el Cártel del Golfo y los Zetas, pero quedó libre en 2014 tras declararse culpable.
Peña es testigo protegido de la PGR y ha colaborado con los fiscales de EU en la investigación contra Yarrington.
El ferretero Napoleón Rodríguez fue detenido el 25 de mayo de 2012 por la PGR, tras ser señalado como prestanombres y tres meses después quedó en libertad por falta de pruebas.
Daniel Sampayo, secretario particular de Yarrington, fue señalado como su prestanombres, aunque siguió su carrera como diputado y funcionario tamaulipeco, mientras que buscó ser candidato a Alcalde de Matamoros por la coalición Juntos Haremos Historia.
Entre otros de los vinculados con Yarrington y que están en libertad figuran Pablo Zárate, y Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario de Egresos de Tamaulipas, ambos señalados como presuntos prestanombres.
Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como “El Rey de los Dragones”, fue liberado en Texas e hizo un acuerdo con las autoridades.
Pierde amparo operador
La PGR informó a un juez federal que mantiene abierta una investigación por lavado de dinero contra Eduardo Rodríguez Berlanga “La Conga”, presunto prestanombres de Yarrington y también testigo protegido.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada emitió acuerdo donde establece que no ha prescrito delito de lavado contra Rodríguez, es decir, que no ha vencido plazo legal para perseguir y castigar tal ilícito.
Este acuerdo fue dictado el 16 de marzo por la SEIDO y notificado a Jesús Chávez Hernández, juez décimo tercero de distrito en amparo penal, ante quien “La Conga” había presentado una demanda de garantías.
El oficio de la subprocuraduría fue emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo del octavo tribunal colegiado penal, que otorgó un amparo a Rodríguez para que la autoridad ministerial se pronunciara sobre la prescripción del delito.
La averiguación previa contra Rodríguez tiene el número UEIORPIFAM/ AP/089/2016 y está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, dependiente de la SEIDO.