Prohíben sacar bienes
juez federal prohibió a la Fiscalía de Veracruz sustraer los bienes muebles que se encuentran dentro de los tres ranchos que aseguró a familiares de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública.
Jesús Arturo Cuéllar Díaz, Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, suspendió provisionalmente cualquier intento de remate o transmisión de la propiedad de los inmuebles de los que es dueña María Guadalupe Zurita García y Miguel Ángel Bermúdez Zurita, madre y hermano del acusado.
Los inmuebles en cuestión son El Plan de Aguacate, El Salto y un predio ubicado en la Congregación de Lomas de Potrillo, todos en el Muni- de Naolinco. A los tres se les conoce con una sola denominación, el rancho La Cartuja.
Los dos primeros terrenos pertenecen a Zurita y el otro a su hijo.
En el amparo 305/2018, el juez Cuéllar instruyó dejar los bienes que están dentro de los terrenos bajo la más estricta responsabilidad de cuidado de la Fiscalía, con el propósito de evitar su maltrato, deterioro o pérdida.
La única salvedad es que los objetos estén vinculados con hechos delictuosos o se trate de sustancias u objetos prohibidos, de los cuales se deba disponer para el desarrollo de la investigación.
Dicha medida protectora estará vigente al menos hasta el 23 de abril próximo, fecha en que el juez definirá si concede o no la suspensión definitiva.
Los inmuebles fueron asegurados el pasado 23 de marzo por la Fiscalía Estatal, con base en una orden de cateo girada por un Juez de Control de Pacho Viejo, como parte de la carpeta de investigación FGE/FIM/1174/2018 iniciada contra el ex jefe de la SSP.
Según el documento judicial consultado, la madre del acusado envió a abogados con poderes notariales a los ranchos, en el momento del operativo, pero las autoridades no les permitieron el acceso.
La quejosa señala en el amparo que si bien el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció esta acción policiaca el 26 de marzo y divulgó el contenido de la diligencia, mostrando imágenes y relatando lo hallado en los inmuebles, ella no ha recibido alguna notificación alguna para ejercer sus derechos.
Ante el juzgado de amparo, los propietarios presentaron documentos que refieren que el predio de la Congregación de Lomas de Potrillo fue adquirido en un contrato con garantía hipotecaria por un monto de 20 millones de pesos en agosto de 2010.