En riesgo enfermos por falta de medicinas
» Advierten que vetar a empresas que surtieron a las instituciones pone en riesgo la salud de los pacientes
Están en riesgo los enfermos de padecimientos crónicos o degenerativos debido a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de vetar a tres empresas farmacéuticas que durante años surtieron a las instituciones de salud pública.
La compra masiva de medicinas instrumentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incuba un desabasto y pone en riesgo la salud de quienes las necesitan, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, según advierten instancias oficiales y asociaciones civiles de personas que padecen este tipo de problemas de salud.
Sin bien la decisión de vetar a tres empresas farmacéuticas que durante años surtieron a las instituciones de salud pública tiene como propósito explícito combatir la corrupción y ahorrar recursos en la obtención de los fármacos, es probable que cause efectos imprevistos, de acuerdo con las fuentes y documentos consultados por Proceso.
En un memorándum del 20 de marzo último, clave Presidencia-009/03/20/19, dirigido a Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente López Obrador indicó que en 2018 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) y Farmacéuticos Maypo vendieron 34 mil 280 millones de pesos a ISSSTE e IMSS, equivalente a 62% de las adquisiciones de ambas instituciones ese año.
“Este hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”, sostuvo López Obrador en ese documento de una página que fue enviado con copia a Carlos Urzúa, Jorge Alcocer e Irma Eréndira Sandoval, secretarios de Hacienda, Salud y de la Función Pública, respectivamente.
El Mandatario pidió a Buenrostro que, en consecuencia, vete la participación de esas tres firmas en licitaciones o adjudicaciones directas “de conformidad con la legalidad en la materia” y “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
El plan del gobierno es recibir las medicinas en julio, pero es probable que ese plazo provoque un vacío de aprovisionamiento que afectará a los derechohabientes del sector salud.
Dotarán de medicamentos
El cronograma de la SHCP para la adquisición de fármacos, al cual tuvo acceso este semanario, estipula que la publicación del proyecto de convocatoria sería entre el 26 de abril y el 13 de mayo. Hasta el viernes 5, ese paso no se había completado.
La administración lopezobradorista propone la compra consolidada de medicamentos –convocatoria que lanzan colectivamente dos o más instituciones– para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), la Secretaría de Salud (SS), el IMSS y el ISSSTE. En la siguiente etapa, la intención es incorporar a Pemex y las secretarías de Defensa y de Marina para dotarlas de medicinas.
En respuesta a la solicitud de veto presidencial, Dimesa –que es parte de Grupo PISA–, publicó un desplegado el 12 de abril pasado en el periódico Reforma en el cual arguyó que el corporativo genera 20 mil empleos directos, opera 16 plantas que fabrican mil 600 productos genéricos y material de curación para el sector salud, exportados a 15 países del Continente Americano.
Firmado por Óscar Osorio Arechavaleta, director general de PISA, el grupo asegura que seguirá invirtiendo en México “para atender las demandas que su gobierno ha ofrecido a la población”.
A su vez, Grufesa interpuso un amparo el 11 de abril ante el juez décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni, quien le concedió suspensión definitiva ante cualquier prohibición administrativa, por lo cual la SHCP tiene que incluirla en la nueva licitación sanitaria.
En su resolución, consultada por Proceso, el juzgador advirtió la inexistencia de “indicio alguno de que se haya iniciado en su contra algún procedimiento” derivado del oficio de López Obrador. Migoni recordó que es la Comisión Federal de Competencia (Cofece) la responsable de indagar la operación de monopolios.