Aprueban Congreso sanciones contra lavado de dinero.
El pleno del Congreso local aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal que plantea la incorporación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado lavado de dinero.
La propuesta contempla sanciones de entre cinco y hasta 15 años de prisión y de 50 a 150 días de multa para quien “adquiera, enajene, administre, custodie, use, posea, altere, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio del estado o desde éste hacia afuera o a la inversa recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que procede o representan el producto de una actividad ilícita”.
También se consideran las mismas sanciones para quien “oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita”.
Además, contempla que se aplicarán de tres a 10 años de prisión y de 30 a 100 días multa a quien mediante el asesoramiento profesional o técnico a otro, fomente, preste ayuda, auxilio o colaboración para la comisión del delito en mención.
Se prevé un aumento de la pena de un tercio del mínimo a un tercio del máximo, si el que participa en estos delitos es un servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, investigación o persecución del delito; y la mitad si quien la realiza utiliza para cualquier fin a personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
La presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Cristina Márquez Alcalá, aseguró que la incorporación de estos nuevos delitos es efectiva, porque busca el menoscabo en el abastecimiento de recursos económicos de grupos criminales.
Señaló que en Guanajuato no había alguna norma que sancionara las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo se sancionaba la comisión de un delito.
Antes de esta reforma se preveía el decomiso de bienes derivados de la comisión de ilícitos, pero el flujo de dinero no estaba incluido dentro de los bienes que se pudieran decomisar.
“La tipificación penal de los hechos motivados por operaciones con recursos de procedencia ilícita es fundamental para combatir a los grupos criminales, como legisladores ésta es la manera en la que podemos contribuir, con acciones concretas, a solucionar los problemas de seguridad de nuestro estado”, dijo.