¡Ya! ¡Basta!

Desde la parte final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el crimen organizado, fundamentalmente las bandas criminales a las que se les ha venido dando la denominación de cárteles, salieron violentamente a pelear entre ellos el dominio de territorios en nuestro país para establecer en estos de manera amplia el cultivo de la mariguana y de la amapola, así como asegurar las rutas de traslado de la producción, principalmente hacia los Estados Unidos, para después también tomar el control del narcomenudeo; los muertos y heridos por esa pugna fueron aumentando cada vez más y más.

Ante eso, el mencionado presidente sacó a las calles al Ejército para combatir a los cárteles de la droga, que además ya estaban incursionando en la extorsión y secuestro. En aquella época las zonas más violentas se encontraban en el estado de Michoacán y prácticamente en toda la frontera, es decir Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, por mencionar solamente algunos estados.

El ejército no estaba capacitado para esas labores policiales y aunque utilizó también la violencia no logró contener las actividades criminales citadas. La consecuencia fue que el crimen organizado se extendió, y aunque disminuía en ciertos estados, en otros aumentaba. Se trató de capacitar al ejército y también se formularon planes para hacer lo mismo con las policías estatales y municipales.

Prácticamente, a la fecha, aunque se han invertido recursos, han aumentado los efectivos policiales y militares, los resultados no han sido buenos. Por el contrario, se han incrementado los aspectos negativos. Actualmente la violencia es generalizada en la república, fundamentalmente en lo que toca a la pelea entre los cárteles, pero ahora también con la policía y las fuerzas del orden, a las que se les ataca y matan a sus elementos con una frecuencia que espanta.

Estados y zonas que desde entonces eran violentas en su mayoría se han mantenido así, como es el caso de Michoacán y Guerrero, pero, además otras que no lo eran en grado importante ahora lo son, como es el caso de nuestro estado, Guanajuato. Muy pocos se salvan, pueden contarse con los dedos de una mano, aunque eso no quiere decir que la violencia en ellos esté ausente.

Una de las promesas de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la violencia y la criminalidad en nuestro país. En la actualidad a 19 meses de haber iniciado su periodo presidencial el antes mencionado no ha cumplido; pero lo más lamentable es que no parece que pueda cumplir, no obstante que todavía le quedan un poco más de cuatro años en la presidencia. Esto, a menos que haga un cambio radical en la concepción que tiene de cómo debe combatirse al crimen organizado y a la violencia que este desarrolló como instrumento fundamental para conseguir sus propósitos.

La Guardia Nacional, que todos sabemos es un apéndice del Ejército y de la Marina disfrazado de fuerza armada civil, que debe servir de apoyo federal a las policías estatales y municipales hasta el momento casi ha fracasado, si bien eso podría cambiar en el futuro. Las instituciones policiales estatales y municipales en su mayoría también son ineficaces.

No se ve que las cosas puedan cambiar para mejorar en un futuro mediato, y lo triste es que, tampoco en lo lejano. El panorama no es bueno, porque quien debiera impulsar realmente el cambio no lo hace. Independientemente de aquellas frases presidenciales, casi burlonas, de que a la violencia no se le combate con balazos sino con abrazos y besos, la realidad es que cuando el presidente se refiere a los hechos violentos que brotan cotidianamente en uno y en otro estado, lo hace con cierta dejadez y no exige, con la energía que debiera hacerlo, buenos resultados en su labor a los mandos de los organismos de seguridad pública federal.

No obstante, los fracasos de estos y de su gabinete de seguridad, nadie se mueve. Cuando las fuerzas armadas federales quedan en ridículo, como en el caso de Culiacán ocurrido hace algunos meses, solapa su ineficiencia y protege a los altos mandos, hasta el grado de aceptar que él fue el responsable de ese ridículo, como lo hizo hace unos cuantos días al admitir que él dio la orden de libertad al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, y que el retiro de las fuerzas que lo habían capturado partió de él directamente, y no se limitó sólo a sancionar lo decidido por el gabinete de seguridad.

En últimas fechas, ante el incremento de la violencia en algunos estados, echó la culpa a los gobernadores y no aceptó la que corresponde a la Federación. Específicamente, de Guanajuato dice que se ha tolerado a los criminales que actúan en el estado con una casi total impunidad. Ciertamente en Guanajuato las cosas no están bien, pero no es sólo culpa local, también es federal en una parte muy importante.

Los delitos que generan la mayor parte de la violencia son en el fondo federales y eso no se quiere admitir. Los miles de muertos, incluidos los policías, sus mandos medios y uno que otro de alto nivel en el ámbito de la seguridad, en lo que va de este sexenio, no le pesan al presidente, la culpa es ajena, ni siquiera lo contrista el asesinato de un Juez Federal.

En la madrugada del viernes pasado se atentó contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Desde hace más de un par de años las balaceras entre miembros de bandas criminales y con la policía llegaron también a la Ciudad de México. Pero esto parece que no causó mucha preocupación. Ahora, ese atentado es mucho más grave en todos los sentidos, si bien afortunadamente el Secretario no murió, sí lamentablemente fallecieron otras personas, y es un mensaje para indicar quién manda, dirigido, indudablemente, a nuestro Presidente. Lo pone en ridículo, como también a las autoridades de Seguridad Pública, no obstante que a los autores materiales se les lleve a juicio. Los jefes seguirán libres y mandando.

Las vidas de todos los muertos por esa violencia y las de los que seguramente adelante caerán, si esto no se para, debiera ser suficiente razón para unir fuerzas con las autoridades locales dejando a un lado la política y el afán de poder. Debiera ser suficiente, también, para que todos los mexicanos, dejando a un lado las diferencias que nos separan, sobre todo las políticas, digamos a las autoridades ¡Ya! ¡Basta! Pero…