No podemos seguir así
La vida no era así en Guanajuato. Nunca tuvimos más de 300 homicidios dolosos por año hasta el 2010 cuando comenzó una escalada imparable de muertos, masacres y desapariciones forzadas. El primer semestre de 2020 termina con más de 2 mil 263 asesinatos. Un 28% más que en 2019. Debemos reconocerlo para remediarlo.
En la estructura formal de gobierno, los diputados nombran al responsable de la Fiscalía de Justicia pero la realidad no es así. En el Congreso de Guanajuato, de mayoría panista, se reconoce una sola voz, la del gobernador en turno. Nuestros representantes ni siquiera se atreven a ponerlo en duda. Todo funciona igualito que cuando gobernaba el PRI. Si el fiscal Carlos Zamarripa
dice que la criminalidad no es su tarea, tiene razón. Si el poder nombrarlo o removerlo está en manos del gobernador, la responsabilidad de la justicia y la seguridad es de Diego Sinhue Rodríguez.
No hay tres poderes reales en la simulación democrática que vivimos. El contrapeso —ya muy grande e insostenible— son los números del horror, y claro, la fuerza de quienes desafían al estado con armas y ataques a personas e instituciones.
El lunes, el presidente López Obrador expresó algo que en Guanajuato se dice en todas partes, incluso al interior del propio equipo de Diego Sinhue: se necesitan cambios de estrategia o de quienes la ejecutan. Tal vez urgen las dos cosas. “Doce años son muchos para un fiscal”, dijo el Mandatario en su mañanera.
Si Guanajuato estuviera en paz como Yucatán a nadie le preocuparía la permanencia de varios años del fiscal o del secretario de seguridad, pero el deterioro creciente de la gobernación nunca había estado peor. Celaya está hecha pedazos, sumergida en la violencia y abandonada a su suerte. La pobre alcaldesa Elvira Paniagua no puede ya ni con su alma y suplica ayuda de quien sea. Al ritmo que va, la ciudad superará los 120 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Una desgracia.
Ayer el fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, deslizó a Joaquín López Doriga la noticia de que investigaría el desempeño del fiscal Zamarripa. Una declaración fuerte que lo enfrenta con Guanajuato.
Tanto en la Secretaría de Gobernación como en la de Seguridad Pública dicen tener largos expedientes sobre irregularidades de los funcionarios públicos guanajuatenses. Hace unos meses aseguraron que los habían mostrado a Diego Sinhue y que nada cambió.
Es deber de cualquier autoridad investigar y denunciar conductas delictivas. Si López Obrador dice que aquí hay “transa y corrupción”, valdría la pena que nos hiciera saber a los ciudadanos dónde y cómo se dan esos delitos y cómo los enfrentará su administración.
Desde el Gobierno estatal defienden al Fiscal como “el más competente” según el FBI y otros expertos. Desgraciadamente los números dicen que hay un fracaso y un desaliento al ver decenas de policías asesinados, jóvenes estudiantes inocentes ejecutados, mujeres encinta sacrificadas y niños acribillados en la violencia incontenible.
Guanajuato no puede seguir así, lo tiene que entender el Gobernador. Reclamamos con razón los errores, las pifias de la Federación; el poder concentrado en el Presidente que disminuye las instituciones y la democracia que tanto sacrificio costó construir. También en nuestro estado necesitamos sentir que no es un solo hombre quien decide todo, o peor aún, la sombra extendida de Miguel Márquez Márquez o alguna mano oscura la que pidió sostener desde antes y contra todo uso de razón, lo que ya no funciona desde hace mucho tiempo y ha costado muchas vidas.