Casetas tomadas
El viernes pasado, 9 de octubre, fui a Cuernavaca desde la Ciudad de México. La caseta de Tlalpan, como ya se ha vuelto costumbre, estaba tomada por encapuchados. Estos no mostraban pancartas ni presentaban exigencias políticas. Simplemente cobraban por cruzar, como negocio. Un pequeño grupo de elementos de la Guardia Nacional estaba al pendiente a cierta distancia, pero sin hacer ningún intento por detener el robo de peajes que estaba teniendo lugar frente a ellos. Gracias a que yo iba en motocicleta, pude cruzar sin pagar y evadirme, cosa que los conductores de automóviles, autobuses o camiones no podían hacer.
El domingo 11 de octubre regresé a la Ciudad de México. Una vez más la caseta de Tlalpan estaba tomada por encapuchados, no sé si los mismos u otros. También me escapé en la motocicleta, pero los conductores de otros vehículos no tenían más opción que pagar el tributo que se les exigía.
El presidente López Obrador no parece tener mucha idea de lo que está ocurriendo en las casetas. Apenas el pasado 21 de septiembre se vanagloriaba del éxito de su Gobierno para evitar los robos de peajes. “Desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados. No había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas y se están ahora evitando estas tomas, y ya se está recuperando lo que se perdía, lo que perdía la hacienda pública, lo que perdía el pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, por eso es dinero sagrado, lo tenemos que cuidar más”.
Según el Presidente, desde el 28 de junio de 2019 hasta el 21 de septiembre de 2020 su Gobierno
“ha impedido la pérdida” de 7,019 millones de pesos en tomas de casetas de peaje. Es curioso. Mi impresión es que estas acciones, que lastiman al erario y a las empresas concesionarias, no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado de manera muy importante, y con la complicidad o negligencia de la Guardia Nacional.
La Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada originalmente por Lázaro Cárdenas, es bastante clara. Establece en su artículo 533 una sanción de tres meses a siete años de prisión y multas de 100 a 500 veces el salario mínimo a quienes “dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte”.
Las facultades le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la jurisdicción es federal. La Guardia Nacional es la fuerza pública que debe intervenir a petición de la SCT. Los funcionarios de la SCT están obligados a tomar medidas para liberar las casetas y a presentar demandas para castigar las faltas. La omisión es causa de responsabilidades legales. El actual Gobierno, sin embargo, no parece preocuparse por aplicar la ley. Por otra parte, no sabemos que haya habido consecuencias para algún funcionario por haber sido omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades.
El propio Presidente reconoce el daño que estos robos ocasionan y dice que ha tomado medidas para evitar la toma de casetas. Pero basta con darse una vuelta por las casetas del país para entender que los encapuchados tienen otros datos.
Constructor
Guillermo Soberón, rector de la UNAM y secretario de salud, fue un constructor de instituciones, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es importante recordarlo en un momento en que el Gobierno parece empeñado en destruir instituciones, como los fideicomisos que han servido de sustento a la investigación científica en el país.
“Aprovecho para decirles a quienes están tomando esas casetas que ya se terminó este asunto completamente irregular”.
El presidente López Obrador no parece tener mucha idea de lo que está ocurriendo en las casetas. Apenas el pasado 21 de septiembre se vanagloriaba del éxito de su Gobierno para evitar los robos de peajes.