Endurecen pena contra extorsión
» Avalan diputados modificar el Código Penal Federal para incrementar los castigos contra quienes cometan dicho delito, considerado de alto impacto
Con 382 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas para aumentar las penas por el delito de extorsión e incluirlo en el catálogo de ilícitos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Los diputados aprobaron modificaciones al artículo 390 del Código Penal Federal para establecer que la pena de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa, actualmente establecidas para este delito, se incrementen hasta en una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima o si ésta es menor de edad, mayor de 60 años o tiene alguna discapacidad.
Dicha reforma establece que las penas aumentarán hasta en una mitad si la extorsión se realiza mediante violencia física, psicológica o moral.
Además, duplica el periodo de inhabilitación cuando dicho delito sea cometido por una asociación delictuosa, por un servidor o ex servidor público o por un miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, al establecer que éste será de entre uno y 10 años.
La diputada del PRD, Mónica Bautista, advirtió que la extorsión es el segundo delito del orden común más cometido en el País, después del salto a mano armada a transeúnte o en transporte público.
Bautista indicó que se trata de un delito de alto impacto y uno de los más frecuentemente cometidos desde los centros penitenciarios del País.
Señaló que entre enero de 2019 y febrero de 2020 se registraron 11 mil llamadas de personas que denunciaron ser víctimas de extorsión. No obstante, dijo, este número no corresponde con las carpetas de investigación, que ascienden a sólo mil 247.
La perredista indicó que se estima que en 2018 este delito generó ingresos para los grupos criminales por alrededor de 12 mil millones de pesos, cifra que equivale a los dos fondos de seguridad para los estados; es decir, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
La diputada del PES, Adriana Lozano, advirtió que la reforma es apenas un paso en el largo camino para darle a México la seguridad que se merece, ya que el mensaje no está en el aumento de penas, sino en las detenciones y la sanciones a los culpables.