El efecto tóxico de Cienfuegos
Hace casi un cuarto de siglo, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, dio una conferencia para anunciar uno de los más duros golpes a las Fuerzas Armadas mexicanas en su historia reciente: la detención por vínculos con el narcotráfico de uno de los generales más reconocidos del Ejército, Jesús Gutiérrez Rebollo, recién nombrado jefe del Instituto Nacional de Combate a las Drogas.
Pero no fue una conferencia nada más con periodistas. Cervantes Aguirre se hizo rodear por generales en activo y retirados para hacer menos amargo el trago de saber que uno de los suyos había ido a dar a la cárcel por ayudar a narcos. No pocos notaron como paradoja la presencia en primerísima fila de Juan Arévalo Gardoqui, titular de la Defensa Nacional en la década de los 80 y durante años sospechoso de vínculos con el cártel de Guadalajara, la primera gran organización de narcotráfico en México que floreció justo cuando Arévalo comandaba el Ejército mexicano.
Hasta la muerte de Arévalo Gardoqui se especuló que la propia institución militar lo arropó y evitó que viajara a Estados Unidos para no ser sujeto a proceso. Uno de sus sucesores, el general Salvador Cienfuegos, no corrió con la misma suerte y el jueves 15 de octubre fue detenido cuando bajaba del avión en el aeropuerto de Los Ángeles en un viaje con su familia, acusado también de vínculos con el narcotráfico.
El más duro golpe al Ejército mexicano presenta un pantano político para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su discurso de la cuarta transformación. No puede achacarlo a la corrupción del viejo régimen, a los “Gobiernos de antes” porque en este caso de trata del Ejército, donde los vasos comunicantes entre Cienfuegos y los actuales mandos son profundos.
Basta decir que los cinco integrantes de la plana mayor de la Defensa Nacional (Sedena) son generales que trabajaron muy de cerca con Cienfuegos y fueron sus subordinados como comandantes de regiones o zonas militares. Aunque se ha dicho que el general secretario Luis Crescencio Sandoval no estaba entre las recomendaciones de Cienfuegos a López Obrador para sucederlo en la Sedena, es un hecho que le tuvo la suficiente confianza a Sandoval como para hacerlo mando de la IV Región Militar que abarca Nuevo León y Tamaulipas y recomendarlo para que portara la tercera estrella de General de División.
Igual ocurre con el subsecretario de la Defensa, el Oficial Mayor, el jefe del Estado Mayor y el Inspector y Contralor General del Ejército, todos designados en mandos territoriales u operativos por Cienfuegos e impulsados por él para las estrellas de General de Brigada o de División.
Esto por supuesto no significa complicidad o colusión, pero sí es un golpe duro al discurso que López Obrador ha usado para justificar la creciente intervención del Ejército en seguridad pública o en áreas fuera de su competencia, como la construcción de un aeropuerto. López Obrador ha repetido que “el Ejército es bueno porque es pueblo”. La detención de Cienfuegos deja claro que el Ejército enfrenta problemas de corrupción como otros órganos del gobierno y que en este caso, al tener el servicio de carrera y el escalafón más sólidos de las instituciones del Estado mexicano, es más difícil cortar el vínculo con una manzana podrida.
Quizá por eso López Obrador fue irreconocible en su conferencia mañanera del viernes 16, menos de 12 horas del terremoto que causó la noticia del arresto. El polemista que fustiga contra la corrupción sin pruebas y sin respetar la presunción de inocencia, ahora fue parco, cauteloso, pidiendo esperar y aclarando que aquí en México no había sospechas del general.
La gestión de Cienfuegos al frente de la Defensa Nacional está llena de contrastes. Fue el secretario que buscó ocultar las ejecuciones de Tlatlaya a manos de tropas y que resistió explicar a cabalidad la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pero fue también uno de los artífices del Mando Especial de La Laguna, que logró la recuperación de la seguridad en esa zona del norte de México, uno de los pocos casos de éxito del Gobierno de Enrique Peña Nieto y uno que ha sido elogiado incluso por este Gobierno.
Aunque en principio se interpreta como un golpe a Enrique Peña Nieto, la investigación en Estados Unidos parece tocar más allá, pues al formar parte de la llamada “operación padrino” que investiga al cártel de los Beltrán Leyva, la lupa se había puesto desde que Cienfuegos fue comandante de la Novena Región Militar (estado de Guerrero) y la Primera Región Militar (Estado de México, Ciudad de México y Morelos), territorios con vasta presencia de ese grupo criminal. Esos mandos los tuvo hace una década, en el Gobierno de Felipe Calderón.
Como ha sido la norma en casos anteriores, en este también fue el Gobierno de Estados Unidos el que nos informa a los mexicanos de la podredumbre. No fue por Gobiernos mexicanos sino por el vecino que supimos las corruptelas de gobernadores como Humberto Moreira (Coahuila), Eugenio Hernández y Tomás Yarrington (Tamaulipas) o exfuncionarios como Genaro García Luna.
La gran duda ahora es si el presidente López Obrador cambiará su discurso en torno al Ejército y la marcha hacia la mayor militarización de actividades gubernamentales. El golpe a las Fuerzas Armadas es el más grande de su historia reciente y en un momento en el que el presidente la quiere presentar como la única institución exenta de corrupción. La realidad una vez más le estalló en la cara.