Marisela
El caso de Marisela Escobedo, minuciosamente narrado en el documental de Netflix, concentra y exhibe todas nuestras fallas: un sistema penal inexistente, que ni siquiera la introducción del sistema acusatorio logra redimir; policías tan ineficaces como corruptas...
No parece haber ninguna duda de la culpabilidad de Sergio Rafael Barraza Bocanegra: él mismo ha confesado el asesinato de su antigua pareja, Rubí Frayre, ha señalado el lugar en donde las autoridades han desenterrado su cuerpo e incluso, en la última oportunidad que tiene de hablar antes de ser sentenciado, le pide una torpe disculpa a la madre de ésta. Y entonces, después de un angustiante receso, los tres jueces deciden, por unanimidad, dejarlo libre por falta de pruebas. Enloquecida, Marisela Escobedo grita, aúlla y se arroja al piso en medio del pasmo de todos los que asisten al juicio —incluido el propio Barraza, quien ya se imaginaba condenado.
Todo resulta descorazonador e indignante en Las tres muertes de Marisela Escobedo (Carlos Pérez Osorio, 2020), una historia que resume, una vez más, la absoluta falta de justicia que prevalece en México, pero no hay duda de que el instante más dramático es justo el anterior. Para llegar allí y ante la ineficacia de la policía, Marisela y su familia ya habían tenido que encargarse de localizar a Barraza en Fresnillo, Zacatecas, quien solo así pudo ser procesado. Y nos hallamos, para colmo, en uno de los primeros juicios orales implantados en nuestro país a partir de la reforma del 2008, que en teoría garantiza una transparencia mucho mayor que el viejo sistema inquisitivo.
Y aun así los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga lo dejan libre. Su argumento: que la Procuraduría del Estado no acreditó debidamente su culpabilidad. Un caso más en el que la miopía —si no la corrupción— hace prevalecer la letra pequeña de la ley frente al más elemental acto de justicia. Poco importa que el tribunal de casación revoque su sentencia o que los propios jueces renuncien a sus puestos, Barraza no deja pasar la oportunidad para desaparecer, al tiempo que Marisela y su familia se embarcan en una nueva odisea, que los llevará hasta la Ciudad de México, para denunciar lo ocurrido e intentar localizar una vez más al prófugo.
Sorprendentemente, lo consiguen. Siguiendo el guion prototípico, el feminicida ha regresado a Fresnillo. Con un giro dramático: sin que sepamos cómo, se ha involucrado con el crimen organizado, al parecer con los Zetas que entonces asolan todo el norte del país, y ha logrado escalar en sus rangos hasta convertirse en una figura de peso. El operativo policiaco montado para capturarlo fracasa estrepitosamente y muy pronto Marisela y su familia se verán intimidados por este nuevo poder.
Ella, sin embargo, no se detiene y decide una nueva estrategia: plantarse frente al palacio de gobierno de Chihuahua en espera de que el nuevo fiscal y el gobernador César Duarte —hoy preso en Miami por haber saqueado brutalmente las arcas estatales— al fin les hagan caso. Y es allí, justo allí, a unos pasos de la sede de la mayor autoridad local, donde un sujeto la asesina. El colofón no es menos desasosegante y rocambolesco: contra las cuerdas, el Gobierno de Duarte afirma haber capturado al sicario, quien primero confiesa su crimen solo para luego desdecirse y afirmar que fue torturado. Entretanto, Barraza muere en Zacatecas en un enfrentamiento contra el Ejército mientras que su hermano, a quien la familia Escobar identifica como el verdadero asesino de Marisela, permanece en una prisión en Estados Unidos por robo agravado sin que México haya solicitado hasta el momento su testimonio.
El caso de Marisela Escobedo, minuciosamente narrado en el documental de Netflix, concentra y exhibe todas nuestras fallas: un sistema penal inexistente, que ni siquiera la introducción del sistema acusatorio logra redimir; policías tan ineficaces como corruptas; jueces obtusos o igualmente corruptos; un gobierno local absolutamente corrompido; y, detrás, la guerra contra el narco, que desde el 2006 no ha provocado más que violencia y corrupción, como comprueban las detenciones de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, responsables del combate al crimen organizado de Calderón y Peña Nieto. Desde la triple muerte de Marisela Escobedo, en 2010, en términos de justicia México sigue siendo un Estado fallido.