Beneficia Alcalde a su suegro
Revelan a favorecidos con camino irregular Toleran la obra en Guanajuato capital, descubren relaciones familiares
Guillermo Francisco Smith Guerrero, suegro del presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, es uno de los beneficiados con un camino ilegal construido en una zona de conservación ecológica.
El Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG) reveló ayer mediante un croquis de la zona, los nombres de los propietarios que tienen propiedades colindantes con el camino irregular.
Entre ellos están también Alejandro Vera Aceves, Antonio de la Peña Hernández y el Club Campestre de Guanajuato A.C.
A finales de septiembre, grupos ecologistas denunciaron la construcción ilegal de un camino de terracería que pasaba entre varios predios ubicados en la parte noroeste del Congreso del Estado.
Consideraron que se abría la puerta a una futura urbanización de una zona de preservación.
El 7 de octubre, mediante una video-denuncia llamada ‘Un arañazo a Guanajuato’, el OCDG se sumó al reclamo.
La respuesta de las autoridades sorprendió a todos, ya que aseguró que la obra podría regularizarse.
Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
aseguró que no se brindaría la información, por tratarse de datos personales.
Como la cercanía del camino hizo levantar sospechas sobre el Congreso del Estado, los diputados pidieron también explicaciones.
“En el municipio de Guanajuato no hay más autoridad que el gobierno municipal”, respondió Navarro, aseguró Carlos Arce Macías, en la colaboración que sobre el tema publico el domingo pasado en AM.
El Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG) consideró ayer que “El arañazo a Guanajuato” evidencia un conflicto de intereses por el parentesco del empresario Guillermo Smith y el alcalde Alejandro Navarro.
Señaló además que explica la opacidad con la que se ha tratado el asunto al interior de la administración municipal.
“La conducta de los funcionarios llegaría a extremos que se adentran en el ámbito penal, específicamente en el tráfico de influencias y la afectación al ordenamiento territorial”, apuntaron en su página de Facebook los activistas sociales.
Por su parte los diversos grupos ecologistas afirman que la carta síntesis del Programa de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, ubica a la zona como un área de preservación ecológica, y para urbanizar deberían de promover un cambio de uso de suelo aprobado por el Ayuntamiento, cosa que hasta ahora no ha habido.
Por parte de la autoridad municipal, Juan Carlos Delgado Zárate insiste en que la vialidad que se construyó sin permiso es regularizable, y solo impuso una multa de 12 mil 500 pesos para remediar el daño ecológico que se causó tras la deforestación de cactáceas y árboles.
Por lo que los grupos sociales piden la destitución inmediata del funcionario y la rendición de cuentas de parte del Presidente Municipal, ya que consideran que encubre los intereses de su suegro.
La semana pasada, al explicar la falta de respuesta de las autoridades municipales, el secretario del Congreso local, Ricardo Narváez Martínez, señaló que en la última reunión de la Junta de Gobierno, los diputados insistieron en la necesidad de aclarar la situación y si se siguieron los protocolos para cuidar la zona, en la que resalta una gran cantidad de vegetación.
“Están preocupados porque se sigan los protocolos y todos los cuidados en cuanto a la protección del medio ambiente, es lo que comentaron; la inquietud que también tuvieron anteriormente era ver si alguien había autorizado ese camino y si iba a llegar hasta aquí, a las instalaciones del Congreso”, comentó.