Huevos de oro
Una de las razones por las que las empresas mexicanas recurren a la subcontratación es el reparto de utilidades. Este constituye un impuesto adicional que disminuye su competitividad. El outsourcing ha sido una forma legal de disminuir este costo. Por eso el intento de prohibirlo se convierte en una nueva amenaza a la posibilidad de supervivencia de las empresas.
México tiene un muy elevado impuesto sobre la renta para las empresas en comparación con otros países. La tasa nominal es de 30%, pero a esto hay que añadir el 10% del reparto de utilidades o PTU. México cobra, además, un impuesto de 10% a los dividendos. El gravamen total se eleva a 50%, cifra muy arriba de los promedios internacionales.
En el mundo se han venido reduciendo los impuestos a las empresas con el fin de atraer inversiones y generar empleos y prosperidad. Ahí está el caso de Suecia, un país reconocido por sus altas exacciones fiscales y que alcanzó una tasa de 60% en el impuesto a las empresas en la década de 1980 (tradingeconomics.com). Los propios ciudadanos suecos, sin embargo, se dieron cuenta de que esta alta tasa estaba inhibiendo la inversión y empobreciendo al país. Las compañías preferían establecerse en otros lugares de Europa o del mundo. Por eso, en 1990-1991 Suecia redujo la tasa corporativa a 28%, en 2009 a 26.3%, en 2013 a 22% y en 2019 a 21.4%. El resultado ha sido un aumento en la inversión, en la competitividad y en la prosperidad.
El impuesto sobre la renta a las empresas no solo es muy alto en México, sino que el Gobierno no aporta la contraprestación de servicios públicos eficientes habitual en otros lugares. El promedio del impuesto corporativo en el mundo es de 23.79%, según KPMG, una consultora internacional. En Europa alcanza apenas el 19.12%. Estados Unidos, que tenía hasta 2017 una tasa de 40%, una de las más altas del mundo, la bajó a 27%.
Una de las razones que han obligado a las empresas mexicanas a recurrir a los servicios de outsourcing es el reparto de utilidades, que no existe en otros países y que representa un severo lastre a la rentabilidad. Lorenzo Roel, presidente de la comisión laboral del Consejo Coordinador Empresarial, ha señalado que, con la actual fórmula de cálculo del PTU y sin la subcontratación, algunas empresas tendrían que pagar dos o tres años de sueldo a cada trabajador solo por este concepto, lo cual sería insostenible. Si el Gobierno insiste en prohibir la subcontratación, una posible solución sería topar el reparto de utilidades a un número determinado de meses del sueldo. Si no se hace, muchas empresas tendrán que recortar personal, recurrir al mercado laboral informal o cerrar sus puertas.
El mal de fondo viene de la elevada carga fiscal que sufren las empresas en nuestro país. Los políticos mexicanos están convencidos de que el sector privado es como una gallina de huevos de oro que hay que explotar al máximo. Esta explotación, sin embargo, tiene rendimientos decrecientes. Cobrar a las empresas uno de los impuestos sobre la renta más elevados del mundo, y añadirle un reparto forzoso de utilidades, así como un impuesto adicional a los dividendos, no llevará más que a la muerte de la gallina. Y sin las empresas, el reparto de utilidades no repartirá nada.
Fuero
Los países democráticos otorgan un fuero al gobernante y a los legisladores. No es una ocurrencia. Este fuero evita las denuncias frívolas y la inestabilidad política que viene de tener a un gobernante más preocupado en defenderse que en gobernar. En México lo estamos eliminando sin pensar en las consecuencias.
“El arte de cobrar impuestos consiste en desplumar al ganso de tal manera que se obtenga el máximo monto de plumas con el mínimo posible de quejas”. Jean-Baptiste Colbert
Si el Gobierno insiste en prohibir la subcontratación, una posible solución sería topar el reparto de utilidades a un número determinado de meses del sueldo.