Violencia feminicida
» Con 341 víctimas, urgen resolución a la solicitud de Alerta de Género » Sin agandalle, reforma de violencia vicaria es de la Bancada feminista » Docentes y alumnos contra Directivos de planteles del TecNM
Alerta de género, parece inevitable
Con los datos de enero a octubre de este 2022, Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta para las mujeres, con 341 víctimas de homicidio doloso. Esto en tanto el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sigue en la revisión de la solicitud que desde marzo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para declarar una Alerta de Género en Guanajuato por violencia feminicida y por desapariciones.
La Alerta de Género se creó como un mecanismo para implementar acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio. Actualmente se encuentran activas 25 en todo el País.
Los datos actualizados a octubre publicados este viernes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan en el País un total de 2,378 víctimas mujeres de homicidio doloso, es decir el 14.4% son en Guanajuato.
A las 341 víctimas mujeres en la entidad le siguen, muy lejos, Baja California (229), Estado de México (224), Michoacán (222), Chihuahua (166) y Jalisco (151).
En la tasa de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso por cada 100 mil mujeres, los datos oficiales ponen a la cabeza a Colima (18.23), y le siguen Zacatecas (12.21), Baja California (12.21) y Guanajuato (10.51).
Las legisladoras locales Yulma Rocha (PRI) y Dessire Ángel (Movimiento Ciudadano) respaldan que la Alerta es necesaria para visibilizar la tragedia que viven las mujeres de Guanajuato con homicidios, desapariciones y abusos.
“Hay que dejar de partidizar un mecanismo que es de emergencia para atender la situación de las mujeres. Tiene que verse como una oportunidad de mover a autoridades que están aletargadas, que no ven como un foco rojo los homicidios, los feminicidios, las desapariciones, muchas vinculadas al delito de trata”, dice Yulma.
Dessire
apunta que, si bien muchas veces se ha cuestionado la utilidad de este mecanismo, habrá que revisar por qué falló, dónde falló, si se aplicaron o no las recomendaciones emitidas. Pero es evidente que esto servirá para visibilizar el fenómeno de violencia y concentrar mayores recursos para atender el tema.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que encabeza el académico Raymundo Sandoval, recuerda que es la tercera ocasión que se solicita la Alerta (2009 y 2014) y en ambas fue rechazada. Hoy la crisis de violencia es mucho peor.
El comité de expertos que analizan la solicitud lo integran: María Consuelo Cruz Armenta, del Instituto Especializado en Género y Situaciones de Vulnerabilidad A.C; Abraham Sánchez Ruiz, de la Universidad La Salle Bajío; Iovana Rocha Cano, del Centro de Estudios Estratégicos del Bajío.
Desde septiembre, el grupo de trabajo realizó entrevistas a colectivos de familiares de desaparecidos, a víctimas indirectas de feminicidio y a diversas organizaciones. Se está en espera de la resolución.
“Sería positivo que se active, la clave es el cumplimiento de las recomendaciones y el seguimiento que den tanto el Gobierno de México como el de Guanajuato”, apunta en su postura la Plataforma por la Paz.
Diputadas con el Fiscal
Frente a los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad, la bancada feminista -como se le conoce a las diputadas Yulma, Dessire y Martha Ortega - enfocará ahora baterías con la Fiscalía General del Estado para poner lupa en los casos de homicidios y los pocos clasificados como feminicidios.
Las tres diputadas tienen en agenda iniciar el año insistiendo en reunirse con el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, para revisar la incidencia de violencia en contra de las mujeres y la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos.
En particular quieren escudriñar cómo está eso de que de enero a octubre en la entidad hay
341 víctimas mujeres de homicidio doloso, pero solamente 17 se han clasificado como feminicidio. Para la priista Rocha Aguilar una posible explicación es que “seguramente hay un ocultamiento, un maquillaje en el tipo del delito”, opina.
Desiree agrega que además hay gran cantidad de lesiones dolosas que debieran de ser clasificadas como intento de feminicidio. (El dato de enero-octubre es de 5,722 víctimas de lesiones dolosas, solo por detrás del Estado de México con 13,019).
Las diputadas de oposición quieren saber con puntualidad de la Fiscalía del estado porqué son tan pocos los asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios.
Egos por la agenda feminista
Detrás de la aprobación de la violencia vicaria festejaron con discursos en la tribuna como media docena de diputadas del PAN, PRI, PVEM y MC, pero hay detrás una historia de “agandalles” y oportunismos de las diputadas panistas de la Comisión para la Igualdad de Género: Katya Soto, Martha Hernández y Noemí Márquez.
Quienes tuvieron la iniciativa de incluir la “violencia vicaria” en la ley fueron las diputadas de la “bancada feminista”: la priista Yulma Rocha Aguilar; la de MC, Dessire Ángel Rocha y Martha Ortega Roque, del PVEM.
Ellas desde principio de año estuvieron estudiando el tema, con víctimas, en qué consiste, en lo jurídico y cómo se ha legislado en otros estados. Pero cometieron el error de andar anunciando sus planes en varios medios de comunicación y sus redes sociales. Así que antes de que ellas lo hicieran, literalmente, las panistas “les agandallaron” la iniciativa y la presentaron.
Pero no solo por eso, sino que hubo otra situación que propició lo anterior: las dirigentes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, entre quienes se encuentra Marcela Zevada Anderson, que ya habían hablado con la “bancada feminista” y las convencieron de la necesidad de legislar; también buscaron reunirse con Anabel Pulido, directora del Imug, para llegar a lo mismo. Pero la funcionaria no las recibía.
Así que hablaron con las diputadas feministas sobre esta puerta cerrada. Yulma Rocha se ofreció a hablar con Anabel para convencerla de recibir a las coordinadoras del frente, lo que sí logró.
Por lo que las diputadas feministas sospechan que fue la directora del Imug quien “les pasó el pitazo” a las diputadas del PAN de la intención que traía no solo el Frente, sino la bancada, de presentar una iniciativa y por eso la presentaron antes.
Y una semana después, ya que les habían robado la idea, presentaron la suya a la “bancada feminista”.
Así que cuando el jueves Katya Soto presumió en la tribuna: “La violencia vicaria fue un tema que nuestro grupo planteó por primera vez en la mesa de discusión, y después todas las fuerzas se unieron”, Dessire, Yulma y Martha y
sus equipos de asesores se fueron de espaldas.
Y cuando en septiembre Yulma Rocha, como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género se dispuso a iniciar el análisis de las dos iniciativas, propuso la realización de varios foros de consulta, pero la diputada panista Martha Hernández expresó un rotundo “no”, secundada por sus compañeras Noemí Márquez y Katya Soto, con argumentos débiles. Y como son mayoría en la comisión, no se hicieron.
Aaahhh, pero por lo visto las panistas se dieron cuenta de que se acercaba el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y quisieron salir a presumir con algo y “colgarse la medalla” de esa reforma legal.
Así fue que convocaron a una conferencia titulada “¿Sabes qué es la violencia vicaria?” el 11 de noviembre en el Palacio Legislativo. Luego durante la discusión, las panistas no querían clasificar a la vicaria como una violencia de género, sino como una violencia en general, incluso que tenía como víctimas también a los hombres.
Y ya en la discusión en la Comisión de Justicia, donde se dictaminaron las iniciativas, las diputadas panistas Cristina Márquez y Susana Bermúdez no quisieron incluirlo como delito en el Código Penal, como lo había propuesto la “bancada feminista”. Dijeron que después. O sea, la reforma quedó “mocha”.
Finalmente, en la reforma aprobada por el pleno del Congreso, solo la obligatoriedad de las pláticas prematrimoniales quedó de la iniciativa del PAN, todo lo demás es autoría de las diputadas feministas.
Y para que quedara claro que el mérito no era de las diputadas panistas, Yulma Rocha lo dijo claramente en su discurso en la tribuna el jueves, dirigiéndose a varias integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria presentes en la sesión del pleno del Congreso: que ellas visibilizaron estas injusticias y “queremos decirles que esta lucha es de ustedes y que solo quien la vive la entiende“.
Código penal, reforma a fondo
El Grupo Parlamentario del PAN, en un trabajo coordinado por la diputada local panista y presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, tiene en agenda presentar una iniciativa de reforma integral del Código Penal del estado.
En sus 20 años de vigencia, el Código Penal contabiliza 56 decretos de reforma, acumulando, entre los años 2016 y 2020, 34 decretos modificatorios. El 18 % de las reformas van a los delitos contra la vida y la salud personal, el 14.5 %, delitos contra el patrimonio y 12.5 % contra la libertad sexual.
En este periodo ha pasado dos por dos reformas constitucionales de gran calado, el cambio del sistema de justicia penal y en materia de Derechos Humanos. Además de los cambios que la crisis de seguridad en el País ha provocado en la legislación penal, un caso fueron las adecuaciones en materia de secuestro.
Uno de los objetivos de esta necesaria reforma, explicó Cristina, es la proporcionalidad de las penas en todos los delitos. Un ejemplo es la punibilidad en los delitos de violencia sexual particularmente, que resultan desproporcionales en tanto la pena es más bajo que otros delitos, como los patrimoniales.
Abusos sexuales tiene una pena de 3 meses a 2 años, mientras que el delito de daños va de 1 a 5 años.
El trabajo ya está en marcha: se encuentran en la primera fase, la de diagnóstico. Lo que seguirá iniciado el próximo año son los foros y consultas públicas, con opiniones de especialistas en materia penal, después habrá que procesar la información y presentar la iniciativa de reforma en el siguiente periodo ordinario.
Rebelión estudiantil
Un nuevo conflicto surgió esta semana en una institución educativa, ahora en dos planteles del Tecnológico Nacional de México: Campus Roque y en su extensión Apaseo el Alto. Primero un grupo de alrededor de 30 trabajadores se manifestó para exigir con pancarta en mano y al grito de ¡fuera! la salida del director del plantel, Manuel de Jesús Quiroz Sicairos,
pues lo acusan entre otras cosas de acoso laboral y personal y de no tener capacidad y liderazgo ante la base trabajadora.
Se sumó después en Apaseo el Alto un grupo de alumnos y también exigen la salida del titular. La serie de denuncias se dieron a conocer en redes sociales.
El grupo demanda además la destitución del subdirector Académico, Joel Martínez Cuevas
y de la subcoordinadora de Servicios Administrativos, Laura Osuna Rodríguez.
Colaboradores del TecNM de Roque acusan que se carece de un proyecto institucional que fusione la parte académica, de investigación y productiva y de una mala e irresponsable gestión de recursos, pero además se señala que hay carreras que no cuentan con una renovación de su acreditación.
A su vez, el titular del plantel se defiende y dice que si alguien ha defendido a la institución, ha sido él. Quiroz Sicairos enlista las acciones que afirma haber realizado desde su llegada para encabezar el Tecnológico de Roque.
Agronomía, Innovación Agrícola e Ingeniería Hidrológica son las carreras que faltan por tener una acreditación, aunque el directivo afirma que esta labor la hace un Comité integrado en parte por personal docente, no el director del plantel y que él ha solicitado los avances a este Comité sin tener respuesta de lo que han hecho hasta ahora.
Habrá que estar atentos para saber en qué terminan estos señalamientos tanto de docentes como alumnos y qué avances se logran en los temas pendientes del Tecnológico Nacional de México campus Roque.
Se está a tiempo de evitar una crisis en la que como siempre el daño mayor lo sufran los estudiantes.