Saldrían de prisión 2 mil 962 internos
Dependería su suerte de fallo de la Suprema Corte acerca de la prisión preventiva oficiosa Hay casos de internos que tienen nueve años detenidos y no han recibido sentencia
Juan Humberto tiene 9 años en el Cereso de León y aunque se declaró culpable por matar a sus papás y dos hermanos, no ha recibido una sentencia condenatoria.
Fue detenido junto con un cómplice el 7 de octubre de 2015 y confesó su crimen. Pero todavía no lo han condenado.
Sería una de las al menos 2 mil 962 personas que se encuentran en prisión oficiosa por delitos del fuero local y federal en Guanajuato que podrían salir en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide eliminar la prisión preventiva. Aunque eso no sería automático.
Lo anterior lo advirtió la Secretaría de Gobernación a nivel federal, ya que el asunto lo analizará la SCJN tras la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige eliminar la prisión preventiva.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, expresó que la prisión preventiva de oficio se encuentra establecida dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es para aquellas personas que cometieron delitos graves como homicidio, secuestro, delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, abuso sexual, entre otros.
“Para poder garantizar que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y los testigos. La Suprema Corte está proponiendo ordenar a todos los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio, esto a partir de una resolución de 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisó.
Añadió que la Suprema Corte no quiere tomar en cuenta la opinión del Congreso de la Unión sobre la prisión oficiosa, por lo que consideró que no se dimensiona lo que significa para la paz y la seguridad del país eliminar la prisión oficiosa.
La Secretaria de Gobernación informó que eliminar la prisión preventiva oficiosa significaría que al menos 67 mil 877 personas podrían salir de la cárcel, entre ellas 2 mil 962 que se encuentran en prisiones de Guanajuato.
Detalló que de eliminarse la prisión preventiva oficiosa saldrían de la cárcel 11 mil 639 personas acusadas de homicidio, 7 mil 149 de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico, 3 mil 800 por portación de armas de fuego y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de pederastia, y 445 por delincuencia organizada.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, en Guanajuato a mediados del 2023 -la cifra de la Secretaría de Gobernación está actualizada- se encontraban internadas 2 mil 189 personas sin sentencia y bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa, de los cuales 2 mil 37 eran hombres y 152 mujeres.
Los delitos bajo los que se encontraban en prisión preventiva oficiosa eran homicidio (866 hombres y 36 mujeres), robo simple (400 hombres y 14 mujeres), delitos contra la salud (288 hombres y 21 mujeres).
También hay personas internadas por privación de la libertad, robo a negocio, feminicidio y desaparición forzada de personas.
Nueve años y sin noticias
Independientemente de que haya confesado, el caso de Juan Humberto revela la ineficacia del sistema penal y los excesos que pueden cometer jueces y fiscales.
El abogado Marco Antonio Sánchez Salgado, quien es cercano a la familia de las víctimas asesinadas en 2015, confirmó a AM que hay una gran posibilidad de que Humberto pueda llevar su proceso legal en libertad.
“Sí puede ser que quede en libertad porque se están violando sus derechos humanos, este caso ha durado mucho por inconsistencias que ha tenido la Fiscalía”, reveló el licenciado Sánchez Salgado.
Contó que en estos nueve años han pasado varios representantes de la Fiscalía por el caso, así como varios jueces.
“Han sido cuatro o cinco jueces y cada que llega uno, se tarda un año en ver el caso. Todo esto porque estaba en el sistema penal tradicional y hay gran carga de trabajo”, recordó.
Además contó que la camioneta Nissan nueva en la que
esa noche escapó Humberto, fue encontrada al día siguiente de los hechos y estuvo años sin que la tocaran.
“Hasta hace dos años le hicieron los periciales y todo este tiempo la Fiscalía la tuvo en una pensión que ya suma 120 mil pesos que debe pagar la familia (deudos de los padres de Humberto), si quiere recuperarla”.
También habló de que varias armas que fueron confiscadas a un amigo de Humberto y que le pertenecían al imputado, estuvieron perdidas en un almacén de la Fiscalía en la capital del estado y por lo tanto, no podían presentarlas como pruebas.
El 10 de abril, cuando familiares de las víctimas y del asesino hicieron frente al Cereso de León una protesta para exigir que Juan Humberto sea sentenciado y siga preso, el abogado Sánchez Salgado aseguró también que unos casquillos que se recuperaron tras el crimen fueron embalados
unos sobre otros con cinta diurex, que con el tiempo destruye todo indicio que pudieran contener.
Estas inconsistencias han alargado por casi una década el caso de la familia asesinada en la parte alta de una panadería de la colonia 10 de Mayo el lunes 5 de octubre del 2015.
“Yo sí puse una queja contra la Fiscalía, que no sé si proceda, por todos estas situaciones que solo afectan y revictimizan más a los involucrados, entonces si el juez ve que se están violando derechos humanos, sí podría quedar libre (Humberto) en muy poco tiempo”, finalizó Sanchez Salgado.
Otro de los casos en que los presuntos responsables se encuentran en prisión preventiva oficiosa, es el del supuesto fraude inmobiliario del despacho Punto Legal, por el que sigue detenido Edgar Franco, representante al que demandaron más de 400 afectados por la falsa venta de propiedades y remates bancarios.
El caso continúa en trámite y aún no hay una sentencia, por lo pronto el presunto culpable se encuentra en prisión preventiva oficiosa.
No saldrían en automático
El abogado Juan Arredondo Rodríguez precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecerá cuáles son las obligaciones de los jueces en México con base a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Es muy probable que ordenen dejar de aplicarla, pero no la pueden eliminar de la Constitución. Las personas detenidas podrían seguir en ese estatus, siempre y cuando el Ministerio Público justifique la medida”, precisó.
La justificación puede ser por riesgo de fuga de las personas, porque la persona representa un peligro para testigos y víctimas, o cuando la investigación puede ser afectada por las actividades que pueda realizar la persona en libertad.