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INGRESOS 2018: ENTRE CRISIS, REELECCIÓN Y AÑO DE HIDALGO

Muy en su papel, de orientador y regañón, técnico y rudo a la vez, el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Juan Ignacio Martín Solís, cumplió el ritual anual en la Junta de Enlace Financiero con diputados locales y algunos alcaldes.

Y en esta ocasión, con recortón presupuestal previo y dos sismos que obligarán a un apretón de cinturón de antología para todos, se dio vuelo el famoso por implacable, ‘Nacho’ Martín.

“Si uno no experimenta en cabeza ajena, experimenten en la propia, dejen de presionar a sus tesoreros para que les inventen dinero donde no lo hay… y que luego pateen el bote para que sean otros los que lo paguen”, les dijo el funcionario estatal a los alcaldes que asistieron.

Luego los pondría en alerta sobre la responsabilidad que cargaban bajo sus espaldas por actos administrativos que podrían ejecutar otros, pero que caen en su esfera de su competencia y responsabilidad.

“No dejen abierta ninguna puerta que les represente algún riesgo en el futuro”, les advirtió.

Y ya sabe usted. Viene un presupuesto restrictivo, con poca posibilidad para la inversión. Infaltable el regaño: “no sólo se dediquen a estirar la mano: sean creativos, reduzcan gastos, exploren por el impuesto predial”. Que no esperen a que les caiga todo del cielo.

A diferencia de Éctor Jaime Ramírez Barba que hasta cuenta regresiva puso a los que buscarían reelegirse, Martín Solís habló a los alcaldes como si no existiera la ratificación en el cargo. Siempre tan poco emotivo.

Pero Ramírez Barba no se quiso quedar atrás y también aconsejó, ilustró y regañó. Que hay que dedicar la mayor parte del presupuesto a seguridad pública, a ocupar las plazas que están vacantes de policías, que no pueden seguir los alcaldes con los pretextos para justificar las abismales diferencias de salarios entre las distintas corporaciones.

En suma, un panorama sombrío el que se avizora para 2018. Tanto que uno no se explica cómo son 38 los alcaldes que pretenden reelegirse en el cargo con esa crisis en puerta.

Y entre las malas nuevas, la noticia esperanzadora corrió por cuenta de la Comisión Federal de Electricidad. Se prevé que el déficit provocado por el cobro del Derecho de Alumbrado Público disminuya al cierre de este 2017 con respecto al comportamiento 2016.

En números cerrados, el año anterior cerró en poco más de 600 millones de pesos y para este 2017 podría rondar los 400 millones, es decir 200 millones de pesos menos de DAP.

Por cierto, sólo dos municipios resultaron con saldo a favor en el cobro de este derecho: San Francisco del Rincón y Moroleón. Algo es algo.