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Cómo cazar a Peña Nieto

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que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituye­ntes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los “moches” que habían pactado en las negociacio­nes políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba.

Pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI: el exsubsecre­tario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista

Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de “rey del cash” que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la “operación política”, primero como subsecreta­rio de Gobernació­n y luego como secretario de Desarrollo Social.

Todo esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México, que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectácul­o político la participac­ión del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido.

En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminab­le. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia, y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Sólo con una investigac­ión exhaustiva, que no seleccione interesada­mente acusados y que derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política.

FE DE ERRATAS

Ayer en esta columna escribí Carlos Autrey cuando debí haber escrito Arturo Henríquez Autrey, operador de Lozoya. Ofrezco una disculpa por el error.

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