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Jiménez Espriú vs. López Obrador

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periodicoc­orreo les había entregado tantas responsabi­lidades. Supone que la disciplina castrense es un antídoto perfecto contra los peores males del país. Y sin embargo la evidencia pone en tela de juicio esta convicción.

Los dos puertos más penetrados por el crimen organizado durante la administra­ción de Enrique Peña Nieto fueron administra­dos por altos mandos de la Marina. En junio de 2016 el Contralmir­ante Alejandro Miranda Oceguera fue nombrado Director General de la Administra­ción Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Colima, quien a su vez sustituyó al Vicealmira­nte Jorge Rubén Bustos Espino.

Coincidió la gestión de Miranda Oceguera con el más horroroso infierno de violencia que haya enfrentado la región. Colima pasó de ser uno de los estados más seguros, para ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.

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Esta violencia se explica por la disputa feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sobre todo por el control de Manzanillo, municipio que concentró más del 40% de las muertes violentas porque se trata de un punto estratégic­o global en la ruta de la droga y las armas.

Jiménez Espriú podría preguntarl­e a su jefe porqué cree que la medicina militar sí va a servir en esta ocasión. No fue cierto que, con el Contralmir­ante Miranda Oceguera, ni con el Vicealmira­nte Bustos Espino, hayan mejorado las cosas. De hecho, empeoraron. En la misma época también fue nombrado, como director del puerto de Lázaro Cárdenas, el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado. Se trata de otro punto estratégic­o en la misma ruta criminal, en pugna por las distintas organizaci­ones delictivas que operan en las costas del Pacífico.

El artículo 129 de la Constituci­ón

mexicana previene contra la decisión anunciada por el Presidente. Dice claramente que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Por tanto, no puede ponerse al Ejército ni a la Marina a administra­r puertos y aduanas sin violar la Carta Magna. La opción de nombrar a militares “con licencia” para darle la vuelta al mandato constituci­onal ha dado pésimos resultados. Los datos no mienten.

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Estos deberían ser los términos de la conversaci­ón convenida para el día de hoy entre el presidente y el secretario. Sin embargo, cabe temer que la decisión de meter a la Marina y la Defensa a controlar los puertos sea irreversib­le, y por tanto también la renuncia del funcionari­o.

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