DARÍO CELIS
En su labor de homologar los estándares de revisión de los entes fiscalizables, el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, mantiene su rechazo a la contratación de despachos externos.
Ya han sido muchas las ocasiones en las que el oaxaqueño menciona que este tipo de prácticas, tan recurrentes en los órganos de fiscalización de los estados, suelen echar a perder las auditorías de las cuentas públicas y, por tanto, promueven la impunidad y la corrupción.
La postura, incluso, ha venido subiendo de tono, al grado de que el titular de la ASF vislumbra un escenario en el que se cancele cualquier tipo de colaboración con los auditores estatales que insistan en revisar recursos federales con dependencias o instituciones privadas.
Tal advertencia ha sido ignorada por los congresos de los estados, quienes se han convertido en los principales promotores de esta práctica de contratación externa, señalada en algunos casos como una vía para desviar recursos o favorecer a empresas cercanas a cada administración.
En el estado de Puebla, por ejemplo, diversos sujetos obligados han denunciado que en la auditoría local sugieren la contratación de ciertos despachos externos bajo la promesa de que los resultados de las revisiones serán, invariablemente, favorables.
Se precisa que, entre los auditores externos más recomendados por la Auditoría Superior del Estado, que lleva Francisco Romero
Serrano, se encuentra Magaña Muñoz Contadores Públicos, despacho fundado hace nueve años por el contador público Mario Magaña Muñoz.
También se promueven los servicios de Bibiana González Pérez, ex auditora externa del municipio de Tehuacán, Puebla, ni más ni menos que la tierra del gobernador Luis Miguel Barbosa.
De aceptar la sugerencia de la ASE Puebla, los mencionados despachos envían casi de inmediato los correspondientes contratos con el monto del servicio, un modelo de operación que se repite con casi todos los entes fiscalizables.
Según la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, los más de 300 entes obligados tienen derecho a elegir libremente a cualquiera de los auditores del padrón autorizado. Pero en la práctica la revisión y dictaminación de sus cuentas públicas se han tenido que dirigir a tan sólo un par.
Se impulsa de hecho en aquel estado una reforma legal que transfiere a la auditoría la facultad de asignar a los entes un despacho contable autorizado, lo cual pondría en manos del propio auditor el manejo de unos 80 millones de pesos que anualmente se destinan al pago de los servicios exteriores.
De acuerdo con la ASF, Puebla no sería el único estado en el que se presenta este fenómeno, el cual no solo levanta sospechas sobre negocios privados de los auditores, sino respecto a una revisión deficiente de los dineros de la Federación.
EL JALONEO ENTRE los Alcalde, Arturo, el abogado laboralista, y Luisa María, su hija, la secretaria del Trabajo, con Napoleón Gómez Urrutia, está intenso. Los primeros están impulsando como titular del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al actual subsecretario de esa dependencia, Alfredo Domínguez. De hecho es casi seguro que ese funcionario termine asumiendo la nueva instancia que surge de las negociaciones del capítulo laboral con Estados Unidos y Canadá en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Pero el senador, ahora aliado a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que encabeza Francisco Hernández Juarez, está impulsando a la directora de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Estela Rios, quien en otro momento trabajó con Andrés Manuel López Obrador en la oficina jurídica del ex Jefe de Gobierno del desaparecido Distrito Federal. Por cierto que el líder de los mineros ya sacó de la secretaría técnica de la Comisión del Trabajo en el Senado a Marcos del Rosario y llega Israel Alvarado, del Consejo de la Judicatura de la CDMX. El nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la joya de la corona del sector laboral. Quien lo controle, controlará en buena medida al sindicalismo. Su objetivo es democratizar la vida sindical y será el órgano que dé o retire las tomas de notas de los gremios.
DENTRO DE LA estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria, el IMSS tuvo que echar mano también de su infraestructura de centros vacacionales para atender a pacientes afectados por el Covid-19.
Hablamos de tres centros recreativos que tiene disponibles para sus derechohabientes en Oaxtepec, Morelos; Atlixco, Puebla, y La Trinidad, Tlaxcala. Ahí cuenta con una infraestructura total de 525 habitaciones de hotel, 146 villas, una casa de hospedaje ejecutiva y 26 mil metros cuadrados de áreas verdes para acampar. Desde el pasado 26 de junio y hasta el 20 de noviembre del presente año, los mencionados espacios fungirán como “Albergues Covid-19” para recibir a trabajadores y derechohabientes del organismo que dirige Zoé Robledo que hayan sido detectados como positivos con el virus, pero que se muestran asintomáticos o con una sintomatología leve. La conversión de estos tres centros vacacionales corrió a cargo de la Consultoría Especializada en Proyectos de Prestación de Servicios, firma que se adjudicó el contrato AA-050GYR019-E116-2020 por un monto mínimo de 1.4 millones de pesos.
LA ENCUESTA NACIONAL de Salud y Nutrición 2018 revela que entre 0 y 6 meses, solo 28.6% de los niños es amamantado; de 0 a 4 años, 22.2% de esa población ya tiene problemas de sobrepeso; y entre 5 y 11 años el nivel llega a 36%. Sanulac Nutrición Mexico, que dirige Mario Sánchez, propone que se creen políticas públicas más persuasivas para que las madres de familia incrementen el período de lactancia de los neonatos y los empleadores públicos y privados den facilidades para que eso ocurra. Es urgente promover espacios de lactancia exclusiva en oficinas públicas y privadas. La encuesta de Ensanut 2018 indica que 22.2% de la población de 0 a 4 años se identifica con riesgo de sobrepeso y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años es de 35.6%.
PUES JAVIER JIMÉNEZ Espriú se fajó y le dijo “no” al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al tabasqueño no le quedó más remedio que aceptarle la renuncia al secretario de Comunicaciones y Transportes. La sorpresa fue el oxígeno que le dieron a Jorge Arganis, quien a partir de ya es el titular de esa agenda. Y es que el ingeniero civil estaba como responsable de Pemex PTI Desarrollo de Infraestructura, la filial que tiene a su cargo el proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas. Arganis estaba prácticamente de adorno porque desde el principio lo bloqueó la secretaria de Energía. Quien realmente lleva el día a día de los trabajos es Leonardo Cornejo, el subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial, el funcionario en quien Rocío Nahle depositó su confianza.
ENFUNDADO EN CAPATAZ de la industria alimentaria, el abogado de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo, comunicó ayer en su cuenta de Twitter que “no sancionaremos” por un lapso hasta el 30 de noviembre de 2020 la coexistencia de productos para su venta en anaquel. Se refiere a la nueva NOM de etiquetado frontal que entraba en vigor el 1 de octubre. Del tema le platicamos hace un par de días. Los genios de la dependencia que lleva Graciela Márquez, alentados por las fobias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quieren que el comercio tire a la basura toneladas de productos que por obra y espíritu de la norma cuatrotetera, serán ilegales a partir del último día del penúltimo mes de este año.