ISRAEL LOPÉZ CHINAS
Las circunstancias del estado y el modelaje de la información durante los primeros siete meses del 2020 y el destino poco promisorio que se tiene para el cierre de año, no es un recordatorio a los gobiernos locales, sino lo complejo que será para la ciudadanía en los próximos nueve meses hasta los comicios, durante los cuales habrá, por un lado, las limitaciones en el uso de recursos públicos. Amén de la desesperación de una clase política gobernante por mantener privilegios y no verse superada ni desplazada de sus cargos, ni sentir el temor por la pérdida del poder estatal en 2024. Sin las definiciones para la “reconstrucción”, la gente estará atrapada entre problemas graves y dinámica electoral.
“Luego de una disputa con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sobre el color del semáforo que debe usar la CDMX la próxima semana, Claudia Sheinbaum, reveló que seguirá en naranja pero con alerta manteniendo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Remató: “Hubo diferencia en la valoración: ellos hacen una sugerencia del semáforo y nosotros, de manera muy responsable,
informamos lo que considerábamos y lo hacemos de manera muy responsable”.
Solamente les queda un mes a los gobiernos de los tres órdenes para presentar sus propuestas a la ciudadanía con la finalidad de solucionar o atemperar los problemas más graves irresueltos en territorios donde ostentan los poderes pues en septiembre arranca el Proceso Electoral 2020-2021. En Guanajuato el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) lo definió para el 7 del mes próximo, cuando la población resienta aún más los efectos de la pandemia; la inseguridad que sin control continúa por la tendencia observada y la situación económica ante el estancamiento y el desempleo.
Frente a los conflictos recreados entre la Federación en poder de Morena y los gobiernos estatales de partido políticos diferentes, en particular del PAN, podría complicar las resoluciones de las cuestiones con sentido de Estado. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez no tendrá más tiempo para las grillas de diversa índole, porque los guanajuatenses se lo podrían demandar antes de lo imaginado. La acumulación originaria de protestas se viene haciendo, aunque calladas a fuerza de desoír o atentar contra los manifestantes porque los “signos de la inseguridad” con asesinatos, contagios y defunciones por COVID-19 y las rutas de empobrecimiento previstos, se notaron mucho durante el mes de julio pasado.
Las circunstancias del estado y el modelaje de la información durante los primeros siete meses del 2020 y el destino poco promisorio que se tiene para el cierre de año, no es un recordatorio a los gobiernos locales, sino lo complejo que será para la ciudadanía en los próximos nueve meses hasta los comicios, durante los cuales habrá, por un lado, las limitaciones en el uso de recursos públicos. Amén de la desesperación de una clase política gobernante por mantener privilegios y no verse superada ni desplazada de sus cargos, ni sentir el temor por la pérdida del poder estatal en 2024. Sin las definiciones para la “reconstrucción”, la gente estará atrapada entre problemas graves y dinámica electoral.
Existe la curiosidad de llevar a cabo comparaciones entre los números de defunciones provocados por el Covid-19 y los homicidios dolosos, por mes, en la primera quincena del año, etc., seguramente para tratar de producir las explicaciones o las respuestas de los sectores sociales ante las pérdidas de vidas. En esa búsqueda de la concientización del respetable, lo primero que sobresale es la especie de competencia de donde vendrá con más rudeza la fatalidad, perdiéndose la posibilidad del “impacto” que pudieran ofrecer las causas asociadas.
Sin embargo, si sumamos los 2 mil 696 asesinatos suscitados durante los siete primeros meses con los 1 mil 335 decesos totales del coronavirus, se tendría la referencia brutal de más de 4 mil 031 vidas perdidas que pudieron “atemperarse” con trabajos eficientes de las autoridades y una mayor cooperación de parte de la ciudadanía. Las dos contabilizaciones deben preocupar a quienes por mandato legal deben ofrecer seguridad pública y la salud pública. Más allá del escenario de culpas, emergerá pronto la opinión sobre lo que ha sucedido, con la responsabilidad de las partes.
La inseguridad que permea fuertemente en el territorio estatal, desde Celaya hasta León con una fuerte impresión en el Corredor Industrial del Bajío, sin soslayar la forma en que se ensancha hacia los demás municipios, sigue sin recibir “la atención” de las fuerzas vinculadas ofrecidas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, en el cuartel de la XII Región Militar en Irapuato, en donde se atrincheraron luego de los 27 jóvenes ejecutados en un Anexo de rehabilitación (1 de julio de 2020).
Todavía no se tienen los resultados ofrecidos ni las trazas por la nueva condición esperada, porque el mes pasado cerró en la entidad con 383 asesinados; la presunción del secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, de que muy pronto habría paz resultó la nueva promesa y nuevo sueño para la población. Los gobiernos del estado y de los municipios prefirieron no hacer olas mientras se hacían los cálculos de estrategia y los despliegues de las fuerzas policiales con las federales.
Los resultados sobre el comportamiento de la enfermedad que genera la COVID-19, al aparearse con la falta de seguridad pública reproduce una condición muy particular, puesto que distrae en ciertos momentos, las actuaciones de los gobiernos debido a la necesidad de privilegiar la atención.
La emergencia estimulada por la presencia de un nuevo virus bloqueó y desesperó a las autoridades, prefiriendo por bloques o grupos de afiliación o en solitario, escuchar sus propias voces, permitiendo el avance de los contagios, al grado que nuestro país llegó antes de agosto a casi 47 mil defunciones con un total de contagiados cercano al Medio millón. Guanajuato con más de 22 mil se nota de lo general.
Las deficiencias en las actuaciones gubernamentales han llegado a la triste condición de conflicto entre las partes, Federación y entidades por los conteos para cada rubro, incluso en municipios. Cada uno tiene sus datos, la moda del sexenio.
Antes de ajustar los instrumentos de mediciones, tomas de decisiones y redefinición de las medidas sanitarias con base a las particulares de la pandemia en las regiones, las partes se trenzaron en una lucha privilegiando la práctica política como la petición de renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encargado de programas contra la mortal enfermedad desde los inicios del drama de parte de 9 gobernadores de oposición, entre ellos Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato.
En ese juego de los “irigotes” se ha ensamblado la desgracia del país, cuando más se necesitaba la unidad nacional; los políticos prefieren la grilla rellena de intereses particulares. Y a veces hasta sin sentido pues la pretensión es “mover el pandero” ante cualquier eventualidad yendo cada parte por agua para su molino.
De la economía “devastada” que resienten los mexicanos, se conocen aspectos más inmediatos, hay mucho daño, pero no se tienen cálculos básicos de cuándo podrían mejorar las condiciones en que viven los guanajuatenses; en estado no tiene estudios de prospectiva para una caída del -10 por ciento de PIB o más ni tampoco de la recuperación de una sociedad con más pobres…