MIGUEL ZACARÍAS

Qué tanto ha cambiado en Guanajuato el entorno para las mujeres a 10 años de que estalló en la entidad el escándalo por las mujeres presas por abortar, uno de los eventos que marcó el agitado sexenio de Juan Manuel Oliva en Guanajuato.

Apenas en mayo pasado cuando se discutían dos iniciativas pro-aborto en el Congreso local, la líder del colectivo Las Libres Verónica Cruz (la misma que hace una década, encabezaba el activismo) ofrecía un panorama muy claro de lo que ha ocurrido en la última década.

Dijo que Las Libres registraron 138 casos de mujeres criminalizadas en el estado cuyos testimonios fueron recuperados aunque en ese caso, pocos casos llegaron a la cárcel.

En un foro legislativo, comentó que fue en 2010 cuando se dio el caso de las nueve mujeres presas que fueron liberadas tras ser acusadas por homicidio en razón de parentesco.

Durante su exposición, Cruz Sánchez dijo que el problema de la criminalización del aborto en Guanajuato no está en la procuración y administración de justicia sino en los hospitales públicos.

Defendió el trabajo de médicos, trabajadoras sociales y enfermeras que no son mayoría los que llaman al Ministerio Público para acusar un presunto caso de aborto sino que son ciertos prestadores de servicios de salud.

Hace tres años, el entonces gobernador Miguel Márquez respiró hondo luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en contra de las Mujeres (Conavim) rechazó declarar alerta de género en Guanajuato,

“Con ley o sin ley las mujeres van a acceder al aborto, pero no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Estado. Sin embargo, nos queda claro que la despenalización social va a ser más rápida para que las leyes restrictivas se eliminen porque ya no van a tener opción”.

A una década de aquel caso polémico, el rechazo en Guanajuato desde el sistema PAN se mantiene aunque el entorno legal ha mejorado. No lo suficiente todavía para el tamaño de los desafíos.