La captura de El Marro
Juventino Rosas, fue ejecutado en tierra por los comandos especiales del Ejército, que tuvieron apoyo con la inteligencia y drones de la Marina, a la que al inicio de esta administración se le había encargado la responsabilidad de acabar con el Cártel de Santa Rosa de Lima. Oficialmente, el gobierno federal reconoció el apoyo del gobierno de Guanajuato –participaron fiscales estatales-, lo que se entiende como un gesto político, aunque no corresponda plenamente con la realidad.
Guanajuato es el estado más violento del país. Rodríguez inició la gubernatura en septiembre de 2018, y desde entonces la seguridad en el estado se ha deteriorado. En el periodo enero-julio de 2019, de acuerdo con la consultoría TResearch, el número de homicidios dolosos en Guanajuato sumaba mil 980, que lo tenían en el lugar número uno de violencia en el país. En el mismo periodo de este año, la cifra se disparó a dos mil 536, con lo cual se separó significativamente de otras entidades que enfrentan el fenómeno de la inseguridad.
La seguridad se le escapó de las manos al gobernador, quien ha rechazado todas las opciones que le han planteado el gobierno federal como alternativas para luchar contra el crimen organizado. Rodríguez ha defendido de una manera inexplicable al fiscal Zamarripa, y al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien para efectos prácticos del combate a criminales, no existe. La defensa del gobernador parece estar más en el ámbito político que en la búsqueda de mejorar la seguridad de los guanajuatenses, lo que ha llevado a una distorsión de la relación con la Federación en esa materia y a una notable falta de cooperación.
Si tan sólo fuera por resultados, los números de homicidios dolosos, serían suficientes para un relevo del gabinete de seguridad, pero lo que ha dicho el gobernador al gobierno federal cada vez que se lo han planteado, es que su equipo está trabajando muy bien. Las estadísticas lo desmienten, pero hay algo adicional, que tiene que ver directamente con el fiscal Zamarripa. El último ejemplo fue cuando el Ejército detuvo a la madre de El Marro en junio pasado, que fue liberada una semana después por falta de elementos para vincularla a proceso.
La molestia en el gobierno federal es que en el momento en que envió Zamarripa el expediente al juez, lo turnó por delitos por los cuales podrían alcanzar la libertad, y presentado de una forma que podían denunciar torturas en el operativo, como finalmente sucedió. Rodríguez y Zamarripa transfirieron de esa forma la responsabilidad de la liberación al Poder Judicial, y resaltaron las fallas del operativo del Ejército.
Casi un mes después de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Guanajuato y sostuvo un encuentro público con Rodríguez, registrado en los medios como un “limar asperezas” y el compromiso para “dejar de echarse culpas”. El acto político no se corresponde con la realidad, porque el gobernador insiste en obstruir el trabajo de las fuerzas federales.
Desde el gobierno federal le han llegado a plantear que si quiere, no cese a sus dos colaboradores, en particular a Zamarripa, sino que los rote y refresque su gabinete de seguridad, pero se ha negado. Le han llegado a proponer que el gobierno federal transfiere a Zamarripa a otro cargo igual en otra entidad para protegerlo, si es lo que le preocupa al gobernador, quien ha prestado oído sordos a cualquier opción que le presenten.
La captura de El Marro le inyectó un poco de oxígeno y le abrió márgenes políticos, pero serán efímeros. La detención no fue producto de su trabajo coordinado con la Federación, sino del que llevan a cabo las fuerzas federales, y que de manera inercial generará reacciones violentas por parte de los subalternos del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima o peor, la toma de control de la plaza por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, con quien luchaba por el negocio derivado del robo de combustible.
El descabezamiento de la banda criminal guanajuatense no llevará a la paz ni al restablecimiento de la seguridad, sino a un repunte en la violencia mientras se reacomodan las fuerzas criminales en el estado. Con las cabezas en seguridad que tiene Rodríguez para enfrentarlo, el pronóstico es negativo para Guanajuato, mientras el gobernador mantenga su lógica de protección y encubrimiento de sus funcionarios y siga en la negación del fracaso de sus estrategias de seguridad. Su mejor opción sería trabajar coordinadamente con el gobierno federal, pero el gobernador está enredado en la terquedad, aunque Guanajuato esté en llamas.