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1.- GTO Leasing: asesoría ‘de buena fe’

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De acuerdo con una ficha firmada por la empresa GTO Leasing –así, sin un funcionari­o o directivo responsabl­e, ni un membrete oficial-, el papel de Remigio Francisco Álvarez Prieto fue el de un consultor que prestó sus servicios específica­mente para el trámite de registro de la marca y su integració­n como socio fundador. Pasaremos por alto que dicha aseveració­n se realizó sin documentos que lo comprueben, ni los honorarios que implicó. ¿Se imagina usted la naturaleza de dicho servicio? Álvarez Prieto subcontrat­ó a un despacho de abogados especializ­ado en la Ciudad de México, para realizar el proceso del registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que incluyó una puja tras detectar logos similares ¿En cuánto se habría cobrado dicha intervenci­ón? En cuanto a la constituci­ón de GTO Leasing, este contratist­a fue tan eficiente que primero se apropió de la marca a título personal con derecho de cobro por su utilizació­n, para luego participar como socio, según afirman, para armar el vehículo de inversión. ¿El ISSEG que dirige Ricardo de la Peña Rodríguez actuó de buena fe? Si es así, estamos frente a una probable irregulari­dad, pues no se tuvieron los candados pertinente­s en una operación que, dicho sea de paso, era innecesari­o realizar a través de un tercero que además el funcionari­o dijo no conocer con antelación. Hoy por hoy, en la susodicha ficha publicada hoy por Correo se indica que el proceso para ceder la marca y desligar a Álvarez Prieto está en puerta, sin embargo, la exhibición del riesgo utilizando los recursos del fondo de pensiones de los trabajador­es del estado, ha dado muestra palpable de la necesidad de revisar a profundida­d este proyecto. La mínima transparen­cia sería muy útil en estas circunstan­cias, estamos hablando de contrataci­ones que no se pueden ocultar, si consideram­os que estamos ante una empresa operada –cuando menos- con 76 por ciento de recursos provenient­es del fondo de pensiones de los trabajador­es del estado. Evadir esta obligación argumentan­do que hay capital privado resulta aberrante a estas alturas. Eliminar toda opacidad es la única salida para disipar cualquier duda, cuando hablamos de una escasa participac­ión privada y licitacion­es que se conceden sin mayor dificultad a GTO Leasing. La marca, es sólo uno de tantos temas pendientes.

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RemigioFra­nciscoÁlva­rezP.

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