‘Sí hay responsabilidad de empleados en estafa’
En abril se denunció que el Municipio había sido defraudado por falsos funcionarios federales
Aunque aún está en proceso la investigación por el presunto fraude al Municipio por 600 mil pesos y que fue realizado por falsos funcionarios federales del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), hasta el momento se ha acreditado que sí hay responsabilidad de empleados municipales.
El regidor de Morena y presidente de la Comisión de Contraloría en el Ayuntamiento, José Agustín Gaspar Aguado informó que la investigación la lleva la Contraloría Municipal, dependencia que les informó este martes los avances que se tienen y, aunque no se pueden revelar detalles, sí se han detectado inconsistencias.
“Fue hace dos meses (el presunto fraude); esperemos que pongan la celeridad necesaria en el caso. Dentro de los avances es que sí se demuestran algunas inconsistencias que se están revisando (...) de parte de los funcionarios que aceptaron la donación”, dijo.
El pasado 25 de abril, la tesorera municipal Lourdes Herrera y el director Jurídico, Jorge Ramírez Montoya, informaron que el Municipio fue defraudado por falsos empleados de la dependencia del gobierno federal.
Señalaron que en marzo les hicieron llegar un escrito a la Secretaría Particular que prometía la entrega de vehículos y otros artículos a cambio de una serie de trámites, entre ellos depósitos a una cuenta.
El seguimiento a la supuesta donación de vehículos y otros artículos lo hizo la Tesorería, que fue la dependencia encargada de depositar el dinero y seguir la tramitología requerida.
Cuando los empleados municipales acudieron a recoger lo donado se percataron que todo fue mentira y denunciaron el fraude ante la Fiscalía General del Estado.
El alcalde Javier Mendoza informó que el fraude fue por 600 mil pesos y hasta el momento el dinero está retenido en la cuenta.
Mendoza señaló en mayo pasado, que la Contraloría municipal está realizando una investigación al respecto y, dependiendo de los resultados, se determinará si se fincan responsabilidades contra los servidores públicos que fueron víctimas del timo.
Gaspar Aguado señaló que las inconsistencias detectadas son en varias áreas, pues fue todo un proceso desde que llegó el oficio y de ahí se pasó a otras direcciones.